El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles un nuevo toque de queda para los primeros 10 días de noviembre que se realizará en las provincias de la Costa para combatir la inseguridad en el país.
Noboa informó este 14 de octubre que su gobierno llevará a cabo nuevas operaciones especiales con toque de queda, recapitulando lo que su gobierno ya había hecho anteriormente.
"Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la Costa", dijo Noboa durante una entrevista con la radio local radio Centro, de la ciudad andina de Ambato.
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Las provincias de la costa ecuatoriana están integradas por siete: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas.
El mandatario ecuatoriano continuó indicando que durante operaciones pasadas se capturaron a cabecillas de carteles de la droga internacionales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG, Cartel de Sinaloa, la Mafia Albanesa, etc. Y además informó que durante septiembre su gobierno incautó tan solo 8 toneladas de droga, afectando con 400 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales.
Según Noboa, las medidas anteriores redujeron los delitos en un 40 %, y además se ha visto una reducción significativa de los homicidios y las extorsiones, y se ha debilitando las economías criminales, estos resultados los dio el presidente poniendo como ejemplo el anterior toque de queda del 17 al 30 de septiembre pasado. Dicho toque de queda se dio en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, provincia fronteriza con Perú.
"Hubo 40 % menos de delitos, hubo también las semanas de más bajos homicidios en el año: la semana 39, 40, 41 y esta semana con 146, 127, 122 y 111 homicidios respectivamente", señaló.
Sin embargo, el jefe del ejecutivo reconoció que para ganar la guerra al narcotráfico debe haber una reconstrucción del tejido social y planificación a mediano y largo plazo, y puede llevar varios años lograrlo.
"A Colombia le tomó más de 15 años retomar la paz y en el último gobierno de [Gustavo] Petro le tomó cuatro años destruirla", comentó. "También tiene que haber una reconstrucción del tejido social, no solo entrar a a agarrar presos o a dar balas de algún lado: sino mejorar parques, mejorar instituciones educativas, ayudar también a jóvenes para que no caigan en su desesperación o en su falta de recursos en el crimen organizado".
El 17 de septiembre se declaró el tercer estado de excepción en lo que va del año, que, al igual que los anteriores, restringe por 60 días algunas libertades fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ese último estado de excepción abarcó las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El pasado 23 de septiembre, ante la Organización de Naciones Unidas, el mandatario ecuatoriano calificó como "inadmisible" que las organizaciones criminales lograran cooperar mejor entre ellas que los Estados.
Por ello planteó: un mecanismo internacional, en el marco de la ONU, para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos del crimen organizado transnacional.
En segundo lugar, Noboa instó por una "plataforma permanente de intercambio información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera que permita a los estados anticiparse en lugar de reaccionar".
Y como tercer lugar, el presidente ecuatoriano pidió que la iniciativa ONU 80 —un plan de reforma que busca modernizar y hacer más eficiente el sistema de la ONU— incorpore el crimen organizado transnacional como una prioridad de prevención de conflictos "y dote la organización de la capacidad para apoyar a los estados que lo soliciten".
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que ahora denomina como terroristas.
Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en el país, al contabilizarse en torno a los 9300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.
Con información de EFE.
