La administración Trump retiró la demanda que interpuso para obligar a California a anular las boletas de voto por correo emitidas por aproximadamente 20,000 personas, tras sospechar que no eran ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó su desestimación voluntaria el 6 de noviembre, cuatro días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara su apelación de emergencia para impedir que se contaran las boletas en disputa hasta que se pudiera verificar la ciudadanía de los votantes.
En su escrito de desestimación, el Departamento de Justicia explicó que la medida cautelar solicitada ya no estaría disponible porque, para la audiencia programada para el 13 de noviembre, todas las boletas impugnadas habrían sido procesadas y se les habría eliminado cualquier información de identificación.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
"California ya habrá mezclado las boletas impugnadas con las válidas", escribieron los abogados del gobierno. "Por lo tanto, no hay manera de separar las boletas impugnadas".
Las cortes rechazaron la intervención de emergencia
La demanda, presentada el 15 de octubre, surgió a raíz de las exigencias federales de que California y el condado de Los Ángeles revisaran una lista de personas que parecen estar registradas ilegalmente para votar y retuvieran sus votos del recuento hasta que se verificara su ciudadanía.Las autoridades de California cuestionaron la fiabilidad de la lista, sosteniendo que incluía a votantes elegibles.
El 28 de octubre, el juez federal David O. Carter denegó la solicitud del gobierno de una orden de restricción temporal. Advirtió que modificar los procedimientos de procesamiento de boletas tan cerca del día de las elecciones podría perturbar el proceso electoral e impedir que se contaran los votos de los ciudadanos elegibles.
Posteriormente, Carter programó la audiencia del 13 de noviembre para examinar más a fondo las pruebas del gobierno, incluida la revisión de la lista de votantes en disputa por parte de un perito especial designado por la corte.
El fiscal general de California, Rob Bonta, criticó el retiro de la demanda, calificándola de intento de evitar la revisión.
Disputa sobre la autoridad federal
El 30 de octubre, un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó la medida cautelar de emergencia, con una mayoría de 2 a 1 que concluyó que el gobierno carecía de autoridad para dictar cómo los funcionarios estatales debían procesar las boletas impugnadas.
"Nada en la letra [de la ley federal que penaliza el voto de los no ciudadanos] prescribe un proceso que California deba seguir al tramitar las boletas impugnadas", escribió la mayoría.
El juez Patrick Bumatay discrepó, argumentando que las cortes deberían intervenir cuando las elecciones estatales vulneran la ley federal.
"Deberíamos haber concedido al menos al gobierno federal un alivio temporal y limitado, diseñado para salvaguardar las elecciones", escribió.
Desafío pendiente en Alaska
El caso de California fue uno de los varios litigios relacionados con las elecciones que el Departamento de Justicia interpuso antes de las elecciones de mitad de mandato.En Alaska, el departamento intentó detener la certificación de la contienda por el Senado para investigar una posible confusión entre los votantes, en medio de acusaciones de los republicanos y de un reciente reportaje del New York Times de que la campaña de la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, habría impulsado a un candidato espantapájaros —Daniel J. Sullivan Jr., sin afiliación partidaria— en la contienda para desviar votos al senador republicano en funciones, Dan Sullivan.
La campaña de Peltola ha negado su implicación en la presunta trama.
La jueza federal Sharon Gleason desestimó la demanda el 1 de noviembre, al considerar, entre otros problemas, que el gobierno no había ofrecido una forma viable de investigar las boletas respetando el secreto del voto.
El Departamento de Justicia presentó un recurso de apelación poco después de ese fallo.
