Un juez federal denegó la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para obligar a California a retener unas 20,000 papeletas de voto por correo que el DOJ había señalado como potencialmente enviadas a personas que no son ciudadanos.
La resolución dictada a última hora del 28 de octubre por el juez federal de distrito David O. Carter permitió que las papeletas se contaran en las elecciones parlamentarias de mitad de legislatura del 3 de noviembre.
A principios de este mes, el DOJ solicitó a Carter que retuviera las papeletas por correo para las elecciones del 3 de noviembre de más de 20,000 personas de las que sospecha que son no ciudadanos. El DOJ dijo que California no había cumplido el plazo para completar una revisión de los presuntos no ciudadanos, algunos de los cuales, según el departamento, habían enviado sus papeletas por correo.
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En lugar de esperar a que se dictara una resolución sobre el fondo del asunto, el departamento presentó la semana pasada una solicitud de urgencia ante la Corte de Apelación de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, pidiéndole que impidiera a California contar las papeletas. El 26 de octubre, una corte compuesto por tres jueces de dicha corte dictaminó por 2 a 1 que carecía de competencia para pronunciarse sobre el asunto, ya que Carter aún no había emitido su fallo en el caso.
En una vista celebrada el 27 de octubre, Carter manifestó su preocupación por que la solicitud del Departamento de Justicia de retener temporalmente las papeletas hasta que se verificara la ciudadanía de los votantes pudiera privar del derecho al voto y confundir a los votantes legítimos, señalando que suponía un "cambio monumental" en los procedimientos electorales que aplicar mientras la votación ya estaba en marcha.
En la nueva resolución, Carter desestimó la solicitud del Departamento de Justicia de una orden de restricción temporal, calificándola de extralimitación federal sin precedentes en vísperas de unas elecciones.
"Este caso trata sobre el derecho de todo ciudadano estadounidense a votar en unas elecciones libres y justas", dijo.
"Nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en vísperas de unas elecciones, había intentado coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se plegara a la voluntad del Poder Ejecutivo", declaró Carter.
La solicitud "de última hora" va en contra de principios constitucionales arraigados que otorgan a los estados el control sobre las elecciones y, de concederse, "cualquiera de los partidos podría provocar el caos con fines políticos propios para entorpecer el proceso electoral".
Carter dijo que aceptar la solicitud podría provocar que más de 20,000 californianos inscritos perdieran el derecho al voto.
Al denegar la solicitud del gobierno federal de una orden de alejamiento temporal mientras se resuelve el litigio, Carter señaló que el Departamento de Justicia no había demostrado que tuviera probabilidades de prosperar en cuanto al fondo.
Esta es una noticia en desarrollo que se irá actualizando.
