Una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bloqueada temporalmente, otorgaría al gobierno federal mayor supervisión sobre los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, al tiempo que les dificultaría permanecer en el país.
El DHS ha señalado que se necesita una mayor supervisión de los estudiantes extranjeros, citando preocupaciones de seguridad nacional. Las universidades afirmaron que, bajo esta norma, los estudiantes internacionales se mostrarían reacios a venir a Estados Unidos, sin saber con certeza si se les permitiría completar sus estudios.
El 14 de septiembre, un juez federal suspendió la implementación de la norma mientras se resuelve un recurso judicial, afirmando que el argumento del gobierno federal de que era necesaria para salvaguardar la seguridad nacional "rayaba en lo absurdo".
Esto es lo que hay que saber sobre la norma y la controversia que la rodea.
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Nueva norma
En términos generales, la norma limita la estancia de los estudiantes con visas F-1 a cuatro años, tras los cuales deben solicitar autorización federal para permanecer más tiempo.El DHS afirma que el cambio es necesario porque las medidas de seguridad existentes no han sido suficientes para prevenir el fraude, el abuso y las amenazas a la seguridad nacional, incluido el riesgo de espionaje extranjero en las universidades estadounidenses.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, en 2024 había casi 1.6 millones de registros activos de estudiantes internacionales con visas F-1 y M-1. La visa F-1, la clasificación de estudiante más común, abarca a los estudiantes internacionales que asisten a instituciones académicas que van desde escuelas y programas de idiomas hasta institutos y universidades.
Bajo el sistema anterior, a la mayoría de los estudiantes con visa F-1 se les admitía por la "duración del estatus", lo que significa que no había una fecha de vencimiento específica vinculada a su admisión.
Siempre y cuando permanecieran debidamente matriculados, avanzaran normalmente hacia la obtención de su título y cumplieran con las normas de la categoría F-1, podían permanecer en el país mientras completaban su programa. Si un estudiante internacional no completaba el programa dentro del plazo estimado, un funcionario de la institución educativa podía aprobar una prórroga.
Bajo el nuevo sistema, los estudiantes que necesiten permanecer más allá de su período autorizado deberán solicitar la aprobación al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).
Eso no significa que deban terminar sus estudios en cuatro años. Si un doctorado toma cinco o seis años, por ejemplo, el estudiante puede continuar, pero necesitaría una autorización federal adicional para permanecer más allá de la fecha de vencimiento. Por lo general, eso implica presentar una solicitud de extensión de estancia ante el USCIS.
La decisión de otorgar o denegar una extensión quedaría totalmente a discreción de un funcionario de inmigración. La decisión final no podría ser apelada.
Juez bloquea la norma
El juez federal de distrito F. Dennis Saylor IV bloqueó la implementación de la norma el 14 de septiembre.Saylor señaló que el DHS no proporcionó ninguna explicación sobre cómo la nueva norma disuadiría futuros actos de sabotaje o espionaje.
Saylor indicó que el DHS respondió que no estaba de acuerdo con eso y que había proporcionado ejemplos específicos de preocupaciones de seguridad nacional.
El DHS calificó de "conjeturas" las preocupaciones de que la nueva norma provocaría una disminución en la matrícula. También objetó que los ejemplos que presentó sobre titulares de visas que representaban riesgos de seguridad fueran "meras ‘anécdotas’".
"Son una muestra de brechas de seguridad sistemáticas en los programas relevantes de visas de no inmigrante que representan riesgos sustanciales para Estados Unidos", afirmó el DHS en su escrito.
El juez señaló que el interés público favorecía una orden judicial contra la norma del DHS.
Mencionó un estudio que afirmaba que los estudiantes internacionales aportaban 44 mil millones de dólares a la economía y que muchos estudiantes de medicina con visas se desempeñan como médicos residentes en Estados Unidos, concluyendo que "desempeñan un papel fundamental en la infraestructura de salud de EE. UU.".
Una coalición de grupos de educación superior y sindicatos demandó al DHS para bloquear la norma.
Seguridad nacional, preocupaciones académicas
Los profesores universitarios afirman que los trámites y la burocracia adicional desalentarán a los estudiantes internacionales a asistir a las universidades estadounidenses.“La verdadera pregunta es si la prórroga será fácil de obtener para los estudiantes legítimos o si veremos que a algunos estudiantes se les niega y se les pide que salgan del país sin un título”, dijo Andreas Karch, profesor de física en la Universidad de Texas en Austin, en un correo electrónico a The Epoch Times.
"Si esto ocurre, nuestro grupo de solicitantes internacionales se derrumbaría", agregó Karch, señalando el riesgo que enfrentarían los estudiantes de no recibir una prórroga.
Los estudiantes extranjeros ya son monitoreados a través del Sistema de Información sobre Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), una base de datos federal que exige a las instituciones educativas reportar información sobre su matrícula y su estatus migratorio.
La organización sin fines de lucro NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales afirmó que la norma del DHS era "una solución en busca de un problema".
“El SEVIS y la colaboración entre las instituciones y el gobierno federal ya ofrecen un sistema riguroso y altamente efectivo de supervisión, cumplimiento y rendición de cuentas”, señaló el grupo en un comunicado de julio.
El DHS señaló que el SEVIS se basa en la información proporcionada por las universidades y los patrocinadores de los programas, y que las mejoras al SEVIS no han sido suficientes para prevenir el fraude, el abuso y los problemas de seguridad nacional.
El DHS declaró en la nueva norma: "Un entorno educativo abierto en Estados Unidos ofrece beneficios, pero también pone a las universidades de investigación y a la nación en riesgo de espionaje económico, académico o militar por parte de estudiantes extranjeros. Los adversarios extranjeros están utilizando métodos cada vez más sofisticados e ingeniosos para explotar el entorno educativo de EE. UU., incluyendo casos bien documentados de espionaje a través del programa de estudiantes".
En mayo de 2025, el DHS intentó revocar la certificación de la Universidad de Harvard bajo el SEVIS. La medida habría impedido que Harvard matriculara a nuevos estudiantes internacionales con estatus F o J y podría haber obligado a los estudiantes actuales a cambiarse de universidad o a arriesgarse a perder su estatus legal.
Harvard presentó una demanda, argumentando que la medida era ilegal y constituyó una represalia, y un juez federal la bloqueó. Una directiva posterior también fue bloqueada.
Un informe de 2022 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) reveló que el SEVIS contaba con información incompleta sobre el empleo de algunos estudiantes extranjeros, especialmente de aquellos que participaban en la capacitación práctica opcional.
La GAO señaló que esto era relevante porque la información laboral puede indicar qué estudiantes podrían tener acceso a tecnología sensible y ayudar al gobierno a evaluar los riesgos de transferencia de tecnología. La GAO mencionó específicamente a los estudiantes de posgrado provenientes de países de interés, como China.
El DHS señaló que, si bien el informe de la GAO dio lugar a cambios, estos no fueron suficientes para prevenir problemas como el fraude, el abuso y las amenazas a la seguridad nacional.
En octubre de 2024, el FBI acusó a cinco ciudadanos chinos que estudiaban en la Universidad de Michigan de conspiración, declaraciones falsas y destrucción o alteración de registros relacionados con un incidente ocurrido en 2023 en Camp Grayling. Se acusa a estas cinco personas de tomar fotos de equipo militar en Camp Grayling.
En junio de 2020, tres ciudadanos chinos fueron condenados a penas de prisión por fotografiar ilegalmente instalaciones militares en la Estación Aérea Naval de EE. UU. en Cayo Hueso, Florida. Dos de los detenidos eran estudiantes con visa F-1 y uno era un visitante de intercambio con visa J-1.
