El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua informó el 8 de noviembre sobre la excarcelación de 2000 presos, quienes pasarán a cumplir su condena fuera de prisión bajo el régimen de convivencia familiar.
Pese a las recientes exigencias de la Organización de los Estados Americanos, no se mencionó la liberación de presos políticos.
Los presos seleccionados, 1862 hombres y 138 mujeres, ingresan al régimen de convivencia familiar "por buena conducta, para una nueva oportunidad de trabajar en sus hogares y familias por el Bien Común", dijo la copresidenta Murillo en su comunicación cotidiana del 30 de octubre, según El 19 Digital, al anunciar anticipadamente el traslado.
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Los beneficiados estaban detenidos en ocho centros penitenciarios: 802 en el Jorge Navarro, Tipitapa; 293 en Matagalpa; 254 en Granada; 170 en León; 169 en Chinandega; 134 en Juigalpa; 126 en Estelí y 52 en Bluefields.
Con esta excarcelación la cifra de "presos comunes" beneficiados por este plan aumentó a 9900 en Nicaragua en lo que va del año, de acuerdo a registros obtenidos por la Agencia EFE. En septiembre pasado fueron excarcelados 1500 presos, coincidiendo con las Fiestas Patrias; el 17 de julio y el 30 de mayo, otros 2000 en cada fecha. A ello se suman 1200 liberados el 1 de abril y otros 1200 el 2 de febrero.
Sin embargo, la OEA había pedido el 2 de octubre al régimen de Ortega-Murillo “la liberación incondicional de todos los presos políticos y la divulgación del paradero y el estado de las personas sometidas a desaparición forzada”.
La Organización aprobó en esa fecha una resolución en la que reclamó elecciones libres, justas e inclusivas y "medidas inmediatas, concretas y verificables" de parte de las autoridades nicaragüenses, incluyendo “la restitución de la nacionalidad" de los disidentes políticos privados arbitrariamente de sus derechos a ella.
Murillo no respondió expresamente a estas exigencias. Sin embargo, el 5 de octubre anunció la retirada de Nicaragua del Parlamento Centroamericano, argumentando que el organismo no había cumplido sus objetivos en beneficio de los pueblos de la región.
Manifestantes de la oposición nicaragüense participan en una marcha nacional denominada "Unidos somos un volcán" en Managua el 12 de julio de 2018. (Inti OCON / AFP vía Getty Images)La resolución de la OEA llegó un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas advirtieran que en Nicaragua persisten las denuncias de “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes ocurridas bajo custodia del Estado, confiscaciones de bienes, privación arbitraria de la nacionalidad y represión transnacional”.
“Las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos y por tanto los elementos esenciales de la democracia son inexistentes”, señalaron ambos organismos.
La crisis actual política y de derechos humanos de Nicaragua se remonta a abril de 2018, cuando las protestas contra una reforma del sistema de seguridad social desembocaron en manifestaciones en el país contra el Gobierno.
En octubre de ese año, la CIDH contabilizó 325 personas fallecidas desde el inicio de las protestas –entre ellas 21 policías y 24 menores de edad– en medio del uso excesivo de la fuerza y la persecución de manifestantes y opositores, según la OEA.
Un manifestante de la oposición nicaragüense sostiene una bandera nacional durante una marcha nacional llamada "Unidos somos un volcán" en Managua el 12 de julio de 2018. (INTI OCON/AFP vía Getty Images)La persecución de opositores continuó durante los años siguientes. El 9 de febrero de 2023 el Gobierno nicaragüense liberó a 222 presos políticos, entre ellos periodistas, estudiantes, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil, que fueron trasladados a Estados Unidos, informó el Departamento de Estado de EE. UU. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses los despojaron de su nacionalidad, según la denuncia.
Al menos 72 presos políticos
La Asociación Memoria y Justicia (AMJ) denunció ante la ONU en octubre el registro de 72 personas privadas de libertad por motivos políticos, de las cuales 33 se encontrarían en situación de desaparición forzada. En su informe figuran 56 hombres y 16 mujeres, incluidas dos menores de edad. También se contabilizan 16 personas mayores de 60 años.Unos 20 presos políticos son de la Costa Caribe. Entre ellos ocho guardabosques que vigilaban el territorio Mayangna Sauni As en la Reserva de la Biosfera de Bosawás para prevenir la tala ilegal, la ocupación de tierras por colonos armados, la extracción no autorizada de recursos y la contaminación de ríos relacionada con las actividades mineras.
Otros seis cuentan con identidades públicas. Entre ellos Argüello Celso Lino, que ejercía como juez comunal de Suniwás y profesor; Ignacio Celso Lino, síndico comunal y responsable de administrar las tierras colectivas; Valeriano Antolín Eheets Flores, quien desempeñaba funciones de dirigencia comunitaria; y Steadman Fagot Müller, reconocido por su trayectoria como dirigente indígena.
De la Costa Caribe también se documentan siete detenciones relacionadas con los acontecimientos posteriores a la muerte bajo custodia del dirigente indígena Brooklyn Rivera Bryan, ocurrida el 30 de mayo de 2026.
Entre 1952 y 2026, Rivera fue diputado de la Asamblea Nacional, presidente del partido indígena YATAMA y uno de los principales defensores de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. Después de participar en un Foro Indígena en la ONU, en Nueva York, en mayo de 2023 le impidieron regresar al país, al que finalmente volvió de forma clandestina. Fue detenido el 29 de septiembre del mismo año en su vivienda de Bilwi, de acuerdo al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Dos indígenas miskitos observan cerca de un letrero del partido indígena Yatama en las calles de Puerto Cabezas, en el norte de Nicaragua. (RODRIGO ARANGUA/AFP vía Getty Images)La CIDH recogió en su Informe Anual 2025 que el Gobierno nicaragüense otorgó entre 2023 y 2025 más de 20 concesiones mineras a empresas chinas en 250,000 hectáreas, incluidas zonas de la Costa Caribe Norte, sin cumplir con la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas. El organismo también documentó denuncias de la Fundación del Río, de criminalización de dirigentes y guardabosques indígenas y detenciones que afectan a miembros de esas comunidades.
Estados Unidos presiona a Nicaragua
Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en Venezuela el 3 de enero de 2026, la organización nicaragüense de derechos humanos Monitoreo Azul y Blanco denunció, según EFE, la detención arbitraria de al menos 60 personas por expresar su apoyo a la operación, mediante comentarios en redes sociales o en celebraciones privadaEl 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, como un gesto para consolidar la paz en el país.
Al día siguiente, el 9 de enero, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua publicó en X un mensaje en el que, tras destacar la liberación de presos políticos en Venezuela, reclamó la excarcelación de los detenidos por motivos políticos en Nicaragua:
“Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!”.
El 10 de enero, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua publicó en la red social una lista preliminar de 19 personas excarceladas, identificadas como presas políticas tras verificar la información con sus familiares.
La lista incluye líderes indígenas, guardabosques, opositores y trabajadores del Estado, así como “decenas de personas detenidas de forma arbitraria desde la madrugada del 3 de enero, cuando fue capturado Nicolás Maduro”, agregó la organización.
Tras permanecer casi seis meses incomunicados, el pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, fundador de la Asociación Iglesia La Roca de Nicaragua, y cinco de sus familiares y allegados, fueron beneficiados con la medida, sin embargo, ninguno recuperó la libertad sin restricciones, informó Christian Solidarity Worldwide (CSW).
CSW también informó que Mauricio Alonso Petri, activista político y padre de uno de los excarcelados, falleció bajo custodia estatal en agosto de 2025, tras haber sido detenido junto con el grupo en julio de ese año.
