Diez países, incluidos Estados Unidos y Canadá, constituyen el grupo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que negociará con Nicaragua, según lo establecido en la reunión del 2 de octubre de la misma organización, en la que se analizaron medidas contra el país centroamericano después de que se aprobara una reforma constitucional que excluye a la oposición de participar en las elecciones.
Además de las dos naciones norteamericanas, el Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua también está integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay y Perú, de acuerdo con un comunicado de la OEA del 3 de noviembre.
“La participación en el Grupo es voluntaria y permanece abierta a todos los Estados miembros de la OEA”, expresa el documento.
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No obstante, el organismo detalla que se está procurando que todas las regiones del hemisferio tengan una presencia justa y equitativa para que ningún sector predomine, además de que el grupo cuenta con el respaldo de la Secretaría General de la OEA para facilitar el proceso.
Este grupo es parte de la resolución aprobada por unanimidad el pasado 2 de octubre durante la reunión extraordinaria de cancilleres en Washington. Asimismo, en el documento se insta a Nicaragua a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos, devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, entre otras acciones.
Sin embargo, el documento no incluye sanciones concretas contra el régimen sandinista, el cuál se retiró oficialmente de la OEA en 2023, luego de notificar al organismo su intención de abandonar la organización desde 2021. No obstante, el grupo deberá formular recomendaciones que incluyan posibles acciones diplomáticas y jurídicas concretas.
En la resolución, los Estados miembros expresan una “profunda preocupación” por distintos hechos en Nicaragua que atentan contra los derechos humanos, tales como “el continuo desmantelamiento de la democracia representativa, la existencia de un sistema de represión sistemática impuesta por el Estado, las detenciones arbitrarias, así como las desapariciones forzadas”.
Denuncian además “el uso frecuente y autorizado por el Gobierno de la tortura; la desnacionalización, el exilio forzoso y la conversión de personas en apátridas, la confiscación de bienes, la opresión de la libertad religiosa, de los medios de comunicación independientes”, así como la represión a disidentes en el extranjero, entre otras violaciones a los derechos fundamentales.
Aunque Nicaragua se ha mantenido durante años en el radar de las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, el país acaparó los titulares antes de la reforma constitucional tras una declaración de Ortega en la que señalaba que no volverían a celebrar elecciones. Ante esto, si bien la "copresidenta" Murillo salió al paso ante los medios para matizar las palabras de su esposo —asegurando que se refería a rechazar comicios influenciados por Estados Unidos—, las reacciones de condena no tardaron en multiplicarse.
En este contexto, el régimen sandinista oficializó el 1 de septiembre la aprobación unánime de una profunda reforma constitucional en la Asamblea Nacional la cual fue publicada al día siguiente en La Gaceta.
En dicha reforma se modificó el sistema electoral y se ampliaron a siete años los periodos de todos los cargos de elección popular —una disposición que también alcanza a los funcionarios en ejercicio—, además de que se ajustaron los mandatos del Ejército y la Policía. El cambio legal establece restricciones para acceder a cargos públicos y de elección popular a quienes sean calificados como "traidores a la patria" o promotores de sanciones extranjeras, entre otros supuestos, blindando así el control del poder ejecutivo.
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