Debido al reciente rechazo del régimen de Nicaragua a la embajadora de EE. UU. Natasha Franceschi, el Departamento de Estado de EE. UU. informó que retirará temporalmente a su encargado de negocios, Elias Baumann.
“Por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para sostener consultas críticas tras la negativa de Rosario Murillo y Daniel Ortega de otorgar el plácet a Natasha Franceschi como embajadora de EE. UU. en Nicaragua”, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Thomas "Tommy" Pigott, según un comunicado publicado el 13 de octubre.
Pigott agregó que el rechazo del régimen nicaragüense a la designación de Franceschi como embajadora “demuestra su absoluta falta de voluntad para participar en un diálogo diplomático productivo”.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
El Departamento de Estado sostiene que en las relaciones internacionales es de suma importancia mantener abiertos los canales diplomáticos. Agregó que el rechazo a Franceschi, “una diplomática de carrera sénior altamente calificada, evidencia la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a expensas del pueblo nicaragüense”.
Franceschi fue nominada por el presidente Trump a inicios de agosto y confirmada a finales de septiembre por el Senado de EE. UU.
Antes de ser confirmada, Franceschi compareció el 24 de septiembre ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En su testimonio declaró que “el status quo en Nicaragua es intolerable para su pueblo, sus vecinos y Estados Unidos”.
La funcionaria aseguró que, de ser confirmada, trabajaría estrechamente con el Senado para “promover los intereses de los Estados Unidos en Nicaragua y respaldar el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país”.
Explicó que, en línea con los objetivos del presidente Trump en el hemisferio occidental, Nicaragua necesita proteger a los ciudadanos estadounidenses y los intereses comerciales de esa nación, detener la inmigración ilegal, interrumpir y disuadir las alianzas de sus adversarios, y poner fin a la crisis de los derechos humanos y la libertad religiosa.
Declaró que, de ser confirmada como embajadora, ejercería presión diplomática para alcanzar una solución en Nicaragua alineada con los intereses de Estados Unidos. Asimismo, enfatizó que le haría saber al régimen sandinista que el gobierno de Trump “no tolerará amenazas y abusos, incluida la confiscación de propiedades y activos propiedad de estadounidenses y la represión contra los cristianos, en particular la Iglesia católica y sus feligreses”.
Entre otras acciones, la funcionaria destacó que trabajaría con los distintos agentes que estén comprometidos con el gobierno estadounidense “para garantizar que Nicaragua no pueda desafiar a un hemisferio occidental más fuerte, seguro, próspero y libre”.
El rechazo a la embajadora estadounidense se dio a conocer por primera vez por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, durante su discurso en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocada para analizar la situación en Nicaragua, después de que Ortega declarara que en el país no se celebrarían más elecciones y en medio de una controvertida reforma constitucional que, entre otras medidas, eliminaría a la oposición de la competencia electoral.
El 2 de octubre, la OEA aprobó una resolución que exige al gobierno de Nicaragua la restitución inmediata de la democracia, el restablecimiento de las libertades fundamentales y la liberación incondicional de todos los presos políticos. El documento también demanda aclarar el paradero de los desaparecidos, devolver la nacionalidad a los ciudadanos afectados y garantizar el retorno seguro de los exiliados para abrir el camino hacia unas elecciones libres y justas.
Para asegurar el cumplimiento de estas exigencias, el organismo conformará un Grupo Ministerial de Seguimiento que iniciará operaciones en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la resolución. Este equipo especial buscará entablar un diálogo directo tanto con el gobierno nicaragüense como con la oposición y la sociedad civil, y contará con un plazo de 60 días para proponer acciones diplomáticas y legales concretas orientadas a resolver la crisis institucional en el país.
Siga a Estela Hernández en X: @HGLauraEstela
