Organizaciones humanitarias denunciaron este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que 16 nicaragüenses con medidas provisionales siguen en prisión por motivos políticos y siete de ellos bajo desaparición forzada en Nicaragua.
La denuncia fue interpuesta ante la Corte IDH durante una audiencia sobre el caso conocido como 'Los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y cuatro indígenas mayangna privados de libertad', ambos respecto de Nicaragua.
Un bloque de organizaciones de derechos humanos advirtieron ante los jueces que el gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene su desacato permanente respecto de las medidas provisionales ordenadas por ese tribunal y que las 16 personas beneficiarias continúan arbitrariamente privadas de libertad, siete de ellas en situación de desaparición forzada.
En sus alegatos, las organizaciones recordaron que la Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos ordenando al Estado liberar de inmediato a las personas detenidas y proteger su vida, integridad y libertad.
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Pese a ello, ninguna ha sido liberada.
Al menos dos personas beneficiarias de medidas provisionales fallecieron bajo custodia estatal, advirtió la representación conjunta de organizaciones integrada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El Estado nicaragüense no se presentó.
Las organizaciones documentaron un patrón de condiciones carcelarias incompatibles con la dignidad humana: celdas selladas y sin ventilación, plagas, iluminación permanente, falta de agua potable y de alimentación adecuada, ausencia de atención médica y aislamiento severo del contacto con familiares y abogados.
Estas condiciones se agravan en el caso de al menos siete personas mayores de edad y con enfermedades crónicas, indicaron.
"El grave riesgo de daño irreparable para las personas beneficiarias no sólo continúa vigente, sino que se ha agravado. Por ello, solicitamos a la Corte mantener las medidas provisionales y ordenar nuevamente al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas beneficiarias, incluyendo aquellas que ya cumplieron las condenas arbitrariamente impuestas, como José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete”, señalaron los denunciantes.
Otra de las preocupaciones expresadas en la audiencia fue la muerte bajo custodia estatal de cuatro presos políticos en los últimos doce meses, la más reciente fue la del líder indígena Brooklyn Rivera.
En la audiencia participaron también la comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas.
Las agrupaciones solicitaron mantener vigentes las medidas provisionales, ordenar nuevamente la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias, exigir prueba de vida con verificación independiente para las personas desaparecidas y reafirmar que Nicaragua permanece en desacato ante la Corte IDH.
También pidieron instar al Consejo Permanente de la OEA y a los Estados Parte de la Convención Americana adoptar todas las medidas a su alcance para que el régimen cumpla lo ordenado.
