El 23 de septiembre, una jueza federal se negó a bloquear los controles de tráfico de la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP) realizados en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que un control respaldado por una causa probable no viola la Cuarta Enmienda, incluso si el objetivo real es la aplicación de la legislación en materia de inmigración.
Tras una vista celebrada el 22 de septiembre, la jueza federal de distrito Aleta Trauger denegó una medida cautelar solicitada por un grupo de defensa. El grupo argumentó que la colaboración entre la policía estatal y los agentes federales —primero en la "Operación Flood the Zone" del año pasado en Nashville y ahora en Memphis— convierte las autopistas en lo que el grupo describió como puestos de control de inmigración de facto, en los que, supuestamente, se persigue a los conductores hispanos. El caso se conoce como "Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee contra la Patrulla de Carreteras de Tennessee".
La demanda de la coalición alega que, durante unos 18 meses, la THP y el ICE trabajan juntos como un equipo, utilizando cada uno las competencias de las que carece el otro. Los agentes de la THP supuestamente detienen a los conductores que creen que pueden ser no ciudadanos, alegando infracciones de tráfico. Los agentes del ICE que viajan con ellos o los siguen de cerca interrogan a esos conductores sobre su situación migratoria y los detienen si encuentran causa probable de una infracción. En resumen, el Estado se encarga de la parada de tráfico; los agentes federales, del interrogatorio sobre inmigración, según alega la demanda.
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Trauger consideró que el grupo tenía legitimación para presentar el recurso, pero que no tenía ninguna posibilidad de ganar basándose en la Cuarta Enmienda debido al caso Whren contra Estados Unidos (1996), que considera irrelevante el motivo oculto de un agente cuando una parada de tráfico es, por lo demás, legal. La Cuarta Enmienda protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno.
El demandante no tiene ninguna posibilidad de éxito en su alegación basada en la Cuarta Enmienda, "incluso si la corte aceptara como cierto que los agentes de la THP, de conformidad con la política, están deteniendo bajo pretexto a conductores no blancos en Memphis con el fin de ayudar a los agentes del ICE a investigar la situación migratoria de dichos conductores", dijo la jueza.
"La jurisprudencia de la Corte Suprema es clara: Una parada de tráfico bajo un pretexto, respaldada por una causa probable para creer que se ha producido una infracción de tráfico, no viola la Cuarta Enmienda, independientemente de la intención subjetiva de los agentes que realizan la detención", dijo Trauger.
La jueza señaló que la segunda alegación constitucional de la coalición era que la THP elegía a quién detener en función de la raza y el origen étnico, lo cual constituye un problema relacionado con la 14.ª Enmienda y no con la 4.ª. La Cláusula de Igualdad de Protección de la 14.ª Enmienda "prohíbe la aplicación selectiva de la ley basada en consideraciones como la raza" y se aplica "incluso antes de que se produzca una detención".
La coalición se basó en los datos de la primera noche de una redada realizada en Nashville en 2025 —en barrios con una población hispana de alrededor del 30 por ciento, pero en los que el 60 por ciento de las personas a las que se detuvo eran hispanas, y el 92 % de los detenidos pertenecían a minorías raciales o étnicas— y en las cifras del "Memphis Safe Task Force", una operación multijurisdiccional, de unas 800 detenciones por motivos de inmigración, la mayoría de las cuales comenzaron con un control de tráfico y solo alrededor del 2 % de las cuales estaban relacionadas con delitos violentos, dijo.
Trauger dijo que las cifras de la redada de Nashville, que ya concluyó, solo guardaban una débil relación con la operación interinstitucional en curso en Memphis y que la demostración de igualdad de protección por parte de la coalición era, en el mejor de los casos, escasa.
La sentencia mantiene las patrullas conjuntas en vigor por el momento, mientras se resuelve el litigio.
The Epoch Times se puso en contacto con la coalición y con la THP para recabar sus comentarios. No se recibió ninguna respuesta antes de la hora de publicación.
