La administración de Trump habló con funcionarios iraníes sobre la deportación de ciudadanos de Irán después de que Estados Unidos entrara en guerra con Irán, según documentos judiciales revelados el 5 de noviembre.
Noah Adams, subdirector adjunto de la división de expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), declaró en una audiencia judicial en octubre que los funcionarios federales han estado en comunicación con Irán desde febrero, según una transcripción desclasificada el 5 de noviembre y publicada por The Associated Press.
La naturaleza de las comunicaciones, dijo, consistía en presentar solicitudes de documentos de viaje y explorar posibles formas de expulsar a ciudadanos iraníes de Estados Unidos.
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Adams también señaló que Estados Unidos proporcionó los nombres de personas de Irán que se encontraban bajo custodia del ICE y que las autoridades estadounidenses buscaban para su deportación.
"Proporcionábamos listas, sí", dijo Adams, y agregó más tarde que no sabía cuántas de esas personas habían solicitado asilo en Estados Unidos.
La guerra contra Irán comenzó a finales de febrero con una campaña de bombardeos contra los líderes iraníes, la infraestructura militar y los sistemas de defensa aérea por parte de Estados Unidos e Israel.
La reciente revelación sorprendió a la jueza Ana Reyes, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, quien supervisaba la audiencia y señaló tanto la guerra en curso como el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que Irán ha matado a decenas de miles de manifestantes.
"Lo que me está diciendo es que Estados Unidos de América va a enviar a personas de regreso a esa región, donde se enfrentarán a lo que usted, yo y cualquiera que analice esto sabría que sería, como mínimo, una grave amenaza de muerte segura", dijo Reyes.
Dimitar Georgiev-Remmel, un abogado del Departamento de Justicia, respondió: "Sí, su señoría. El gobierno está ejecutando órdenes legales de expulsión".
Reyes ordenó a los funcionarios que le informaran en un plazo de 24 horas sobre la finalización de un plan para expulsar a los iraníes de Estados Unidos, incluyendo cualquier plan para enviarlos a terceros países desde donde funcionarios iraníes coordinarían su viaje a Irán.
Los funcionarios de ICE dijeron en una notificación del 23 de octubre, que se hizo pública el 5 de noviembre, que existía un plan "para expulsar a ciertos ciudadanos iraníes" a quienes se les ha ordenado la deportación.
Los abogados de la administración dijeron en otro documento desclasificado que no deseaban revelar detalles operativos de los planes para deportar personas a Irán, pero que la transcripción de la audiencia judicial no incluye dichos detalles, por lo que no se opusieron a la divulgación de ese ni de varios otros expedientes.
El Departamento de Seguridad Nacional, organismo superior de ICE, no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.
Sesenta y seis miembros del Congreso afirmaron en una misiva del 2 de noviembre dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al secretario de Estado, Marco Rubio, que no deberían deportar a afganos a Afganistán ni a iraníes a Irán.
Tras analizar los informes sobre deportaciones inminentes de afganos, el senador Jack Reed (D-R.I.) y los demás legisladores escribieron: "Nos sorprende igualmente recibir informes de que esta administración también podría deportar a varios iraníes —incluidas mujeres, cristianos conversos y activistas prodemocráticos— a Irán, donde se enfrentan a encarcelamiento, tortura y, en algunos casos, a una posible sentencia de muerte.
"Estados Unidos no ha cesado sus operaciones militares contra Irán, y enviar de regreso a una zona de guerra y a un régimen represivo a personas que buscaban protección contra la República Islámica de Irán es inconcebible".
Los documentos y la audiencia judicial forman parte de un caso presentado por el Fondo de Defensa Legal Iraní-Estadounidense. El grupo alegó en su demanda que, en 2025, la administración comenzó a proporcionar a Irán información confidencial de los expedientes de inmigración de ciudadanos iraníes que solicitaban asilo en Estados Unidos, entre ellos manifestantes a favor de la democracia y cristianos. El grupo solicitó a la corte que declarara ilegal dicha política y la anulara.
Al menos tres vuelos de deportación han llevado a más de 100 ciudadanos iraníes a Irán, según informes de prensa citados por el grupo, que también solicitó una orden que impida la deportación de todos los iraníes detenidos por el ICE.
Funcionarios estadounidenses le dijeron a la corte que el gobierno no ha proporcionado a Irán información confidencial sobre los solicitantes de asilo iraníes. También afirmaron que la corte no tiene la facultad de bloquear las órdenes de deportación.
En una moción para anular la orden judicial que exige la notificación previa a la deportación —o a la finalización de los planes de deportación— de iraníes, los abogados de la administración afirmaron que la orden era improcedente, en parte porque el grupo legal iraní carece de legitimación para demandar.
"Dada la conclusión de la corte de que no existe una política de compartir información protegida sobre el asilo, una orden que anule una política inexistente equivaldría a una opinión consultiva", afirma la moción, haciendo referencia a los comentarios de la juez durante la audiencia reciente.
"En definitiva, el demandante carece de legitimación según el Artículo III y la corte no tiene competencia en la materia para otorgar ninguna medida de protección, incluida la orden en cuestión".
Se le ordenó al grupo legal que presente una respuesta a la moción, si así lo desea, a más tardar el 11 de noviembre.
