Las autoridades penitenciarias de California no protegieron a las reclusas del abuso y acoso sexual por parte del personal en dos prisiones estatales, con casos de conducta indebida que se remontan al año 2000 y continúan hasta la actualidad, informó el jueves el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
El departamento afirmó que tiene motivos razonables para creer que el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR) y dos prisiones para mujeres están violando los derechos constitucionales de las reclusas.
La investigación se centró en el Centro Penitenciario para Mujeres de California Central, en Chowchilla, y en la Institución para Mujeres de California, en Chino.
El informe del DOJ indicó que la Sección de Litigios Especiales de la División de Derechos Civiles llevó a cabo una investigación sobre denuncias de agresiones sexuales repetidas y conductas indebidas similares por parte del personal de las dos prisiones para mujeres contra las reclusas, que se remontan al año 2000.
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"Como resultado, la Sección detectó un patrón ininterrumpido de conducta sexual inapropiada, a menudo violenta, por parte del personal contra las reclusas desde el año 2000 hasta el 2024, que continúa hasta el presente", señaló el informe del Departamento de Justicia.
Las reclusas presentaron más de 375 denuncias de conducta sexual inapropiada por parte del personal en las dos prisiones para mujeres entre enero de 2023 y junio de 2025. Se presentaron 320 demandas privadas contra las dos prisiones y el CDCR, en su mayoría por parte de exreclusas, y el equipo de investigación del Departamento de Justicia revisó más de 350 denuncias presentadas por reclusas sobre conducta sexual inapropiada por parte del personal.
El exoficial penitenciario Greg Rodríguez fue declarado culpable en 2025 por un jurado del condado de Madera de 64 cargos de agresión sexual contra nueve reclusas en el Centro Penitenciario de Mujeres de California Central, según la Fiscalía del Condado de Madera.
El informe del Departamento de Justicia indicó que el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California recibió información sobre algunas de las denuncias contra Rodríguez en 2014, pero al parecer no inició su investigación sobre él hasta 2022, ocho años después.
El portavoz del CDCR, Will Matthews, dijo en un correo electrónico enviado a The Epoch Times que el departamento tiene una política de tolerancia cero hacia el abuso sexual y que sus prisiones son revisadas regularmente por auditores capacitados a nivel federal en virtud de la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisiones (Prison Rape Elimination Act). Matthews señaló que las auditorías más recientes de las dos prisiones revelaron que ambas cumplían con las 45 normas federales de la ley.
Matthews señaló que el CDCR reforzó las investigaciones, ampliado la cobertura de las cámaras fijas y corporales, y mejorado los mecanismos para que los reclusos y el personal denuncien de manera confidencial las conductas indebidas. Matthews añadió que algunos cambios comenzaron antes de la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) y que las medidas internas del CDCR han dado lugar a investigaciones penales y procesos judiciales. El departamento afirmó que colaboraría con el DOJ en cuanto a sus recomendaciones.
Los investigadores del Departamento de Justicia encontraron lo que el departamento describió como un patrón de larga data de conducta sexual inapropiada por parte del personal, medidas de protección inadecuadas, fallas en los mecanismos de denuncia confidencial, prácticas de investigación inadecuadas y una rendición de cuentas insuficiente.
El departamento señaló que los problemas violan los derechos de las reclusas en virtud de las Enmiendas Octava y Decimocuarta. También determinó que el estado y las dos prisiones no han implementado adecuadamente la Ley Federal para la Eliminación de las Violaciones en las Prisiones.
"Las reclusas tienen el derecho constitucional a no sufrir agresiones sexuales ni acoso por parte del personal penitenciario", declaró en un comunicado la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Dhillon señaló que la investigación reveló que el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California tenía conocimiento de incidentes repetidos de agresión sexual y acoso, pero no protegió a las reclusas.
El Departamento de Justicia ordenó a California que adopte medidas correctivas que incluyen ampliar la cobertura de las cámaras de vigilancia, mejorar los canales confidenciales de denuncia, fortalecer los procedimientos de investigación, mejorar la capacitación y el supervisión del personal, e implementar medidas de protección que cumplan con la Ley para la Eliminación de las Violaciones en las Prisiones.
Si las autoridades de California no abordan satisfactoriamente estas preocupaciones en un plazo de 49 días, el fiscal general de EE. UU. podría presentar una demanda en virtud de la Ley de Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas.
