El representante de EE. UU. Thomas Massie (R-Ky.) declaró el 11 de noviembre que había conseguido las 218 firmas necesarias para forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre una moción para presentar un proyecto de ley que permitiría a las víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein demandar por los expedientes que, según ellas, el Departamento de Justicia (DOJ) retuvo o censuró ilegalmente.
Massie dijo en una publicación en X que estaba trabajando con las diputadas demócratas Pramila Jayapal, de Washington; Teresa Leger Fernández, de Nuevo México; y Ro Khanna, de California, para llevar el proyecto de ley al pleno "para que se vote pronto".
La Casa Blanca no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios. El DOJ no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
El proyecto de ley, conocido como la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein II, también permitiría a los fiscales generales estatales, a los fiscales de distrito, a otros funcionarios estatales autorizados y a los miembros del Congreso demandar al fiscal general de los Estados Unidos.
Ofrecería a las víctimas acceso a los expedientes sin censurar que las conciernen, al tiempo que permitiría al Departamento de Justicia proteger la información identificativa y privada de otras víctimas.
El proyecto de ley también permitiría a los investigadores estatales revisar expedientes clasificados sin censurar en unas instalaciones seguras, siguiendo procedimientos aprobados por un tribunal.
El presidente Donald Trump firmó la ley original en noviembre de 2025, la cual exige que el Departamento de Justicia haga públicos los expedientes relacionados con Epstein, con ciertas excepciones.
El Departamento de Justicia (DOJ) declaró en enero que había dado a conocer casi 3.5 millones de páginas en cumplimiento de la ley. La divulgación del 30 de enero incluyó más de 2000 videos y 180,000 imágenes. Massie acusó al Departamento de Justicia en julio de retener documentos que estaba obligado a divulgar y de censurar indebidamente parte del material que hizo público.
Según Massie, el Departamento de Justicia ha violado repetidamente la ley de divulgación que Trump firmó en noviembre de 2025 al retener más de 3 millones de expedientes de Epstein. También alegó que el departamento censuró indebidamente algunos de los documentos que divulgó.
Los fiscales generales estatales y las víctimas de Epstein deberían poder demandar al fiscal general de EE. UU. para hacer cumplir la ley, dijo Massie.
Según las acusaciones contenidas en un informe del 10 de noviembre elaborado por los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, las fallas federales permitieron que Epstein continuara abusando sexualmente de mujeres después de su arresto en 2006.
El informe señaló que un acuerdo de 2007 con los fiscales federales del sur de Florida le permitió a Epstein evitar un juicio federal al declararse culpable de cargos estatales menos graves y brindó protección federal a posibles cómplices.
Los fiscales no notificaron a las víctimas sobre el acuerdo, y Epstein continuó abusando de mujeres mientras se encontraba en libertad para trabajar, según el informe.
El informe también acusó a la Oficina de Prisiones de fallas en la dotación de personal en la cárcel donde Epstein murió en 2019 mientras esperaba su juicio. Acusó al Departamento de Justicia de una comunicación deficiente sobre la divulgación de los expedientes de Epstein y de revelar información de las víctimas.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, se mostró a favor de la legislación.
“Las sobrevivientes han esperado demasiado tiempo por respuestas, y mi oficina ha esperado demasiado tiempo a que el gobierno federal entregue los expedientes sin censura que necesitamos para completar nuestra investigación penal”, dijo Torrez en un comunicado de prensa el 15 de julio.
"Esta legislación otorga a las autoridades estatales el acceso que requiere esta investigación y les da a las sobrevivientes el control sobre sus propios expedientes. Cada día de demora es un día más en el que a las sobrevivientes se les niega la justicia que se les debe".
Con información de Zachary Stieber.
