Un fallo de apelación acota la petición del gobierno de Trump sobre cuentas de periodistas

"El acceso a las fuentes... es esencial cuando la prensa busca garantizar la rendición de cuentas pública", escribió el juez J. Harvie Wilkinson en un fallo

En esta ilustración fotográfica, se ve la aplicación de LinkedIn en un teléfono celular el 11 de enero de 2021. (Edward Smith/Getty Images)
En esta ilustración fotográfica, se ve la aplicación de LinkedIn en un teléfono celular el 11 de enero de 2021. (Edward Smith/Getty Images)
Joseph Lord
12 de noviembre de 2026, 5:57 a. m.

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el 10 de noviembre que la solicitud de la administración de Trump de incautar los registros de periodistas para investigar la fuente de una filtración clasificada a la prensa era demasiado amplia y debía restringirse.

LinkedIn, la plataforma de redes profesionales, se encuentra en el centro del caso. La plataforma, que alberga más de mil millones de cuentas, recibió una orden judicial obtenida por el gobierno para que entregara ciertos datos sobre los contactos de los periodistas. LinkedIn había solicitado a un tribunal federal que anule o restrinja la orden, expresando su preocupación por la privacidad de sus usuarios.

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“El acceso a las fuentes… es esencial cuando la prensa busca garantizar la rendición de cuentas pública por parte de las burocracias, a menudo opacas, que hoy definen la función ejecutiva”, escribió el juez J. Harvie Wilkinson en un fallo en el que ensalzó la importancia de las fuentes confidenciales para la prensa. “Sin confidencialidad, se vulnera la libertad de expresión”.

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El gobierno había solicitado una amplia gama de metadatos de periodistas como parte de la investigación, lo que significaba que el gobierno podría ver con quién se comunicaba un periodista, pero no el contenido del mensaje.

En su fallo unánime, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. dictaminó que la orden del gobierno para obtener estos registros era "sustancialmente excesiva".

Un tribunal de distrito se había pronunciado previamente a favor del gobierno. El tribunal de apelaciones devolvió el asunto al tribunal inferior, ordenándole que limitara la orden para excluir los registros sin conexión aparente con la investigación. No obstante, el tribunal señaló que el gobierno tiene un interés legítimo en investigar este tipo de filtraciones.

"El fuerte interés del gobierno en materia de seguridad nacional en este caso no necesita ser demostrado; es evidente por sí mismo. Las filtraciones de material clasificado pueden transmitir información altamente sensible a nuestros adversarios en áreas en las que el sigilo es esencial. Dichas filtraciones también pueden poner en mayor peligro las vidas de los hombres y mujeres que trabajan en operaciones encubiertas para proteger a nuestro país", reza la decisión.

El gobierno presionó para que se aprobara la orden sin modificaciones. La principal solicitud de LinkedIn era que el tribunal la anulara por completo, lo cual el panel rechazó.

El fallo, que señaló que debía expresarse en términos generales debido a preocupaciones de seguridad nacional, describe el artículo únicamente como una reportaje que revelaba detalles clasificados de una operación militar estadounidense de alto secreto en el extranjero que no se había dado a conocer anteriormente.

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El fallo del panel de tres jueces fue redactado por Wilkinson, designado por el presidente Ronald Reagan. El panel también incluía al juez Andrew Wynn, designado por el presidente Barack Obama, y a la jueza Nicole Berner, designada por el presidente Joe Biden.

Wilkinson escribió que, tal como está redactada, la orden del gobierno "revelaría todas las fuentes confidenciales con las que los periodistas afectados interactuaron a través de LinkedIn durante el período de dieciocho meses en cuestión. Si bien esa orden podría identificar fuentes relevantes para la investigación del gobierno, también incluirá inevitablemente a todas las demás fuentes confidenciales con las que hablaron los periodistas afectados".

El panel señaló que los periodistas en cuestión "publicaron casi 1000 reportajes sobre una amplia gama de temas durante el período relevante e investigaron un número desconocido de otros que nunca se publicaron. Muchos de esos reportajes parecen estar muy alejados del artículo que la filtración permitió, al menos en parte".

"El gobierno no tiene ningún interés aparente en las identidades de esas fuentes confidenciales, pero su divulgación no podría sino asestar un golpe devastador a las libertades de la Primera Enmienda", afirmó el panel.

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