La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como "importante" el fallo final del arbitraje internacional iniciado en 2018 por la filial de Vulcan Materials Company, ya que, "aunque da razón en ciertos temas a Vulcan, la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa".
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió su resolución el 27 de julio. Tras leer el comunicado de la compañía, Sheinbaum reveló el monto de la sanción. “Se pedían como 1700 millones de dólares y al final fueron como 150 millones de dólares lo que se estableció”, afirmó la mandataria.
Vulcan inició el arbitraje contra México a finales de 2018 bajo el extinto TLCAN. La empresa estadounidense acusó a los gobiernos federal y de Quintana Roo de incumplir acuerdos de 2014 y 2015, afectando su concesión portuaria, proyecto de extracción y régimen fiscal mediante restricciones ambientales y cobros que calificó de ilegales.
La mandataria detalló en su conferencia matutina que deberán pasar 30 días para poder informar con detalle sobre la resolución, ya que se solicita confidencialidad ante el tema “y es importante porque así son las reglas en estas disputas. Entonces, se puede hablar de esto de manera muy general”.
Tras dar lectura al comunicado de la Secretaría de Economía de México, Sheinbaum aseguró que aún existe un periodo para solicitar la nulidad de esta resolución por cualquiera de las partes, tanto de Vulcan como del gobierno mexicano.
Detalló que durante el proceso se confirmó que Vulcan violó diversas normas ambientales, por lo que “tienen que resarcir el daño ambiental porque así es, tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando esté clausurada la mina”.
“Se está platicando con ellos [Vulcan] de cómo se cumpliría todo este procedimiento. Con esta resolución, pues estamos en una condición diferente donde vamos a seguir dialogando, es decir, el diálogo nunca se cierra esa posibilidad. Siempre buscando la protección de las comunidades y del medio ambiente”, subrayó la mandataria.
Ante el fallo del CIADI, la Secretaría de Economía publicó un comunicado en el que informó que el Tribunal “desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de CALICA, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”.
Agregó que el Gobierno mexicano analiza esta decisión a detalle “para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance”.
Por su parte, Vulcan también publicó un comunicado el mismo día y declaró que el Tribunal “determinó que México violó el TLCAN en varios aspectos. Sin embargo, la indemnización por daños monetarios otorgada a Vulcan por las violaciones de México fue insignificante”.
La empresa reiteró que el arbitraje presentado contra México bajo el marco del TLCAN se originó por el incumplimiento de un acuerdo previo. Según Vulcan, el gobierno mexicano se negó a respetar el pacto para desbloquear una parte de sus reservas de materiales y, además, clausuró de manera arbitraria sus operaciones de extracción en el país.
En 2018, mientras Enrique Peña Nieto era presidente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las actividades de Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial en México de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, dedicada a la extracción y exportación de roca caliza hacia Estados Unidos.
Tras inspecciones realizadas en mayo y noviembre de 2017, la Profepa inició un procedimiento administrativo contra Calica por incumplir diversas condicionantes de su autorización de impacto ambiental. Como medida de seguridad, la dependencia clausuró sus operaciones de extracción por debajo del manto freático al confirmar que la empresa había excedido su límite de explotación permitido de siete hectáreas anuales.
Frente a estas acciones, Calica presentó el arbitraje y, tras una audiencia y en espera de una decisión del proceso de arbitraje por el CIADI, en 2022, cuando Andrés Manuel López Obrador gobernaba México, la empresa denunció la presencia “inesperada” de funcionarios del gobierno mexicano en sus predios con órdenes de clausura para cesar de inmediato las operaciones de extracción de piedra caliza.
Calica aseguró que la acción por parte del gobierno federal era ilegal debido a que cuenta con los permisos necesarios para operar y que agotaría todos los recursos por la vía legal para proteger sus derechos y reanudar sus operaciones.
Detalló que Vulcan Materials había extraído piedra caliza de manera legal en México durante 30 años en terrenos de su propiedad y que siempre ha cumplido con la ley mexicana, incluyendo las leyes y permisos que regulan sus operaciones.
Sobre la clausura, la Semarnat dijo en mayo de 2022 que durante una visita de inspección de la PROFEPA, se advirtió sobre la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, y que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras en el sitio.
Para 2023, la compañía denunció que Cementos Mexicanos (CEMEX), con la ayuda de policías y militares armados, ingresaron por la fuerza a las instalaciones portuarias de Vulcan cerca de Playa del Carmen para utilizar el puerto, a pesar de que su contrato de arrendamiento había expirado.
Según un reporte de Associated Press, el muelle sería utilizado para recibir cemento, piedra triturada y otros materiales para concluir el proyecto conocido del Tren Maya, y Vulcan afirmó que los policías supervisaron el descargue de cemento en el muelle.
El 23 de septiembre de 2024, el gobierno del entonces presidente López Obrador denominó Área Natural Protegida a CALICA. López Obrador defendió la acción argumentando que se trataba de defender al territorio mexicano de la destrucción.
“No hay expropiación, es una declaratoria de área natural protegida porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales”, declaró el mandatario en su conferencia matutina al siguiente día.
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