La Policía Federal de Brasil lanzó este viernes un operativo para desarticular una organización criminal especializada en el lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, con movimientos financieros que superan los 10,000 millones de reales, unos 1900 millones de dólares.
Aunque el comunicado oficial de la institución no reveló las identidades de los implicados, medios locales confirmaron que los principales objetivos de la operación son dos ciudadanos brasileños recientemente sancionados por Estados Unidos por presuntos nexos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que fue clasificada como terrorista por la Administración de Donald Trump.
Según la prensa brasileña, entre los siete detenidos se encuentra Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, quien fue objeto de sanciones por parte de EE. UU. el pasado miércoles debido a sus presuntos nexos con el PCC.
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Por otro lado, el empresario Victor Henrique de Oliveira Shimada, también sancionado por las autoridades estadounidenses, se encuentra prófugo.
Consultada por EFE, la fuerza de seguridad aún no ha confirmado las identidades de los detenidos.
De acuerdo con la nota oficial de la Policía Federal, la red criminal utilizaba un sofisticado sistema estructurado para ocultar y movilizar recursos de origen ilegal a través de transferencias ilícitas de criptoactivos, transporte de grandes sumas de dinero en efectivo, operaciones bancarias y triangulación de fondos entre personas físicas y jurídicas de fachada.
Las investigaciones preliminares permitieron identificar movimientos financieros que superan los 10,000 millones de reales, aproximadamente 1900 millones de dólares.
Más de 50 agentes federales salieron este viernes a las calles para dar cumplimiento a trece órdenes de registro e incautación y once mandatos de prisión temporal en la capital paulista y tres municipios del estado de São Paulo, Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba.
Asimismo, la Policía informó que la justicia decretó el secuestro y bloqueo de bienes, dinero y criptoactivos de los investigados por un monto total de hasta 10,400 millones de reales, aproximadamente 1990 millones de dólares, con el fin de asfixiar las finanzas de la organización.
