La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela ante la ONU alertó este miércoles que permanece el aparato represivo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, y pese a que algunas situaciones en Derechos Humanos mejoraron.
La Misión dijo que se "registró una reducción significativa de las detenciones de larga duración y las desapariciones forzadas tras el ataque militar de Estados Unidos del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro", a través de un informe publicado el 16 de septiembre.
El informe de la Misión de la ONU agregó que posteriormente "las autoridades también excarcelaron a cientos de presos políticos y hubo mayor margen para protestas y reuniones públicas".
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Sin embargo, acotó que "según los expertos, no se han producido las reformas necesarias para garantizar cambios duraderos", y señaló que "siguen vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente las mismas estructuras y prácticas".
La Misión documentó 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero "lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas", y señala que entre 379 y 500 personas podrían continuar detenidas bajo motivaciones políticas.
"Los expertos también denuncian la persistencia de la impunidad, mientras que funcionarios que participaron en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave", agregó el informe de la Misión.
Al menos 12 cargos políticos en el gobierno interino venezolano están vinculados a violaciones a los Derechos Humanos o crímenes de lesa humanidad. Los 12 políticos fueron identificados en informes anteriores de la misión como responsables de "cometer, ordenar, facilitar o contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad".
Entre los listados aparece el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien ha ocupado distintos puestos en la dictadura, y el desde marzo ministro de Defensa, Gustavo Enrique González, antes director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre otros cargos.
La Misión indicó este miércoles que tampoco se ha adoptado ninguna medida para desarmar a los colectivos, que constituyen un componente central del aparato represivo estatal.
Por ello es que María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión, dijo que instaban "a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas".
Quintero agregó que Venezuela debería revertir su retiro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) "y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas".
Otro de los expertos, Alex Neve, dijo que "Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales".
El pasado 3 de enero, el presidente Donald Trump informó que Estados Unidos realizó un ataque exitoso en Venezuela para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Posteriormente fueron trasladados a Nueva York donde se enfrentan a la justicia de EE. UU. por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.
Ambos se han declarado no culpables de los cargos. Y suu juicio está previsto para junio de 2027.
El pasado 2 de septiembre, los abogados que representan a Maduro solicitaron a un juez federal de EE. UU. que desestimara los cargos de tráfico de drogas en su contra, argumentando que su cargo como jefe de un país soberano debería otorgarle inmunidad frente a la acción penal.
"Este proceso judicial sin precedentes viola la inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal a la que los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años", escribió el abogado de Maduro, Barry Pollack, en la solicitud al juez.
Con información de EFE y de Chris Summers.
