Robert Cekada, director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), dice que no existe ningún conflicto entre la lucha contra la delincuencia y la protección de los derechos de los ciudadanos recogidos en la Segunda Enmienda.
Cekada declaró en la Conferencia sobre Política de Derechos de Armas celebrada en Dallas el 26 de septiembre que la ATF se compromete a sacar del mercado a los comerciantes de armas corruptos y a proteger a quienes respetan la ley, al tiempo que desmantela las políticas de la Administración Biden que han empañado la imagen de la agencia ante la comunidad defensora de la Segunda Enmienda.
Cekada señaló que, entre 2023 y 2024, la ATF del expresidente Joe Biden revocó aproximadamente 2800 licencias federales de armas de fuego (FFL). Muchos titulares de FFL se vieron afectados por la política de tolerancia cero de la administración Biden. En virtud de dicha política, la ATF adoptó una postura mucho más estricta en lo que respecta al cumplimiento por parte de los comerciantes de las leyes y normativas sobre armas de fuego.
En la conferencia asistieron dos personas que dicen haberse visto afectadas por dicha política.
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Russell Fincher, profesor y pastor de la Iglesia Bautista del Sur de Tuskahoma, Oklahoma y Patrick "Tate" Adamiak, un veterano de la Marina que pasó más de cuatro años en prisión tras ser condenado por infringir la Ley Nacional de Armas de Fuego, se opusieron ambos a la política anterior.
Fincher aceptó un acuerdo con la fiscalía por el que se le impuso tres años de libertad condicional para evitar una posible pena de prisión de entre cinco y quince años. Fincher vendió una caja de munición para pistola del calibre 40 a un delincuente condenado. Aunque no creía que estuviera infringiendo la ley, dijo que la amenaza de quince años de prisión era excesiva para un delito relativamente leve.
Adamiak fue condenado a más de 20 años de cárcel por tráfico de ametralladoras ilegales, entre otros cargos. Adamiak dijo que lo que la ATF calificó como ametralladoras y artefactos destructivos eran réplicas que no funcionaban, dispositivos de entrenamiento inertes y piezas inutilizadas.
Ambos hombres fueron indultados por el presidente Donald Trump el 3 de septiembre. El día en que se anunciaron los indultos, Fincher declaró a The Epoch Times que la sensación era "como un millón de mañanas de Navidad".
El objetivo de la Administración Biden era restringir el suministro de armas al público, dijo Cekada. Explicó a los defensores del derecho a portar armas que, en realidad, esa política limitaba los derechos de los ciudadanos y las empresas que respetan la ley, sin tener apenas repercusión en la delincuencia.
"La anterior Administración consideraba que los titulares de licencias federales de armas de fuego, el sector y, francamente, los propietarios de armas estadounidenses contribuían a que llegaran más armas a manos de los delincuentes y eso simplemente no era lo que estaba ocurriendo", dijo Cekada.
Agentes de la ATF llegan a la propiedad de Russell Fincher en Tuskahoma, Oklahoma, el 16 de junio de 2023. (Cortesía de Russell Fincher)."Nos desviamos del camino durante la administración anterior".
Esta política de mano dura se ganó el apoyo de los grupos a favor del control de armas, al tiempo que provocó la ira de los defensores del derecho a portar armas.
En marzo, Kris Brown, presidente de la organización a favor del control de armas Brady, dijo que las revocaciones de licencias FFL durante la era Biden afectaron a un pequeño número de titulares de licencias federales de armas de fuego que infringieron la ley de forma deliberada.
"Al desmantelar esta política [de tolerancia cero], la Administración Trump está dando poder deliberadamente a estos comerciantes de armas irresponsables para que operen sin rendir cuentas, lo que supone, en la práctica, armar a delincuentes que utilizarán estas armas para aterrorizar a nuestras comunidades", declaró Brown en un comunicado publicado en Internet.
La ex fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testifica ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en una audiencia sobre la "Supervisión del Departamento de Justicia" en el Capitolio en Washington el 11 de febrero de 2026. (Roberto Schmidt/AFP vía Getty Images)"No se trata solo de cambios normativos, sino de decisiones deliberadas que anteponen los beneficios de la industria armamentística a las vidas de los estadounidenses".
Aunque los grupos defensores del derecho a portar armas acogieron con satisfacción las reformas presentadas por la exfiscal general de EE. UU. Pam Bondi, también miraron con recelo a la ATF.
Además de derogar la política de tolerancia cero, Bondi también facilitó que determinados delincuentes condenados pudieran solicitar la restitución de sus derechos amparados por la Segunda Enmienda. Pero con casos tan sonados como los de Adamiak y Fincher, muchos propietarios de armas siguen mostrándose escépticos respecto a los motivos de la agencia.
Cekada declaró en la conferencia de Dallas que comprende su punto de vista. Sin embargo, dijo que la trayectoria de la agencia desde que él asumió el cargo el pasado mes de junio demuestra cuáles son sus prioridades.
Según Cekada, se produjeron 90 revocaciones de licencias FFL desde que fue nombrado. Señaló que la mayoría de ellas fueron llevadas a cabo por los responsables de la época de Biden y que solo 12 fueron aprobadas por el propio Cekada.
Señaló que esas 12 revocaciones formaban parte de las 80,000 infracciones sancionadas durante ese período. Dijo que las sanciones no tenían como objetivo sacar del negocio a los titulares de licencias FFL. Por el contrario, explicó que se trata del método que utiliza la agencia para ayudar a los comerciantes a evitar problemas graves.
De las doce revocaciones, señaló que tres se debieron a que los comerciantes realizaban negocios ilegales con cárteles de la droga mexicanos. Las organizaciones a favor del control de armas utilizan este tipo de delitos para presentar a los propietarios de armas bajo una luz negativa, dijo Cekada.
"Tres de los doce estaban realmente implicados en una conspiración directa para traficar con armas de fuego a los… cárteles y los acusamos a través del Departamento de Justicia… de proporcionar apoyo material a una organización terrorista", dijo.}
El director dijo que este tipo de acciones judiciales son importantes no solo para reducir la delincuencia, sino también para trazar una línea clara entre los comerciantes de armas verdaderamente sin escrúpulos y el comercio legal de armas de fuego. Advirtió al grupo que la ATF tardará algún tiempo en revertir por completo alguna de las políticas más impopulares.
"Cuando hay gente que hace cosas así, les da argumentos a quienes trabajan para quitarnos nuestros derechos. Eso es lo que utilizan como argumento", dijo Cekada. "Cuando acabamos con la delincuencia y apoyamos el comercio legal... nos mantenemos unidos.
Por eso pido al sector que, por favor, me dé algo de tiempo".
