Opinión
Los republicanos recibieron un mensaje claro de los votantes la semana pasada. A las pocas horas, el representante Robert Garcia, quien presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en enero, respondió con una declaración de dos palabras : "Contraten abogados". La pregunta es qué quiso decir exactamente.
La supervisión es la facultad constitucional del Congreso para formular preguntas, exigir documentos y celebrar audiencias. El juicio político es otra cosa completamente distinta. En la Cámara de Representantes, funciona como una acusación formal: basta una mayoría simple, y el acusado no tiene derecho a ser escuchado antes de la votación.
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El representante Jamie Raskin, quien presidirá el Comité Judicial, donde comienza el proceso de destitución, ya ha dicho que no descarta un nuevo juicio político contra el presidente . Washington está a punto de borrar la línea que separa ambos instrumentos.
La primera prueba ya está aquí. El 9 de marzo, el representante Thomas Massie volvió a presentar sus ocho artículos de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo que obliga a una votación en la Cámara de Representantes tan pronto como esta misma semana.
En una Cámara con 218 escaños frente a 214 de los demócratas, solo necesita que unos pocos republicanos se unan a los demócratas.
Una vez que la nueva mayoría tome posesión en enero, los demócratas no necesitarán ni un solo voto republicano. El hecho de que algunos republicanos se estén sumando a la iniciativa hace que el estándar sea aún más importante, no menos.
La historia es una guía útil. Antes de 2024, la Cámara de Representantes había destituido a un solo secretario del Gabinete: el Secretario de Defensa William Belknap en 1876, por sobornos procedentes de un puesto comercial militar.
En 1922, el Comité Judicial de la Cámara investigó al Fiscal General Harry Daugherty y se negó a someter los artículos a votación. En 1932, el Secretario del Tesoro Andrew Mellon dimitió para convertirse en embajador en Gran Bretaña, y la investigación en su contra fue archivada.
Cada uno de esos casos giraba en torno a acusaciones de corrupción personal. Las resoluciones sobre políticas —contra Eric Holder, Merrick Garland y Lloyd Austin— no prosperaron.
Eso cambió en 2024, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes sometieron a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la política fronteriza del gobierno.
Los demócratas argumentaron que un desacuerdo sobre cómo un secretario del gabinete implementa la política presidencial no constituye, por sí solo, un delito que justifique un juicio político.
Ese fue un argumento constitucional sólido en 2024, y lo sigue siendo hoy. El Senado desestimó los cargos sin celebrar juicio.
Los demócratas ahora tienen dos opciones: pueden mantener el estándar que defendieron hace dos años o adoptar el precedente que condenaron. Si lo adoptan, no podrán mantenerlo por mucho tiempo. La próxima Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, lo utilizará contra el próximo gabinete demócrata y citará a este Congreso cuando lo haga.
La teoría de Massie merece un análisis detallado. Según su propio relato, seis de sus ocho artículos acusan al secretario de ejecutar órdenes del presidente que Massie considera ilegales. Hegseth, dice, estaba "obligado a no seguirlas".
Esa es la lógica de Núremberg: obedecer órdenes no exime de responsabilidad. Es un principio desarrollado para exigir responsabilidades a quienes cometieron atrocidades. Aplicarlo a una disputa sobre la Resolución de Poderes de Guerra lo distorsiona hasta hacerlo irreconocible.
Los presidentes de ambos partidos han impugnado esa ley desde su aprobación en 1973. En 2011, la administración Obama argumentó que su operación en Libia ni siquiera constituía "hostilidades".
La Constitución reserva el juicio político para los casos de "traición, soborno u otros delitos graves". Una disputa sobre poderes de guerra entre el Congreso y el comandante en jefe no se ajusta a ninguna de esas categorías.
Los artículos restantes plantean interrogantes que, en el mejor de los casos, merecen ser investigados. La investigación es la razón de ser de la supervisión. No es motivo para pasar directamente a la votación de destitución.
Las consecuencias de este error no se limitarán al Capitolio. He dedicado más de tres décadas a gestionar litigios de gran envergadura, y gran parte de mi trabajo actual consiste en asesorar a empresas y particulares que tratan con Washington.
Cuando la supervisión se convierte en una campaña para destituir a funcionarios, las citaciones se multiplican y no se limitan a las personas mencionadas en los artículos. Contratistas de defensa, empresas que hacen negocios con el gobierno y funcionarios públicos de carrera pueden verse involucrados en investigaciones que jamás imaginaron enfrentar.
En un punto, García tiene razón. Cualquiera que pueda verse involucrado en estas investigaciones debe estar preparado. Lo que les digo a mis clientes esta semana es simple: den por hecho que recibirán las cartas. Organicen sus documentos ahora, no después de que llegue la citación. Sepan qué comunicaciones pueden estar protegidas y cuáles no.
Ninguna corte revisará si el Congreso actuó correctamente. La Corte Suprema dictaminó en 1993 que el juicio político corresponde exclusivamente al Congreso. La única limitación es la que el propio Congreso se impone.
El juicio político sigue siendo una opción viable cuando los hechos y las normas constitucionales lo justifican. Sin embargo, debe ser una decisión meditada, no la primera medida de un Congreso posterior a las elecciones.
Los demócratas comprendieron el peligro de rebajar ese estándar cuando los republicanos atacaron a Mayorkas. Deberían recordarlo ahora. Porque una vez que el juicio político se convierte en un arma habitual de la oposición en el Congreso, ninguno de los partidos decide cuándo deja de utilizarse en su contra.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de The Epoch Times.
