El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó formalmente su renuncia tras ser acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado y concluir un permiso de seis meses sin sueldo, confirmó este miércoles la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.
El pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a varios funcionarios y exfuncionarios de ese estado mexicano por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa, entre ellos Dámaso Castro Zaavedra y el ex gobernador Rubén Rocha Moya, quien también renunció al cargo en agosto.
En mayo, Castro Zaavedra solicitó una licencia sin sueldo por seis meses a causa de las acusaciones de Washington que le vinculaban con el grupo criminal Los Chapitos.
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La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó en declaraciones a medios que la dimisión definitiva fue entregada el pasado 5 de noviembre, fecha en la que vencía la licencia temporal solicitada por el exfuncionario en mayo pasado.
"Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre", detalló Sánchez Kondo, quien añadió que el área permanece bajo la gestión de un encargado interino, figura designada desde que Castro se separó temporalmente de sus funciones.
"Desde el momento en el que él solicitó su licencia del permiso de los seis meses, se nombró a una persona encargada de la Vicefiscalía General (...). Hasta este momento está encargado", explicó la fiscal estatal sobre el despacho que asumió de forma provisional José Roberto Quiñónez.
Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en julio de ese año.
Desde entonces, el estado ha registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos federales y estatales.
Durante los últimos años, las autoridades de Estados Unidos han puesto la mira en varios políticos y mandos de seguridad en México en las que han señalado y sancionado a exgobernadores, fiscales y jefes policiales por presuntamente cobrar sobornos y brindar protección institucional a los cárteles de la droga.
