Un ciudadano guatemalteco fue condenado el 20 de octubre a 30 años de prisión por su participación en un caso de tráfico de personas con numerosas víctimas ocurrido en 2022, en el que murieron 53 personas y 11 resultaron heridas.
Rigoberto Ramón Miranda-Orozco, de 39 años y ciudadano de Guatemala, fue condenado por su participación en el caso ocurrido el 27 de julio de 2022 en San Antonio, Texas, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
El 2 de julio de 2026, Miranda-Orozco se declaró culpable de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos con resultado de muerte, de complicidad en la introducción de un extranjero en Estados Unidos con resultado de muerte y de complicidad en la introducción de un extranjero en Estados Unidos con resultado de lesiones corporales graves, según se indica en el comunicado de prensa.
Miranda-Orozco ayudó a coordinar el tráfico de inmigrantes ilegales procedentes de Guatemala, Honduras y México hacia Estados Unidos entre 2021 y 2022. Según el DOJ, admitió que organizó el transporte y el alojamiento de los inmigrantes ilegales a lo largo de Guatemala, México y Estados Unidos.

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Fue detenido en Guatemala en agosto de 2024, antes de su extradición a Estados Unidos. Su detención formó parte de una operación de las fuerzas del orden guatemaltecas que incluyó múltiples órdenes de registro y de detención. Fue extraditado en marzo de 2025.
"De las docenas de extranjeros fallecidos hallados en el camión articulado en junio de 2022, 21 eran de Guatemala, un país al que Miranda-Orozco consideraba su hogar y un lugar donde creía que podría esconderse de la justicia. Se equivocó", dijo el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.
"Gracias a nuestra labor policial y a nuestra sólida colaboración con la Fiscalía General de la República de Guatemala, fue localizado, extraditado y ahora pasará el resto de su vida en una prisión federal de Estados Unidos".
Otras siete personas ya se habían declarado culpables o habían sido condenadas por delitos graves en el caso de tráfico ilegal de personas.
Los 53 inmigrantes ilegales formaban parte de un grupo de 64 personas, entre las que se encontraban seis niños y una mujer embarazada.
La mujer embarazada y uno de los niños se encontraban entre las personas que fallecieron por un golpe de calor en un camión con remolque mientras atravesaban Texas.
Un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) indicaba que había pruebas de que los traficantes sabían que el sistema de aire acondicionado del camión no proporcionaría refrigeración a los inmigrantes ilegales que se encontraban en el remolque.
Según el comunicado, la temperatura ese día superó los 90 grados.
El camión de 18 ruedas partió esa mañana de Laredo, Texas, en la frontera con México y se dirigió a San Antonio. Los inmigrantes ilegales pasaron unas tres horas en el remolque del camión. El Departamento de Justicia dijo que los traficantes encontraron a 48 personas fallecidas cuando el camión llegó a San Antonio. Otras dieciséis fueron trasladadas al hospital, donde cinco fallecieron posteriormente.
Las autoridades fueron alertadas ese mismo día de la presencia del camión abandonado por personas que llamaron al 911 tras oír gritos de auxilio, según explicó el exjefe de policía de San Antonio, William McManus, al Texas Tribune.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia reiteró el compromiso de la Administración Trump de tomar medidas enérgicas contra la trata de personas y la inmigración ilegal.
Ejercer presión
"Bajo la presidencia de Trump, la División Penal y el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA) mantendrán la máxima presión sobre estos peligrosos delincuentes para que rindan cuentas por tragedias evitables y para proteger nuestras fronteras", declaró Duva.La JTFA fue creada por el exfiscal general de EE. UU. Merrick Garland en 2021 para hacer frente al tráfico de personas que tiene lugar en Centroamérica, según informó el Departamento de Justicia.
La oficina de San Antonio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirigió los esfuerzos estadounidenses. Colaboraron con la HSI de Guatemala y con la Unidad de Lucha contra el Tráfico de Personas de la HSI en Washington, D.C.
Otras agencias federales, así como las fuerzas del orden guatemaltecas, la Fiscalía General de Guatemala y la Unidad contra el Tráfico de Personas, hicieron posible la detención, la extradición y la sentencia definitiva, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Con información de Aldgra Fredly y Matt McGregor.





















