Casi 24,000 inmigrantes indocumentados con condenas o cargos penales han sido puestos en libertad en diversas comunidades desde el 20 de enero de 2025, debido a la negativa de California a acatar las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
"Existen más de 81,000 cargos o condenas penales asociados a estas órdenes de detención que no fueron respetadas", señaló el DHS en un comunicado emitido el 2 de noviembre.
Esta cifra incluye 3295 casos de robo, 1097 agresiones, 1088 cargos por narcotráfico, 169 homicidios y 147 agresiones sexuales.
Una orden de detención del ICE solicita a una agencia de las fuerzas del orden que notifique al ICE antes de liberar a un inmigrante indocumentado sujeto a deportación —que se encuentre en una prisión o centro de reclusión—, o bien, que mantenga bajo custodia a dicha persona durante un periodo de hasta 48 horas después de su fecha de liberación programada, a fin de que el DHS disponga de tiempo para asumir su custodia.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Por lo general, el ICE emite estas órdenes cuando un inmigrante indocumentado es condenado por delitos ante una corte o bien, cuando representa una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional.
Entre los casos en California, figuran los de un ciudadano salvadoreño condenado por crueldad contra un menor y asesinato; un ciudadano cubano condenado por asesinato en segundo grado; un ciudadano armenio condenado por homicidio voluntario; y un ciudadano libio condenado por agresión con arma de fuego contra una persona.
El ICE había presentado órdenes de retención contra estos individuos en 2025 o 2026. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que dichas órdenes no fueron respetadas y que los individuos fueron puestos en libertad.
"Los políticos de las jurisdicciones santuario no solo se negaron a cooperar con las autoridades federales para localizar y detener a los peores delincuentes, sino que liberaron a casi 24,000 extranjeros indocumentados con antecedentes penales en las calles de California, donde pueden aterrorizar a ciudadanos estadounidenses inocentes", declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin.
En California, los recursos estatales y locales no deben utilizarse para apoyar las actividades de control migratorio, a menos que exista una obligación legal de hacerlo, según las directrices emitidas en julio por el fiscal general de California, Rob Bonta.
Dichas directrices instan a las agencias a limitar la recopilación, retención y divulgación de información que pudiera facilitar la identificación o detención de personas que carecen de un estatus migratorio legal.
"Cuando no exista una obligación legal de atender una solicitud de las autoridades migratorias, las agencias deben exigir el cumplimiento de los procedimientos legales adecuados —como una orden judicial, una citación judicial o un mandato de una corte— antes de proceder", señalan las directrices.
El gobernador de California, Gavin Newsom, defendió las políticas "santuario de su estado durante un pódcast en enero con el comentarista conservador Ben Shapiro. Newsom afirmó que California sí colabora con las autoridades migratorias federales en determinadas circunstancias, señalando que el estado ha coordinado más de 10,000 traslados de reclusos. Asimismo, expresó su desacuerdo con las peticiones de algunos demócratas de eliminar el ICE.
"California ha cooperado en más traslados del ICE que probablemente cualquier otro estado del país. Además veté varias iniciativas legislativas presentadas por la legislatura estatal que pretendían impedir que el estado de California realizara estas acciones", afirmó Newsom.
En ciertos casos, las personas sobre las que pesan órdenes de retención del ICE, pero que son puestas en libertad, terminan cometiendo otros delitos.
En junio, un inmigrante indocumentado originario de El Salvador fue acusado del asesinato de un veterano en Utah. El ICE había presentado previamente órdenes de retención contra este individuo en dos ocasiones en California; sin embargo, en ambas, el estado se negó a acatar dichas solicitudes y lo dejó en libertad, según informó el DHS en un comunicado el 20 de julio.
Además de California, el DHS también ha criticado al estado de Nueva York por, presuntamente, no cumplir con las órdenes de retención emitidas por el ICE. En una declaración del 9 de octubre, el departamento señaló que Nueva York no atendió 14,916 órdenes de detención migratoria emitidas por el ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 14 de septiembre de 2026. Dichas órdenes estaban vinculadas a 47,750 cargos penales y condenas.
"Los políticos que promueven políticas de "santuario" crean un entorno en el que prospera la actividad delictiva, en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump dejó claro que restablecería la ley y el orden en nuestras ciudades y estados. Cuando existen ciudades y políticos que actúan como "santuario", se pone en peligro la seguridad pública", afirmó Mullin en el comunicado.
