El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó el 2 de noviembre que había imputado a 63 personas en todo Estados Unidos por voto ilegal, registro electoral fraudulento y otros delitos relacionados con los comicios, de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Cuatro de estas personas fueron identificadas como inmigrantes ilegales, según un comunicado del Departamento de Justicia.
El fiscal general Todd Blanche señaló que se trata de "la mayor oleada de detenciones por fraude electoral" desde el regreso del presidente Donald Trump al cargo el año pasado.
Según el Departamento, al menos 195 extranjeros en 25 estados fueron acusados de delitos relacionados con el voto y el registro electoral en las últimas nueve semanas.
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En total, 239 personas han sido imputadas por delitos electorales desde el comienzo del segundo mandato de Trump, añadió la institución.
"Estos ciudadanos extranjeros presuntamente se aprovecharon de la confianza del pueblo estadounidense y desafiaron las leyes que rigen las elecciones de nuestra nación. Este Departamento de Justicia seguirá investigando y procesando el fraude electoral para restaurar la confianza en nuestro sistema electoral", afirmó Blanche.
Las acusaciones más recientes involucran a personas en Arkansas, California, Georgia, Maryland, Misuri, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah y Wisconsin.
El Departamento de Justicia informó que los acusados enfrentan cargos por votar ilegalmente, afirmar falsamente ser ciudadanos estadounidenses para registrarse como votantes y presentar solicitudes de registro electoral fraudulentas en otros estados.
Una de las acusadas, Elizabeth Margaret Crudup, una ciudadana keniana de 52 años y residente permanente legal en Carolina del Norte, fue imputada por declarar falsamente ser ciudadana estadounidense y por votar ilegalmente. Según el Departamento de Justicia, Crudup se registró para votar en 2008 y emitió su voto en nueve elecciones generales entre 2008 y 2024.
Otro acusado en Carolina del Norte, Gregory Eugene Wade, un ciudadano de Bermudas con estatus de residente permanente legal, enfrenta cargos similares. Este hombre de 64 años presuntamente se registró para votar en el año 2000 y participó en 12 elecciones generales hasta 2024.
En California, seis personas fueron acusadas de realizar declaraciones falsas en sus solicitudes de naturalización; entre ellas se encuentra Sirgalahad Camua, un ciudadano filipino de 43 años y residente permanente legal.
Camua presuntamente se registró para votar en 2009 afirmando falsamente ser ciudadano estadounidense, y emitió votos por correo en 2020, 2024 y 2026. En mayo de 2025, presentó una solicitud de naturalización, pero negó haber afirmado ser ciudadano estadounidense o haberse registrado para votar en elecciones de Estados Unidos.
Al momento de redactar este informe, no está claro si los acusados ya cuentan con representación legal.
La administración Trump ha intentado evitar el recuento de votos emitidos por personas de las que sospecha que no son ciudadanas estadounidenses.
El mes pasado, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra California para impedir el conteo de 20,000 votos por correo emitidos por personas que, según se sospecha, no son ciudadanas estadounidenses. Un juez de distrito federal y la corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. rechazaron la solicitud, lo que llevó al Departamento a elevar el caso ante la Corte Suprema, la cual también lo desestimó el 1 de noviembre.
Afirmar falsamente poseer la ciudadanía estadounidense para registrarse o votar conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares.
El voto por parte de una persona que no es ciudadana conlleva una pena máxima de un año de prisión, un año de libertad supervisada y una multa de 100,000 dólares, según el Departamento de Justicia.
