La Administración Trump exigirá a algunos futuros inmigrantes que depositen una fianza para obtener un visado estadounidense, en una medida destinada a garantizar que quienes lleguen a Estados Unidos dispongan de los medios económicos necesarios para mantenerse sin depender de la asistencia pública.
Este requisito forma parte de un programa piloto supervisado conjuntamente por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Se aplica a determinados solicitantes de visados de inmigración procedentes de la República Dominicana a los que se considera no aptos por motivos de "carga pública". Los funcionarios consulares en Santo Domingo comenzaron esta semana a ofrecer la opción de la fianza a determinados solicitantes. Las autoridades sugieren que esta estrategia podría aplicarse posteriormente en otros países.
A principios de esta semana, el Departamento de Estado convirtió en permanente otro programa de fianzas para visados destinado a turistas y a quienes viajan por motivos de negocios. Este programa, que afecta a viajeros de 50 países, exige el pago de hasta 20,000 dólares para obtener visados B temporales.
En virtud de una disposición de larga data de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los funcionarios consulares pueden requerir a los solicitantes que se considere que pueden convertirse en una carga pública —es decir, aquellos de los que se espera que dependan principalmente de la ayuda del gobierno para su sustento— que depositen una fianza ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), lo que sirve como prueba concreta de que el solicitante dispone de fondos para mantenerse por sí mismo tras su llegada.
"Emigrar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho", declaró el Departamento de Estado. "Quienes deseen obtener un visado de inmigrante estadounidense deben ser capaces de demostrar que supondrán un beneficio —y no una carga— para nuestra nación".
El departamento ha introducido un procedimiento que permite a los funcionarios exigir a determinados solicitantes, que soliciten una fianza por carga pública ante el USCIS. Esta opción se utiliza actualmente en el marco del programa piloto. Si se aprueba la fianza y el solicitante cumple los demás requisitos, el funcionario podrá expedir un visado que, de otro modo, habría sido denegado en virtud de la disposición de la ley relativa a la carga pública.
Los importes de la fianza se fijan caso por caso, y los funcionarios evalúan las circunstancias particulares de cada solicitante en lugar de aplicar una cifra fija única. Algunos casos revisados esta semana han dado lugar a importes que oscilan entre los 100,000 y los 250,000 dólares. El mínimo establecido por la normativa sigue siendo de 1000 dólares. La ley no establece ningún límite máximo. Los solicitantes no pueden iniciar el proceso de fianza por sí mismos.
La fianza permanece vigente hasta que el USCIS determine que puede cancelarse, lo que puede ocurrir tras cinco años de residencia permanente legal si la persona no ha recibido ayudas públicas en efectivo para complementar sus ingresos ni ha recibido asistencia institucional a largo plazo con cargo al erario público. El incumplimiento de las condiciones de la fianza puede dar lugar a la pérdida de los fondos.
El programa piloto se basa en medidas anteriores que la Administración aplicó para hacer cumplir el motivo de inadmisibilidad por "carga pública". En julio, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que el departamento estaba trabajando "para introducir procedimientos sensatos y eficaces que permitan hacer cumplir las leyes estadounidenses, restablecer la integridad de nuestro sistema de inmigración y proteger los programas de prestaciones públicas estadounidenses de la carga financiera que suponen los extranjeros que llegan con necesidades médicas u otras necesidades importantes y costosas".
Añadió que el departamento estaba estudiando el uso de una facultad prevista desde hace tiempo en la Ley de Inmigración y Nacionalidad "para exigir a determinados solicitantes de visado —aquellos que, de otro modo, no cumplirían los requisitos para obtenerla porque es probable que se conviertan en una carga pública— que depositen una fianza como forma de demostrar que disponen de los fondos necesarios para mantenerse".
Se eligió a la República Dominicana para la fase inicial debido al volumen de tramitación de visados de inmigrante que gestiona la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo
