El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia para enfrentar una acusación de narcotráfico de EE.UU, aseguró este jueves que desde que surgió el caso está en su casa en Culiacán, y negó versiones sobre que estaría resguardado en una instalación militar.
"Desde el día 1 de mayo hasta hoy he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna", afirmó el político, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en una publicación en su cuenta de X.
Así, Rocha Moya se pronunció tras columnas en dos medios mexicanos que señalaron que el político estaba en una instalación militar tras un operativo de las Fuerzas Armadas para cambiar su ubicación.
Dicha información la negaron también el gabinete de Seguridad Federal y la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El gobernador de Sinaloa, quien lleva 69 días apartado del cargo para enfrentar los señalamientos de EE.UU., denunció una "atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno", al reiterar su inocencia frente a las "falsas" acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.
"Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente", añadió.
Horas antes, Sheinbaum ya había negado que Rocha Moya contara con protección del Ejército mexicano, información que atribuyó a un intento de "dañar al gobierno".
"No vamos a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, en la que criticó a EE. UU. por utilizar "muchas veces" el narcotráfico como pretexto para "tener una situación de injerencia o debilitamiento" en un país.
El Departamento de Justicia estadounidense provocó en abril un terremoto político en México al pedir la detención urgente con fines de extradición de diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, por su presunta colaboración con Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa, a cambio de sobornos y favores políticos.
Dos de los acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses, mientras el resto permanece en el país latinoamericano para defender su inocencia en un caso que aumentó las tensiones bilaterales con Washington.
El gobierno federal subraya que, por el momento, no va a detener a los políticos señalados al argumentar que EE. UU. no ha enviado las pruebas que justifiquen esta medida.
