Un ex activista contra la falsificación dijo a The Epoch Times que la reciente campaña del régimen chino contra quienes denuncian productos falsificados o de baja calidad busca, en parte, proteger a las empresas vinculadas a funcionarios locales.
Según un artículo publicado el 7 de noviembre en la plataforma de medios china Sohu, las autoridades chinas detuvieron a decenas de activistas en más de 20 provincias durante el mes de agosto.
El ex activista, que trabajó en Shenzhen durante años, dijo que la campaña se llevó a cabo bajo el lema de la campaña china contra el crimen organizado.
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El hombre, identificado con el seudónimo de Lin Tao por temor a represalias, dijo que los activistas profesionales contra la falsificación suelen comprar productos sospechosos de violar los estándares de calidad o las normas reglamentarias, y luego buscan una compensación a través de demandas o quejas ante los organismos reguladores.
Según explicó, sus afirmaciones se basan en las leyes de protección al consumidor vigentes y en los resultados de las pruebas de los productos, y no son amenazas infundadas ni exigencias ilegales de dinero.
El artículo publicado en Sohu indica que las autoridades del régimen detuvieron a activistas en más de 20 provincias y regiones durante el mes de agosto. Se hicieron públicas más de 100 notificaciones de detención, aunque el régimen no reveló el número total de personas detenidas.
Según el artículo, algunos detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza o liberados entre finales de septiembre y finales de octubre, alegando insuficiencia de pruebas, la necesidad de una investigación más exhaustiva o delitos relativamente menores.
Reclamaciones legales y filtraciones de denuncias
Lin señaló que la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor de China permite a los consumidores solicitar reembolsos y compensaciones equivalentes al triple del precio de compra cuando las empresas incurren en prácticas fraudulentas.Además, existen disposiciones específicas que regulan los productos alimenticios y farmacéuticos, las cuales pueden ofrecer compensaciones de hasta 10 veces el precio de compra en los casos que lo requieran.
Lin dijo que los activistas presentan sus denuncias a través de quejas oficiales y procedimientos judiciales, pero su escrutinio se ha tratado cada vez más como una actividad delictiva.
"Ahora las autoridades han incluido la labor profesional contra la falsificación en el ámbito de su campaña para eliminar el crimen organizado", señaló.
Una de sus experiencias más preocupantes tuvo que ver con la presunta filtración de documentos de denuncia a empresas que estaban siendo investigadas por agencias gubernamentales.
Lin contó que una vez presentó una queja ante la Oficina Municipal de Peticiones de Shanghái contra una popular aplicación de lectura. La empresa se enteró de la queja al día siguiente y se puso en contacto con él para negociar un acuerdo.
"Incluso una agencia de peticiones a nivel municipal en Shanghái filtra el material de los denunciantes, por no hablar de las localidades más pequeñas", dijo.
Según Lin, este tipo de incidentes ponen al descubierto graves deficiencias en la protección de los denunciantes y sugirió que algunos funcionarios locales podrían alertar a las empresas con las que tienen vínculos sobre las nuevas quejas.
"Si denuncias a una empresa y esta tiene conexiones allí, aunque tengas pruebas de infracciones, no hay nada que puedas hacer. El gobierno local lo protegerá", dijo.
Como resultado, los acuerdos extrajudiciales se hicieron comunes. Lin estimó que alrededor del 70 % de los casos que manejó terminaron en acuerdos, con indemnizaciones que a menudo ascendían a solo alrededor del 30 % de lo que los demandantes podrían haber obtenido bajo la ley.
Los procedimientos judiciales también se han vuelto cada vez más difíciles. Lin dijo que, desde 2021, los tribunales se han mostrado menos dispuestos a conceder indemnizaciones cuando los activistas compran grandes cantidades de un producto, y en ocasiones dictaminan que no cumplen los requisitos para ser considerados consumidores ordinarios.
Riesgos crecientes para los activistas de derechos del consumidor
Lin fundó previamente una empresa especializada en la lucha contra la falsificación. Sus casos abarcaban una amplia gama de temas, incluyendo seguridad alimenticia, cosméticos, publicidad engañosa e infracciones de propiedad intelectual.También llevó a cabo demandas relacionadas con anuncios engañosos promocionados por celebridades.
Su trabajo incluía la investigación de productos alimenticios con estándares de producción vencidos, etiquetas nutricionales inexactas y aditivos potencialmente excesivos o ilegales.
Las presuntas infracciones relacionadas con los ingredientes de los productos podían enviarse a análisis de laboratorio antes de emprender acciones legales.
Sin embargo, los riesgos de la profesión aumentaron considerablemente en los últimos años. Lin completó los casos pendientes y abandonó China en junio de 2024, poniendo fin a su actividad en el sector de la lucha contra la falsificación.
Él cree que la campaña no se trata simplemente de mantener el orden del mercado, sino también proteger a las empresas que aportan importantes ingresos fiscales y empleo a las economías locales.
Los gobiernos locales dependen cada vez más de los impuestos fiscales de las empresas, lo que los hace reacios a tomar medidas contra las empresas que podrían ser fuentes importantes de ingresos locales.
Las recientes medidas oficiales han reforzado la preocupación por el creciente alcance de la represión.
En agosto, Song Ge Da Hu, un reconocido influencer chino con casi un millón de seguidores en redes sociales que denunciaba repetidamente el fraude alimenticio, fue acusado por la policía de Changchun de ser el líder de un presunto grupo delictivo organizado, según un artículo de Sohu que citaba un comunicado policial.
Más de 20 miembros de su equipo fueron arrestados, según el comunicado.
Según el medio estatal chino Beijing News, la Administración de Supervisión del Mercado Municipal de Fuyang, en la provincia de Anhui, incluyó recientemente lo que denominó reclamaciones de indemnización maliciosas entre los posibles indicadores de nuevas actividades delictivas organizadas.
En mayo, la Administración del Ciberespacio de China también anunció una iniciativa dirigida a cuatro categorías de mala conducta en línea que entraron en vigor en agosto, tres de las cuales involucraban a empresas, incluyendo la presunta amplificación maliciosa de información negativa sobre compañías, la difamación y la vulneración de los derechos personales de los empresarios.
Destacado activista abandona China
La salida de Lin se produce tras la de Wang Hai, considerado como el pionero de los activistas de derechos del consumidor en China, quien también ha abandonado el país.En una publicación de blog del 28 de octubre, Wang detalló las circunstancias que rodearon su partida.
El artículo decía que Wang había ayudado a los cultivadores de cerezas de Dalian, en la provincia de Liaoning, a obtener una indemnización tras haber sufrido presuntas pérdidas por el uso de pesticidas y fertilizantes falsificados.
En septiembre, la policía detuvo a varios agricultores, a un abogado de derechos humanos, a periodistas ciudadanos, el asistente de Wang, el jefe de su laboratorio y a más de 20 empleados bajo sospecha de "provocar disturbios y crear problemas", un cargo penal de redacción muy amplia que se utiliza con frecuencia contra los críticos y activistas del régimen, según el relato de Wang.
Wang sospecha que las detenciones fueron una represalia por parte de intereses empresariales afectados por la campaña de protección al consumidor.
Contó que a finales de agosto se enteró de que cuatro empresas privadas de comercio electrónico presuntamente habían reunido 100 millones de yuanes (unos 15 millones de dólares) para atacarlo a él y a su equipo. Posteriormente, abandonó China.
Yue Shan, comentarista de actualidad china radicado en Estados Unidos, dijo a The Epoch Times que las campañas políticas contra determinados grupos o individuos en China a menudo tienen motivaciones más profundas.
Advirtió que perseguir a los comentaristas que se pronuncian en contra de la falsificación podría tener un efecto amedrentador, desalentando a otros a denunciar las malas prácticas y a defender los derechos de los consumidores.
Con información de Li Jing y Gu Xiaohua.
