Opinión
El 5 de noviembre, Joshua Wong fue condenado a 10 años más de prisión en Hong Kong, tras declararse culpable de conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Se trata de la segunda condena de Joshua en virtud de dicha ley. Ya había pasado casi seis años tras las rejas y su liberación estaba prevista para enero. Ahora no saldrá en libertad hasta finales de 2036.
No leí esta noticia como si se tratara de un desconocido. La leí como una noticia sobre un joven al que vi por primera vez en 2012, cuando tenía 16 años y se manifestaba en contra de la educación nacional en Hong Kong —un joven de aproximadamente la misma edad que mi hijo.
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Me enteré de la existencia de Joshua durante la campaña contra el plan de estudios de educación nacional propuesto, cuando un adolescente surgió de repente en el centro de un debate que acaparaba la atención en mis redes sociales y muchas conversaciones entre los periodistas que conocía. Lo que me llamó la atención fue que tenía más o menos la misma edad que mi hijo.
Ahí es donde comienza este artículo, y no es donde comienzan la mayoría de los artículos sobre Joshua Wong. Este no es otro artículo sobre derechos humanos. Es un padre que escribe sobre el hijo de otro padre y sobre una generación.
Cuando vi a Joshua por primera vez en 2012, mi reacción no fue política. Fue de madre. Me pregunté por sus padres. ¿Qué tipo de familia cría a un niño dispuesto a pararse frente a las cámaras y discutir con las autoridades antes de tener la edad suficiente para votar? Sus padres son cristianos que fomentaron la conciencia cívica desde una edad temprana. La mayoría de los padres les enseñan a sus hijos lo mismo: decir la verdad, defender a los demás, preocuparse por la sociedad en la que viven, participar en la vida pública. Joshua se tomó esas lecciones en serio. Desde el punto de vista de un padre, hay algo profundamente inquietante en ese resultado. Las mismas cualidades que los padres tratan de cultivar en un niño —la honestidad, el valor, el sentido de responsabilidad hacia los demás— se convirtieron en la base de una juventud que pasó en gran parte tras las rejas.
Joshua Wong nació en 1996, un año antes de la entrega de Hong Kong a China. Pertenecía a la primera generación que creció íntegramente bajo el marco establecido por la Declaración Conjunta Sino-Británica. Las personas de mi generación recordamos que se nos aseguró, en repetidas ocasiones, que el modo de vida de Hong Kong permanecería inalterado durante 50 años.
Aceptamos esas garantías, no solo porque las hiciera Beijing, sino porque estaban plasmadas en un acuerdo internacional negociado y firmado por Gran Bretaña, registrado ante las Naciones Unidas en 1985 y reconocido en todo el mundo. En la ceremonia de firma, Margaret Thatcher calificó la declaración de "hito" y dijo que proporcionaría "una base sólida para la confianza en Hong Kong hasta 1997 y más allá". Gran Bretaña dijo que buscaría "la aceptación más amplia posible del Acuerdo en el resto del mundo" y que ya había recibido "grandes elogios de muchas naciones líderes del mundo".
La generación de Joshua no se limitó a escuchar esas promesas. Creció en medio de ellas. Lo expresé con mayor claridad en una transmisión en vivo por televisión en junio de 2019, en medio del Movimiento contra el Proyecto de Ley de Enmienda a la Ley de Extradición: "Pensábamos que teníamos 50 años". La pregunta que plantea el encarcelamiento de Joshua es si el Hong Kong que su generación heredó se asemeja al Hong Kong que se les prometió.
Observé cómo se desarrollaba todo esto en tiempo real. El 5 de mayo de 2015, Joshua testificó por videoconferencia ante una comisión parlamentaria canadiense —la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes— desde Hong Kong, entre las 11 p. m. y la 1 a. m. de su zona horaria. Tenía 18 años. Yo no participé en esa comparecencia; solo me involucré con una organización sin fines de lucro de Toronto a finales de 2015. Pero estuve presente para lo que vino después. Él vino a Canadá en persona más de una vez. Muchas de las reuniones durante esas visitas fueron privadas y nunca se dieron a conocer públicamente.
Ayudé a organizar una cena a la que asistieron Joshua y otros dos delegados, y lo puse en contacto con un productor que deseaba entrevistarlo. Todo esto fue abierto y público. Los eventos se anunciaron, se informó sobre las reuniones, y los funcionarios electos de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña lo trataron como a una figura pública legítima. Lo que hizo fue extraordinario. No todos harían lo que él hizo; de haberlo hecho todos, la historia de Hong Kong sería muy diferente. Pero también fue totalmente legal. Estaba ejerciendo derechos humanos básicos, como cualquier ciudadano: viajar al extranjero y reunirse con quien quisiera.
Esas mismas actividades abiertas y públicas se citan ahora como fundamento para una acusación de colusión con fuerzas extranjeras. Desde mi punto de vista, no hubo nada clandestino en todo ello. Se trató de eventos públicos, reuniones públicas y conversaciones públicas llevadas a cabo abiertamente con funcionarios electos y medios de comunicación. No estoy planteando aquí un argumento legal, ni estoy debatiendo si Gran Bretaña es "directamente responsable" de su situación. La pregunta es más sencilla, y más difícil.
El pueblo de Hong Kong no depositó su confianza únicamente en las garantías de Beijing. Se nos pidió que confiáramos en un acuerdo internacional negociado por Gran Bretaña, firmado por ambos gobiernos, registrado ante las Naciones Unidas y acogido favorablemente por muchos gobiernos de todo el mundo. La credibilidad de la Declaración Conjunta no solo se basaba en las firmas de Londres y Beijing, sino en la más amplia aceptación internacional que le siguió. Planteé el mismo argumento en el programa Morning Live de la CBC el 12 de junio de 2019: "Todos estos grandes países respaldan ese acuerdo entre China y Gran Bretaña". Y si lo respaldaron desde el primer día, se suponía que debían asegurarse de que todo saliera bien, porque confiábamos en ellos. Si se convenció al pueblo de Hong Kong de que confiara en un acuerdo respaldado internacionalmente, ¿qué obligaciones quedan cuando ese acuerdo parece haberse desmoronado?
Aquí hay una historia más amplia que la de un joven en una sala de audiencias. El caso de Joshua también trata sobre una generación cuyas decisiones políticas redefinieron las decisiones familiares en todo el mundo. Los padres que esperaban que sus hijos construyeran sus vidas en Hong Kong vieron cómo muchos de ellos emigraban, se separaban de sus familias y reconstruían sus vidas en el extranjero. Las consecuencias van más allá de la sala de audiencias y más allá de Hong Kong. Ahora forman parte de la vida de la diáspora: en Toronto, en Londres, en Taipéi y en todos los lugares a los que se han dispersado las familias de Hong Kong. Toda una generación ha tenido que reconstruir sus vidas desde cero en el extranjero y poner el resto de su vida en suspenso mientras lo hacen. Casarse, tener hijos: todo ello pospuesto para más adelante, porque nada a su alrededor parece lo suficientemente seguro como para hacer planes.
Y existe la otra cara de la misma historia. Joshua fue uno de los que decidieron quedarse. Se quedó y siguió luchando, con la esperanza de que algún día todo esto se resolviera. ¿Qué significa esa decisión: quedarse cuando era posible irse, seguir adelante cuando el resultado parece ya decidido en su contra? Esa no es una pregunta exclusiva de Hong Kong. En todas partes, donde la gente vive bajo un sistema que los va acorralando, algunos se quedan. Lo que les cuesta quedarse y lo que eso significa es una pregunta que rara vez nos hacemos.
No les pido que estén de acuerdo con las opiniones políticas de Joshua Wong. Les pido que imaginen a su propio adolescente, o a su propio hijo a los 18 años, creyendo lo que su ciudad le había dicho alguna vez —que la participación ciudadana, el debate público y la expresión pacífica de opiniones políticas eran aspectos legítimos de la ciudadanía— y luego ver cómo las reglas cambian a su alrededor. Imaginen ver a ese joven pasar sus veinte años en prisión por hacer, abiertamente, lo que siempre había hecho abiertamente.
Mimi Lee dirige el HongKongers Action Group, con sede en Toronto.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
