Opinión
No puede haber un mercado sin precios, y esa es una de las principales razones por las que el sector de la salud está en tal desorden.
Nadie sabe cuánto cuesta nada, a pesar de que la gran mayoría de los servicios médicos no son emergencias. Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump abordó este problema al exigir que los hospitales que participan en Medicare y Medicaid (todos lo hacen, por supuesto) publicaran sus precios. Sin embargo, el cumplimiento fue deficiente y, bajo el mandato del presidente Joe Biden, apenas se hizo cumplir la norma.
Por fin eso está cambiando: el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, ha tomado la iniciativa y, desde abril, ha emitido avisos de advertencia federales o solicitudes de planes de acción correctiva a al menos 519 hospitales por ocultar lo que cobran a los pacientes. Las multas pueden llegar a los 2 millones de dólares al año. Es un buen comienzo.
Trump firmó la orden ejecutiva original sobre transparencia de precios allá por 2019. Biden la heredó y permitió que los hospitales la ignoraran durante cuatro años. Una auditoría federal de 2024 reveló que solo el 46 por ciento de los hospitales obligados a cumplirla lo estaban haciendo realmente. La respuesta de Biden fue, básicamente, encogerse de hombros. Una vez que volvió al cargo, Trump no solo firmó otra orden ejecutiva, sino que también dejó en claro que se impondrán multas.
La lista de incumplimientos publicada recientemente por The Associated Press es impactante. Texas lidera el país con 42 hospitales señalados. California tiene 38 e Indiana —a pesar de su población mucho más pequeña— tiene 34. Los principales sistemas hospitalarios, como Ascension y Universal Health Services, encabezan la lista con 25 y 17 hospitales que no cumplen con la normativa, respectivamente.
Los hospitales que ocultan información sobre los precios están jugando un juego peligroso que podría perjudicarnos a todos, porque mientras la transparencia cobra impulso a nivel federal, el enfoque alternativo que avanza en algunos estados consiste en límites máximos absolutos a los precios de los servicios hospitalarios vinculados a las tarifas de Medicare.
Indiana ha adoptado un tope del 260 por ciento y Michigan, del 200 por ciento para los planes de salud y del 150 por ciento para quienes pagan en efectivo. En varios otros estados se están promoviendo leyes similares. Si no les gusta la transparencia, realmente odiarán los controles directos de precios. Pero a los pacientes tampoco les gustará, porque en lugar de obtener más opciones y competencia, tendremos listas de espera y una atención de menor calidad.
La apuesta de Indiana por los controles de precios es especialmente errónea porque la legislatura justificó el tope basándose en algunos de los peores datos del país. Indiana es el tercer estado con mayor incumplimiento de los requisitos federales de transparencia, con aproximadamente un tercio de sus hospitales de atención aguda en la lista de advertencia federal. El tope arbitrario de tarifas se formuló basándose en un conjunto de datos que excluye a un tercio del mercado.
La forma correcta de reducir los precios y aumentar la calidad es reducir las barreras de entrada mediante la reducción drástica de la regulación, impulsar las cuentas de ahorro para la salud para que los pacientes controlen sus propios fondos de salud en lugar de que estos pasen directamente de los empleadores o del gobierno a las compañías de seguros y, lo más importante, hacer cumplir las normas de transparencia de precios.
Necesitamos un mercado que funcione con precios reales. No controles de precios. Y menos aún controles de precios basados en datos de precios inexactos.
Los propios organismos de control del gobierno federal confirman que el sistema de transparencia no está funcionando actualmente. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha señalado que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aún no confían en que los archivos de precios publicados sean completos y confiables. Investigaciones independientes han revelado que menos de la mitad de las tarifas negociadas reportadas coinciden, ni siquiera en un 10 por ciento, entre las distintas fuentes, y muchas divergen en más del 50 por ciento de formas que desafían la lógica económica básica.
Incluso con una mejor aplicación de la ley, es posible que los datos actuales no sean suficientes. Texas es un ejemplo llamativo. Texas cuenta con su propia ley de transparencia hospitalaria, y el estado afirma que supervisa el cumplimiento mediante la revisión de quejas, la auditoría de los sitios web de los hospitales, la verificación de análisis de incumplimientos y la confirmación de las presentaciones requeridas. Los funcionarios estatales pueden emitir notificaciones de deficiencias, exigir planes de corrección e imponer sanciones. Sin embargo, Texas sigue encabezando la lista de The Associated Press, con 42 hospitales señalados por recibir avisos de advertencia federales o exigencias de medidas correctivas.
Publicar una cifra en un sitio web y que esa cifra refleje lo que realmente se paga son dos cosas completamente diferentes. Para asegurarse de que la política coincida con la realidad, los estados necesitan más información, como los datos de reclamaciones. Ese es el pago final después de que las aseguradoras hayan aplicado sus modificaciones, reglas de agrupación y ajustes de codificación. Refleja lo que realmente se gastó, no una oferta inicial publicada para cumplir con una lista de verificación federal.
Trump tiene razón al actuar con firmeza contra los hospitales que ocultan sus precios. Los estados deben comprender que el objetivo son los precios —no el control de precios— y enfocar sus propios esfuerzos en asegurarse de que sus datos se correspondan con la realidad.
Reproducido con permiso de The Daily Signal, una publicación de The Heritage Foundation.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
