¿Dónde están los desaparecidos? Al menos 135,000 personas siguen sin ser localizadas en México, mientras que unas 271,000 fueron encontradas con vida o sin ella. El registro oficial acumula así alrededor de 406,000 casos desde 1952, pero más de la mitad corresponde solamente a los últimos siete años.
El desenlace cambia radicalmente de un estado a otro. En Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa, una proporción considerable de las personas reportadas continúa desaparecida o fue hallada sin vida. En Yucatán y Aguascalientes, en cambio, la mayoría fue localizada con vida.
La crisis ha seguido creciendo pese a la entrada en vigor, en 2018, de una ley creada para coordinar la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. Entre 2019 y 2026, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, se presupuestaron alrededor de 7,152.7 millones de pesos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y los subsidios destinados a las comisiones estatales, mientras decenas de miles de nuevos casos se incorporaban al registro y miles de familias seguían buscando sin respuestas.
Los estados donde más personas siguen sin aparecer
En algunos estados, la mayoría de las personas registradas continúa sin aparecer; en otros, una parte especialmente alta es hallada sin vida. Las cifras revelan territorios con patrones muy distintos, pero atravesados por una misma crisis: miles de casos acumulados y recursos para la búsqueda que, con frecuencia, no llegan a ejercerse por completo.Coahuila
Coahuila presenta uno de los porcentajes más elevados de personas que continúan desaparecidas: casi tres de cada cuatro aún no han sido localizadas. Se trata de alrededor de 3693 personas de un total de 4941 registros, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), correspondientes al periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 1952 y el 28 de julio de 2026.De acuerdo con la línea de tiempo elaborada por Red Lupa, una iniciativa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), las desapariciones en Coahuila comenzaron a hacerse visibles durante la década de 1990, inicialmente a través de casos de niñas y mujeres jóvenes en la Comarca Lagunera. La organización sitúa entre 1991 y 1997 la aparición de casos con características similares.
El escenario cambió a finales de la década de 1990 con el nacimiento de Los Zetas como brazo armado del Cártel del Golfo y su posterior expansión desde Tamaulipas hacia Nuevo León y Coahuila. Según la cronología del IMDHD, a partir de 2006 comenzó en Coahuila un periodo de desapariciones masivas, reclutamiento forzado de adolescentes, despojo de propiedades y control territorial por parte del grupo criminal.
Los testimonios que recoge revelan métodos de extrema violencia, entre ellos desmembramientos y la destrucción de restos humanos en recipientes metálicos.
La mayoría de las personas no localizadas de Coahuila se concentra entre 2008 y 2013 en tres municipios: Piedras Negras, en la frontera con Estados Unidos; Saltillo, la capital del estado; y Torreón, zona limítrofe con Durango y un área de intensa actividad económica. Después de superar los 500 nuevos casos, tanto en 2010 como en 2011, los registros de desapariciones comenzaron a disminuir y, desde entonces, se han mantenido en niveles más bajos, aunque con algunos repuntes.
En 2025 se sumaron 64 personas que continuaban sin ser localizadas.
Según la Comisión Nacional de Búsqueda, Coahuila recibió 55 millones de pesos entre 2023 y 2025 para acciones de búsqueda. De ese monto, únicamente se ejercieron 30 millones, el 54.9 %.
En los últimos años, la búsqueda de los más de 3600 desaparecidos aún no localizados de Coahuila se trasladó al terreno, a las fosas y a las instancias internacionales, impulsada principalmente por sus familiares.
Guerrero
En Guerrero, alrededor de 4600 personas continúan sin ser localizadas y 567 fueron halladas sin vida, de un total de 7300 registros. En conjunto, ambos grupos representan el 71.3 % del total, es decir siete de cada diez desapariciones.Los números comenzaron a aumentar en 2013 y, desde entonces, se han registrado entre 200 y 360 nuevas personas no localizadas cada año. Acapulco concentra la mayor cantidad de casos: la cifra pasó de 1248 a 1297 en mayo de 2026.
Pese a que la situación no muestra mejoras, a Guerrero se le asignaron 26.8 millones de pesos para acciones de búsqueda y, en sus estadísticas, la Comisión Nacional de Búsqueda indica que no se ejerció ningún recurso de ese monto.
Tamaulipas
Tamaulipas se destaca por acumular 13,848 personas no localizadas y más de 1000 halladas sin vida. Aunque se han producido algunos repuntes, el número de nuevos casos no localizados ha descendido durante los últimos años. El estado recibió 50 millones de pesos para acciones de búsqueda en 2024 y 2025, pero únicamente ejerció 20 millones, es decir, menos de la mitad de los recursos asignados.Uno de los episodios más graves documentados en Tamaulipas es el de La Bartolina, donde las labores de búsqueda permitieron recuperar grandes cantidades de restos humanos calcinados. El 7 de julio de 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda informó que desde 2017 se habían extraído cerca de 500 kilogramos de fragmentos óseos en sitios de exterminio y crematorios clandestinos. La magnitud del hallazgo muestra que el lugar fue utilizado para quemar y destruir cuerpos, lo que dificulta la identificación de las víctimas y la restitución de sus restos a las familias.
Baja California
En Baja California, la situación se está agravando progresivamente. Los casos comenzaron a aumentar con fuerza en 2019 hasta superar los 5000 en 2026. Más de 1000 personas no localizadas se registraron solamente en 2025. Tres de cada cuatro víctimas son hombres, en su mayoría en edad productiva. El estado recibió 94 millones de pesos para sus programas de búsqueda, pero ejerció 59 millones.En 2009, Baja California quedó marcada por el hallazgo del predio conocido como "La Gallina", en Tijuana, señalado por organizaciones especializadas como uno de los primeros grandes sitios de exterminio documentados en la ciudad.
Ese mismo periodo expuso uno de los métodos más brutales utilizados por el crimen organizado: Santiago Meza López, "el Pozolero", presuntamente disolvía en sosa cáustica cientos de cadáveres que le eran entregados por integrantes del Cártel de los Arellano Félix, según una publicación del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una tendencia también al alza se observa en Michoacán desde 2019. En 2026, el estado acumulaba 7924 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales el 84 % eran hombres. También en Sonora, con 6142 casos.
Sinaloa
En Sinaloa, 7356 personas continúan desaparecidas o no localizadas. El número de casos se ha disparado durante los últimos años, especialmente desde 2023 y 2024.La cronología de Red Lupa sitúa en 2007 el aumento de las desapariciones en Sinaloa y a continuación los primeros hallazgos de fosas clandestinas en San Blas y Tetamboca, dos localidades de El Fuerte, municipio en el norte del estado.
Ante la falta de resultados institucionales, las familias asumieron directamente la búsqueda. En 2014 surgieron Las Rastreadoras del Fuerte, después de la desaparición de Roberto Corrales Medina, y comenzaron a recorrer terrenos y localizar fosas con herramientas propias.
En 2017 se formó Sabuesos Guerreras, impulsado por María Isabel Cruz Bernal tras la desaparición de su hijo Reyes Yosimar. La aparición de estos colectivos situó a las madres buscadoras entre las principales impulsoras de la localización de restos, la identificación forense y la exigencia de investigaciones.
En 2024, la disputa interna entre la facción de Ismael "el Mayo" Zambada y Los Chapitos, ambas pertenecientes al Cártel de Sinaloa, desató una nueva ola de violencia, asesinatos y desapariciones.
Casi un centenar de familiares y colectivos firmaron el 31 de mayo de 2025 la Declaración de Sinaloa para exigir búsquedas efectivas, identificación forense y medidas para detener las desapariciones.
La declaración plantea cuatro prioridades: abrir una mesa permanente de diálogo con el gobernador; impulsar reformas a las leyes e instituciones encargadas de la búsqueda, la atención a víctimas y la identificación forense; dotar a los colectivos de equipo, vehículos, alimentos y medidas de seguridad; y mantener una campaña pública para exigir al Estado mexicano que detenga las desapariciones forzadas.
Para sus acciones de búsqueda, Michoacán recibió 30 millones de pesos en 2025, pero no ejerció ningún recurso. Sonora recibió una cantidad similar y aplicó 19 millones. Sinaloa recibió 58 millones de pesos entre 2024 y 2025 y ejerció solo 40 millones.
Los estados donde más personas son localizadas sin vida
La desaparición no acaba de la misma manera en todos los estados. En Sinaloa, el 10 %, uno de cada diez casos, corresponde a una persona hallada sin vida, cerca de 1700 en total.Jalisco presenta un porcentaje algo menor de personas localizadas sin vida, con el 8.7 %, pero concentra la cifra absoluta más alta: 2274 casos. Además, acumula 12,789 personas que continúan desaparecidas o no localizadas, en su mayoría registradas entre 2017 y 2022. Estos datos no permiten determinar por sí solos las circunstancias de cada muerte, pero muestran que, en varias entidades, una parte significativa de las desapariciones concluye con un hallazgo sin vida.
Los estados donde más personas son localizadas con vida
El contraste entre los estados es marcado. En Yucatán, el 95.1 % de las personas registradas ha sido históricamente localizado: un 92.1 % –nueve de cada diez– con vida y un 3 % sin vida. Campeche presenta una proporción similar, con el 91.5 %. En Aguascalientes, el 89.7 % fue localizado con vida y el 3.1 % sin vida.En estos estados, el número de personas desaparecidas o no localizadas oscila entre 180 en Campeche —la mayoría registradas desde el 2020— y 524 en Aguascalientes, donde los casos se han disparado en los últimos años: pasando de menos de 20 al año en 2022 a más de 100 en el 2024.
Entre estas entidades, Yucatán recibió en 2025 un subsidio de 53 millones de pesos para acciones de búsqueda y ejerció la totalidad de los recursos, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Campeche recibió 9.7 millones y ejerció 7.5 millones, mientras que Aguascalientes obtuvo 19 millones, de los que ejerció 7 millones.
Estado de México, Puebla y Chiapas
El Estado de México alcanza el 73.1 % de personas localizadas con vida y concentra, por su volumen poblacional, la cifra absoluta más elevada: 47,782 personas recuperadas.Los casos de desaparición comenzaron a aumentar en el Estado de México en 2007, en Puebla en 2014 y en Chiapas en 2020. En las tres entidades, el año 2024 concentró el mayor número de nuevos casos de personas desaparecidas o no localizadas.
De los 43 millones de pesos en subsidios para acciones de búsqueda que Puebla recibió, ejerció únicamente 15 millones. El Estado de México, pese al volumen de casos, recibió 52 millones de pesos y ejerció 27 millones, poco más de la mitad de los recursos asignados.
Puebla
En Puebla, las personas no localizadas actualmente, en su mayoría son niñas de entre 15 y 19 años, según Shanik Amira David George, coordinadora de proyectos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. (IDHIE) de la IBERO Puebla, quien conversó con The Epoch Times."Tenemos esa particularidad. ¿Por qué? Porque estamos en una zona donde la trata de personas es una de las violaciones a derechos humanos o de los delitos más grandes que tenemos".
"Por cada región del país podemos tener una modalidad diferente de desaparición. Por eso hay que hacer análisis regionales de cómo están los fenómenos de desaparición. En la frontera sur podríamos hablar de desaparición de migrantes, también un poco en la frontera norte, por estos cruces", añade.
Según David George, "es un fenómeno multifactorial que también se cruza con la violencia de género (...). Muchas veces las víctimas de feminicidios son víctimas de desaparición".
La comparación entre estados cambia cuando se observa la incidencia acumulada. Yucatán registra 315.7 casos por cada 100,000 habitantes, una cifra considerablemente menor que la de Aguascalientes, con 510.7, pese a que ambos estados presentan porcentajes elevados de localización.
Los datos deben interpretarse con cautela. Una tasa elevada de localización no demuestra por sí sola que un estado disponga de un sistema de búsqueda más eficaz. También puede reflejar diferencias por el tipo de reportes, la duración de las ausencias, la rapidez con la que se actualizan los registros o el peso de desapariciones vinculadas a contextos criminales más difíciles de esclarecer.
Los estados con más registros de desaparición
El mapa cambia cuando se observa el número absoluto de casos y no solo los porcentajes de localización. El Estado de México encabeza esta lista con 65,401 registros, más del doble que Nuevo León y Jalisco, que superan los 26,000. También destacan Tamaulipas, Guanajuato y la Ciudad de México, con más de 23,000 casos cada uno.Este enfoque permite identificar entidades que no aparecen entre los extremos más favorables ni entre los más críticos, pero que acumulan un volumen considerable. Nuevo León, por ejemplo, registra 26,461 casos: el 66 % terminó con la persona localizada con vida y el 5.5 % fue hallado sin vida. Su incidencia, de 457.5 registros por cada 100 000 habitantes, es además una de las más elevadas del grupo.
David George explica que la desaparición "es un problema complejo para el que sí hace falta una respuesta más concreta de parte de las autoridades".
"Hay muchas investigaciones que se han hecho en Guanajuato, en Jalisco, aquí en Puebla, en Ciudad de México. Creo que casi cada estado tiene análisis de cómo son los fenómenos de desaparición, y falta que el Estado diga: "Bueno, vamos a leerlos todos para ver cómo los atendemos en cada lugar".
El dinero estaba aprobado, pero no siempre se utilizó
Como muestran las cifras de cada estado, recibir una asignación federal no significa que todo ese dinero haya sido utilizado. Las cantidades señaladas como "recibidas" corresponden a los recursos transferidos a las comisiones locales, mientras que el monto "ejercido" indica cuánto lograron gastar y justificar antes de cerrar el periodo presupuestario.La diferencia entre ambas cifras es el dinero que quedó sin utilizar. Puede ocurrir porque llegó tarde, no se completaron los trámites para recibir una segunda entrega, no se hicieron las compras dentro del plazo o el remanente tuvo que devolverse a la federación.
De los 7,152.7 millones de pesos presupuestados entre 2019 y 2026, 1,891.8 millones —el 26 %— fue destinado a servicios personales y gastos de operación de la estructura federal. Los 5,260.5 millones restantes se incluyeron en la bolsa de subsidios y transferencias vinculada con las labores de búsqueda.
Según los lineamientos anuales, hasta 4,790.8 millones de pesos fueron asignados a los estados: el 91 % de la bolsa de subsidios y el 67 % del presupuesto total.
Pero "asignado" no significa necesariamente "transferido", y "transferido" tampoco significa "utilizado". Una parte no llegó a las entidades; otra sí fue entregada, pero terminó el año sin gastarse.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO Puebla calculó que entre 2019 y 2023 las comisiones estatales recibieron 2,404.2 millones de pesos y ejercieron 1,973.7 millones. Esto dejó 430.5 millones sin utilizar: casi uno de cada cinco pesos que ya había llegado a los estados para buscar personas.
En 2023, el problema fue todavía mayor. De los 811 millones de pesos previstos para el subsidio, el 35 % no fueron ejercidos. Una parte nunca llegó a distribuirse y otra fue recibida por las comisiones locales, pero permaneció sin gastar.
El problema tiene varias caras
Los casos estatales muestran que dejar dinero sin gastar no significa que hubiera menos personas que buscar. En 2023, el Estado de México no ejerció el 48 % de los recursos recibidos; Puebla dejó sin utilizar el 58.7 % y Oaxaca no gastó ningún peso del subsidio transferido.Shanik Amira David George explicó a The Epoch Times que, en algunos casos, el dinero llega cuando quedan pocos meses para comprar, contratar y comprobar los gastos.
"No les estás dando tiempo suficiente para que puedan ejercerlo, para que puedan manejarlo, y ya los estás castigando".
Si una comisión no cumple los requisitos, puede perder la segunda entrega. Y si ya recibió el dinero, pero no lo gasta, debe devolverlo. Después, señala David George, resulta difícil seguirle el rastro.
"Cuando el dinero se regresa a la federación, no sabes a dónde se fue, qué pasó con ese dinero".
Pero gastar tampoco significa buscar mejor. Los recursos pueden destinarse a vehículos, botas, equipos o tecnología sin que se informe si realmente fueron utilizados.
"Una cuestión es que se hagan las compras y otra cosa es que esas compras sí repercutan en el número de personas encontradas".
David George lo resume con una imagen:
"Puede que tengan un almacén con 100 pares de botas, pero nada más tienes a dos personas buscando".
En Puebla, recordó, se compró por varios millones de pesos un laboratorio móvil forense que permanecía sin utilizar porque no había dinero para gasolina.
El gasto estaba hecho. El laboratorio, parado.
Las comisiones tampoco publican informes uniformes que permitan relacionar el dinero con operativos, equipos utilizados, fosas inspeccionadas o personas localizadas. David George reclama que esa información sea pública y comprensible.
El problema tiene dos caras: dinero que no se usa y dinero que se gasta sin que pueda saberse si ayudó a encontrar a alguien.
"Vaya y Busque"
Mary Palacios le dijo a The Epoch Times que está buscando a su madre, Guadalupe Ruíz González, de 70 años, desaparecida en septiembre de 2024. Para reconstruir sus últimos movimientos, tuvo que insistir hasta obtener las imágenes de las cámaras que mostraban cuándo subió y bajó de un autobús.En teoría, deberían buscar la policía, la fiscalía y las comisiones de búsqueda. En la práctica, cuenta Mary, son las familias quienes siguen las pistas y llevan la información a las autoridades.
"Yo tenía que hacer el trabajo de ellos", dijo.
Cuando las pistas conducen a una zona controlada por el crimen organizado, relata Palacios, la respuesta puede ser que no pueden entrar porque es un "punto rojo".
"Son los que deberían estar contra el crimen y, sin embargo, nosotros tenemos que hacer todo esto".
Al final hay policías, fiscales, investigadores y comisiones financiadas para buscar. Pero quienes terminan haciéndolo son las madres.
"Vaya y busque".





















