Ocho años después de que se iniciara la crisis política en Nicaragua con las protestas de 2018, la situación de los derechos humanos en el país es "cada vez más preocupante" y la represión "ha alcanzado todos los sectores", declaró este lunes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
El organismo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la situación de las libertades fundamentales en ese país entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026, en el que concluye que "ya no existe el pluralismo político en las instituciones nacionales ni en el ámbito local".
Prueba de ello, señaló al presentar el informe la directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, es el hecho de que en el periodo estudiado ninguna de las 185 votaciones de la Asamblea Nacional registrara un solo voto disidente.
"Esa misma realidad se reproduce a nivel local, donde el partido gobernante controla las 153 municipalidades del país", agregó ante las delegaciones de los Estados miembros, entre las que no estaba la de Nicaragua, que al igual que Estados Unidos e Israel abandonó el Consejo de Derechos Humanos en 2025.
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Éstos y otros signos de represión, afirmó, son resultado de un silenciamiento de opositores y críticos acompañado de cambios institucionales como la reforma legal aprobada el pasado año, que subordinó los órganos de control y dio a la Presidencia, por ejemplo, la facultad de nombrar al Procurador General de Justicia.
"La última reforma constitucional propuesta y aprobada el 1 de septiembre profundiza esta tendencia", advirtió Kohonen, quien recordó que esa modificación legal incorpora prohibiciones amplias de participación política, con el fin de excluir aún más a la oposición.
La responsable de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk recordó también el cierre "prácticamente total" del espacio cívico, con 56 medios cerrados y 5539 organizaciones canceladas desde 2018, y también en el ámbito religioso, con diversos incidentes de hostigamiento a miembros de la Iglesia católica.
"Más de la mitad de las diócesis católicas permanecen sin obispo debido al exilio de sus titulares", subrayó Kohonen, quien agregó que la oficina de Naciones Unidas ha documentado al menos 35 casos de detenciones arbitrarias en los 12 meses estudiados.
Señaló además como "especialmente alarmante" el aumento de muertes de detenidos bajo custodia del Estado, con al menos cuatro casos denunciados entre junio de 2025 y 2026, entre ellos el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.
"La oficina reitera su llamamiento a Nicaragua para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, ponga fin a las prácticas de represión y reanude su cooperación con los mecanismos regionales y de Naciones Unidas en materia de derechos humanos", concluyó.
