El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU. exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de la familia y allegados del fallecido líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, quienes fueron detenidos tras asistir a la capital nicaragüense a reclamar sus restos para darles sepultura.
Mediante un comunicado del 31 de agosto, el subsecretario Juan Pablo Segura denunció la desaparición de la familia de Rivera, junto con miembros de su comunidad, a manos de autoridades del régimen sandinista, y señaló que desde entonces han pasado tres meses.
La Organización Mundial Contra la Tortura, un grupo internacional que integra a 200 organizaciones dedicadas a erradicar la tortura, asistir a víctimas y proteger a defensores de derechos humanos en riesgo, informó que los detenidos son: Westin Rivera, Alda López Bryan, Jordys Escobar Bryan, Eritza Coleman, Korny Valle Bushey, Jorge Webster y Florencia Sarmiento.
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Los familiares y allegados de Rivera llegaron a Managua el 31 de mayo de 2026 y, desde entonces, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la condición de estas personas, agrega la organización.
En su comunicado, el funcionario estadounidense señaló que estas personas habían desaparecido “todo por el ‘crimen’ de intentar velar a Rivera”.
Rivera fue desaparecido “en las prisiones de la dictadura, donde falleció trágicamente (...) Esta es la tiranía en su forma más cruel y cobarde”, agregó Segura.
Rivera, un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de los territorios ancestrales de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, diputado y dirigente del partido indígena YATAMA, falleció el pasado 30 de mayo bajo custodia de las autoridades nicaragüenses tras más de 32 meses de desaparición forzada y detención arbitraria, informó la Organización Mundial Contra la Tortura.
El organismo detalló que el Ministerio de Salud de Nicaragua anunció la muerte de Rivera pocos días después de que, junto con el Ministerio del Interior, divulgaran por primera vez información sobre el paradero y el estado de salud del líder indigenista.
Según la organización, el caso de Rivera no es aislado y responde a los patrones de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen sandinista, y aseguró que Rivera es el séptimo preso fallecido bajo custodia del Estado.
En un comunicado del 30 de agosto del Colectivo Nicaragua Nunca Más —en el que denuncia la desaparición forzada de 23 opositores del régimen de Ortega-Murillo—, declaró que el caso de Rivera “representa la consecuencia más cruel de esta política”.
Anexa Alfred Cunningham, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) de la ONU, dijo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 10 de agosto que Rivera fue detenido el 29 de septiembre y al día siguiente fue ingresado al Hospital Roberto Gómez de la Policía Nacional, donde permaneció aproximadamente un mes.
La defensora de los derechos humanos aseguró que Rivera hasta el momento de su detención podía valerse por sí mismo, por lo que su hospitalización despierta la interrogante: “¿Qué ocurrió durante esas primeras horas de custodia para que el día siguiente de su detención él requiriera una hospitalización de aproximadamente un mes?”.
Durante la misma audiencia, la hija de Rivera, Tininiska Rivera, detalló que ella estuvo presente el día que su padre fue detenido y desde entonces comenzó a buscarlo ante la Policía Nacional y las autoridades judiciales y a cuestionar el porqué de su detención, y aseguró que la respuesta que recibió fue que la orden venía “de la pareja presidencial”.
Relató que diez días después de la detención de su padre, se vio obligada a salir del país “sin respuesta y sin saber dónde estaba mi padre”.
La hija del líder indigenista compartió que tras saber sobre la muerte de su padre, pidió al régimen “como último acto de compasión que me permitiera entrar al país”, lo cual no fue posible.
“Nuestra familia pidió que se nos entregara sus restos. Queríamos despedirlo conforme a nuestra cultura y cosmovisión miskitu y cumplir la promesa que le hicimos: que sus restos descansaran junto a los de mi abuela en la tierra donde nació, creció y junto al pueblo que tanto amó. Quería darle una despedida digna. Eso tampoco fue posible”, expresó la hija de Rivera.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más señaló en su comunicado del 30 de agosto que desde 2018 “las detenciones arbitrarias, la incomunicación y el ocultamiento de personas privadas de libertad se han convertido en parte de la amplia represión estatal en Nicaragua que ha dejado al menos 355 nicaragüenses asesinados a balazos por grupos paraestatales, policías y soldados del Ejército”.
Asegura que, desde entonces, el régimen sandinista ha negado la información, el contacto familiar y legal, y ha obstaculizado el acceso a medicamentos y atención médica independiente, así como ha mantenido en secreto las condiciones de detención de las personas.
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