La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes una reunión de consulta para analizar la crisis en Nicaragua luego de que el líder sandinista Daniel Ortega declaró que no habría más elecciones en el país y tras la reforma constitucional que restringe la participación de opositores en los comicios.
La OEA confirmó que la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores se celebrará este viernes 2 de octubre, en la cual se examinará la situación en Nicaragua. También los participantes podrán hacer propuestas y acordar qué acciones diplomáticas, políticas o jurídicas tomará el organismo internacional “de acuerdo con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional”.
En su comunicado, la OEA explica que dicha reunión “es uno de los principales órganos políticos” de la organización “para abordar situaciones urgentes y asuntos de interés común para los Estados americanos”.
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La realización del encuentro ya había sido anunciada en un comunicado del pasado 25 de septiembre, luego de que Estados Unidos propusiera a finales de julio convocar la sesión. La propuesta fue aprobada el 19 de agosto durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA con 29 votos a favor, uno en contra por parte de Brasil y una abstención de México.
Washington argumentó durante la sesión que las declaraciones de Ortega y la propuesta de reforma constitucional implican una vulneración al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus autoridades mediante procesos limpios y transparentes.
Asimismo, señala que estas acciones profundizan la crisis política interna y generan repercusiones negativas para la democracia, la vigencia de los derechos humanos, la represión transnacional y la estabilidad de toda la región.
El gobierno estadounidense enfatizó que dicha situación en el país centroamericano "ha provocado la inmigración masiva ilegal y el exilio forzoso de cientos de miles de nicaragüenses en todo el Hemisferio".
En la solicitud para la sesión extraordinaria, emitida por EE. UU. el 29 de julio, se sostiene que la situación en Nicaragua “exige una respuesta proporcionada y coordinada, mediante la cual los Estados Miembros puedan considerar las medidas colectivas adecuadas para protegerse y hacer frente a las amenazas que la dictadura de Murillo-Ortega representa para la paz hemisférica".
Ortega declaró el 19 de julio que en Nicaragua no se volverían a celebrar elecciones, argumentando que por mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos decidió quién ocuparía la presidencia del país centroamericano.
"Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yankees, puestos por los somocistas, no volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás!", declaró el líder sandinista.
Al día siguiente de este suceso, la copresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, intentó suavizar dichas declaraciones asegurando en una entrevista en televisión estatal que seguiría habiendo elecciones y que Ortega se refería a evitar elecciones con interferencia de EE. UU. como en el pasado.
Después de estas declaraciones, el régimen de Ortega-Murillo informó el 1 de septiembre que la Asamblea Nacional de Nicaragua había aprobado por unanimidad una reforma constitucional que modifica el sistema electoral y que, según el régimen, “garantizará la estabilidad, la seguridad, la paz y elecciones libres de injerencias extranjeras en el país”.
La reforma, difundida el 2 de septiembre en el diario oficial La Gaceta, modifica de forma profunda las reglas electorales y la duración de los mandatos gubernamentales en el país.
El texto veta de manera expresa a los ciudadanos catalogados como “traidores a la patria” para postularse a cargos públicos o dirigir fuerzas políticas, una medida extensiva a quienes promuevan sanciones económicas contra el Estado o sean acusados de participar en gestas golpistas.
Además, la modificación prolonga a siete años los periodos para todos los puestos de elección popular —con aplicación retroactiva inmediata para los funcionarios en activo— e introduce ajustes en la duración de las cúpulas del Ejército y la Policía Nacional.
Ante la aprobación, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró el mismo 2 de septiembre que EE. UU. implementará medidas para lograr que Occidente “deje de hacer negocios como de costumbre” con el régimen de Ortega-Murillo.
El secretario aseguró que la nación estadounidense abordará dichas medidas en la próxima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Ayer, la Asamblea Nacional de Murillo-Ortega desmanteló lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años", declaró el funcionario.
Con información de Mariana Buendía.
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