La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida las medidas del gobierno de Chihuahua para combatir al gusano barrenador del ganado (GBG) “es otro palazo a la actividad ganadera de exportación”, expresa el senador del PAN, Mario Vázquez.
Chihuahua es un estado que representa la mayor parte del ganado de exportación y, tras el cierre de la frontera por parte de Estados Unidos en mayo de 2024 debido a la plaga del GBG, los ganaderos han enfrentado grandes desafíos que afectan gravemente la economía de la región.
“El cierre de la frontera ha impactado económicamente a los productores de Chihuahua, porque estamos hablando ya hasta este momento de más de 1,200,000 cabezas de ganado", dijo el senador Vázquez a los reporteros durante una rueda de prensa del 14 de enero.
"Estamos perdiendo hasta este momento más de 700 millones de dólares y Chihuahua trae el 40% de su pérdida”.
Para enfrentar a la plaga, refiere que en noviembre de 2024 el gobierno de Chihuahua y los productores de Chihuahua, apoyados en la Unión Ganadera y Productores en general, decidieron incrementar medidas para hacer más cuidadoso el ingreso de ganado de otras partes del país en virtud de la del contagio del gusano barrenador.
Señala que el “95% de los problemas de gusano están en el resto del país y no están en Chihuahua”.
El gobierno federal impugnó estas acciones y demandó al estado frente a la SCJN; no obstante en abril de 2025 la Segunda Sala de la Suprema Corte permitió a Chihuahua mantener las medidas, por lo que la nueva resolución genera una contradicción jurídica y deja en la incertidumbre al sector ganadero, advierte el senador.
Por su parte, la SCJN publicó sobre el fallo, que solo el Gobierno Federal tiene autoridad para dictar reglas de sanidad animal. Los jueces aclaran que, aunque los estados pueden colaborar, no tienen el permiso constitucional para crear sus propios controles, ya que esta es una facultad exclusiva de la Federación.
El senador Vázquez reivindica su propuesta de reforma para descentralizar la sanidad animal, argumentando que los estados requieren herramientas legales para proteger su estatus sanitario.
El funcionario sentenció que la omisión del gobierno federal responde a una agenda ajena a las necesidades de los productores mexicanos, lo que pone en riesgo la viabilidad económica del sector agropecuario y el flujo comercial transfronterizo.
“Porque nadie va a defender mejor el estatus sanitario de Chihuahua que los propios chihuahuenses, porque el gobierno federal ha desatendido el tema, porque el Sistema Nacional de Inocuidad y Sanidad Animal ha quedado mal a los productores”, dijo el senador.
Por su parte, Alma Portillo Lerma, integrante del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC), durante su asistencia a la 89 Asamblea General Anual de la Asociación Ganadera de Parral en Chihuahua el 16 de enero, dijo que el fallo es incorrecto porque “rompe con la coordinación y limita los esfuerzos para que Chihuahua siga conservando como referente exportador y de sanidad en México y ante el mundo”.
Arturo Medina Aguirre, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, dijo que la resolución de la SCJN evidenció una falta de sensibilidad y desconocimiento de la realidad que enfrenta el sector ganadero, reportó un medio local.
El senador dijo que las medidas tomadas por el estado fueron en base a un análisis serio y responsable entre las autoridades estatales y representantes del sector ganadero para proteger la industria en la región, acciones que han mantenido al estado libre del contagios, reportó el mismo medio.
Los ganaderos y autoridades estatales contribuyeron, antes y durante el alertamiento de la plaga, con protocolos y controles para proteger al hato ganadero en el Estado y mantener el estatus sanitario que permite la exportación hacia Estados Unidos, informó el Congreso del Estado de Chihuahua.
Agregó que, frente a la resolución de la SCJN, los ganaderos que hicieron un posicionamiento raíz de su inconformidad con las medidas que la Corte, se encuentran preocupados y sostienen que “limitar medidas preventivas ponen en riesgo su actividad; la salud pública y la economía” de la región.
Ha pasado más de un año desde que se registró el primer caso del gusano barrenador en México, tras el aumento de la plaga. El pasado noviembre, el gobierno federal activo el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) con la intención de prevenir la diseminación de la plaga del GBG en todo el país.
Tanto México como Estados Unidos han estado trabajando coordinadamente para erradicar la plaga que ha afectado a ambas economías, no obstante, el gobierno estadounidense sigue sin fijar un plazo para normalizar el comercio ganadero con México, que fue detenido en mayo del año pasado.
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