México anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad sobre aspirantes a candidaturas para las elecciones estatales y municipales de 2027.
La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la propuesta busca prevenir postulaciones de personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027 (...) para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, declaró.
La iniciativa propone crear una “comisión de verificación de integridad de candidaturas” dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), que funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“La comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de Justicia (...) sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada”, señaló Alcalde.
Según explicó, los partidos podrán entregar de forma voluntaria listas de aspirantes para consulta y las instituciones responderán únicamente si existe o no un “riesgo razonable”, sin revelar detalles de investigaciones en curso.
“La Comisión informa a los partidos políticos, si existe o no riesgo razonable (...) Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, indicó.
Por su parte, la presidenta mexicana defendió la propuesta y afirmó que surge tras casos recientes de presuntos vínculos entre autoridades municipales y el crimen organizado.
“Hemos vivido (...) algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, sostuvo.
La mandataria insistió en que su gobierno mantiene una política de “cero impunidad”, pero bajo el respeto al debido proceso.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie si es que hay pruebas, no dichos, no menciones, no mentiras”, dijo Sheinbaum, al rechazar señalamientos sobre presunta protección a actores criminales.
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El anuncio ocurre un día después de la detención de seis personas con responsabilidades públicas en Morelos, incluidos funcionarios y exfuncionarios municipales, investigados por presuntos vínculos con una red de corrupción y extorsión ligada al Cartel de Sinaloa, en un operativo federal contra la infiltración criminal en gobiernos locales.
Entre los detenidos figuran un alcalde en funciones, un exalcalde y funcionarios municipales, mientras que autoridades federales continúan la búsqueda del presidente municipal de Cuautla.
Asimismo, en las últimas semanas la infiltración del narcotráfico en el gobierno ha cobrado importancia, dado las recientes acusaciones por parte de EE. UU. al gobernador de Sinaloa y a 9 funcionarios y exfuncionarios del estado por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa—dos de ellos se entregaron por voluntad propia y se encuentran en manos de las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, la presidenta de México ha señalado sobre dichos casos, reiteradamente, que "no hay pruebas" por parte de EE. UU. que sustenten que el gobierno de México, pueda extraditarlos.
Con información de The Epoch Times.
