La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el exsecretario de Finanzas y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
"Ningún riesgo, ninguno, fue una decisión de ellos entregarse, y no hay ningún riesgo. Ninguno", respondió Sheinbaum este lunes 18 de mayo durante su conferencia matutina, al ser cuestionada si veía un riesgo en lo que ellos pudieran declarar a la justicia estadounidense.
El viernes 15 de mayo, se informó a través de medios oficiales y medios periodísticos, que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz estaban detenidos en EE. UU.
Ambos exfuncionarios fueron señalados en la lista de 10 políticos mexicanos acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa publicada por el Departamento de Justicia (DOJ) el pasado 29 de abril.
Sobre Mérida Sánchez, el gobierno mexicano confirmó el 15 de mayo que cruzó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo, y fue detenido en Arizona por las autoridades estadounidenses. El mismo día, medios periodísticos señalaron que Díaz Vega también se había entregado, sin embargo, faltaba confirmación oficial.
A Mérida Sánchez y Díaz Vega se les acusa específicamente de conspiración para la importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, según detalla el DOJ en un comunicado.
Los acusados presuntamente conspiraron con líderes del grupo criminal para traficar grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y habrían utilizado sus cargos públicos para proteger las operaciones del cártel, dijo el DOJ en su comunicado.
El documento señala que los acusados además habrían facilitado información de inteligencia a integrantes de la organización criminal y habrían ordenado protección para cargamentos de droga en tránsito hacia territorio estadounidense. Y a cambio, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares de las drogas del cártel de Sinaloa.
El caso es relevante para Estados Unidos debido a que el Cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense. Se le señala como uno de los cárteles más poderosos del mundo y uno de los mayores traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia el país norteamericano. Además, el cártel es señalado de utilizar la violencia para asesinar y secuestrar a funcionarios de gobierno, periodistas y civiles.
La detención de ambos exfuncionarios vuelve a colocar en el foco de atención judicial a exfuncionarios de Sinaloa, entre los que destaca el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador en funciones, Enrique Inzunza.
El caso judicial ha mantenido tensa la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ya que mientras la presidenta de México sostiene que no hay pruebas, funcionarios estadounidenses dicen que esta acusación contra políticos mexicanos "es solo el inicio de lo que está por venir en México".
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