La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó este domingo que iniciará un juicio adversarial contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, acusado de ser cómplice de varios crímenes de lesa humanidad de la antigua guerrilla de las FARC, entre ellos la masacre de la familia Turbay Cote.
Las audiencias se celebrarán los próximos 22 y 23 de julio en Bogotá como parte de un juicio adversarial, un proceso de la JEP que se activa cuando un compareciente no reconoce su responsabilidad o no aporta verdad plena a la investigación.
Según la investigación, Almario Rojas, del Partido Conservador, participó hace más de 25 años en un plan criminal coordinado con las antiguas FARC para exterminar en el departamento de Caquetá al Partido Liberal, vinculado a la familia Turbay Cote, y consolidar el control político en esa región del sur del país.
La JEP sostiene que esa estrategia de persecución por motivos políticos incluyó asesinatos y secuestros de al menos 30 dirigentes, simpatizantes y colaboradores de ese movimiento, entre ellos seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.
Entre los hechos por los que se vincula a Almario Rojas está la masacre del 29 de diciembre de 2000, perpetrada por guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC, en la que fueron asesinados el entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay Cote, su madre, Inés Cote de Turbay y cinco acompañantes.
La familia fue atacada a tiros mientras se desplazada entre Florencia, capital de Caquetá, y el municipio de Puerto Rico para asistir a un acto político.
En el mismo ataque fueron asesinados Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.
Al finalizar el juicio el compareciente tendrá la oportunidad de hacer un reconocimiento tardío de responsabilidad o mantener su decisión de continuar con el juicio adversarial.
Si Almario Rojas es declarado culpable tras agotar este procedimiento, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
La JEP destacó que, en contraste, quienes reconocen su responsabilidad pueden acceder al régimen de sanciones propias del sistema de justicia restaurativa, como lo hizo en 2025 el último secretariado de las antiguas FARC.
Desde su creación, la JEP emitió 182 imputaciones contra las extintas FARC y sus diferentes bloques por crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves violaciones al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado colombiano.
