El gobierno de Ecuador elevó del 30% al 50% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia por falta de acciones para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera entre ambos países.
"Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el Ecuador se ve en la obligación de tomar acciones soberanas", dice un comunicado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador del 26 de febrero.
Los aranceles impuestos por la entidad ecuatoriana entrarán en vigor el 1 de marzo.
"Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer las corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia. del narcotráfico en la frontera", dice el comunicado.
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El 21 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de aranceles de 30% a las importaciones de Colombia que entraron en vigor el 1 de febrero, por ante la falta de reciprocidad y acciones firmes de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Ante la medida, el gobierno colombiano, dirigido por el presidente Gustavo Petro, respondió con aranceles del 30% a 20 productos y suspendió la venta de energía al siguiente día. Según la Ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, la medida solo buscaba restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio del comercio entre ambos países.
Ecuador respondió aumentando la tarifa de transporte de petróleo a Colombia, de 3 a 30 dólares por barril, un incremento del 900%, la que se hizo efectiva el 23 de enero. La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés María Manzano, declaró que se trató de una "decisión técnica, con una decisión legal, con una decisión responsable y también con un mensaje importante para Colombia".
"Y hay una cosa importante. El tema con Colombia es por la seguridad, por la frontera, y por esa soberanía que tenemos que tener como país", dijo Manzano. "Entonces, la seguridad nacional no se negocia. La frontera es un tema de estado, no de retórica, y lo estamos viendo en este momento", dijo Manzano en una entrevista con Dario Sucesos el 26 de enero.
El 6 de febrero, funcionarios de alto rango de Ecuador y Colombia sostuvieron una reunión en Quito, Ecuador, donde expusieron sus condiciones para terminar con la guerra arancelaria, sin llegar a acuerdos.
Durante el encuentro, Colombia solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30%, adoptada por el Servicio de Aduanas de Ecuador mientras los dos gobiernos adelantaban las conversaciones con el fin de llegar a acuerdos en mutuo beneficio. Sin embargo, el gobierno de Ecuador respondió que evaluaría la solicitud en una etapa posterior.
En medio de las tensiones entre ambos países, ese mismo día el gobierno colombiano, a través del Ministerio de Comercio, demandó a Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) exigiendo suspender la imposición arancelaria.
El gobierno ecuatoriano reaccionó presentando ante la CAN tres procesos de defensa de sus derechos comerciales el 17 de febrero, en los que activó mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena de 1969, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamientos jurídico subregional.
Ante las demandas, el Secretario General de la Comunidad Andina, el Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, solicitó a ambos países la postergación de las tazas arancelarias.
Gutiérrez además se puso a disposición para coadyuvar en un diálogo estrecho entre ambas naciones "que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico", según un comunicado del 22 de enero.
Se desconoce si algunos de los dos países ha respondido a dicha solicitud.
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