Las autoridades venezolanas firmaron un importante acuerdo mediante el cual se otorgan a la firma de inversiones Heeney Capital, con sede en Nueva York, los derechos operativos y de exportación de una mina de oro "prolífica".
El acuerdo se firmó el miércoles en la Reunión Ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, celebrada en Houston, Texas.
Washington está fomentando las inversiones estadounidenses en Venezuela tras la captura del exlíder Nicolás Maduro en enero.
Heeney Capital declaró en un comunicado del 16 de septiembre que la concesión minera con la República de Venezuela y la Corporación Venezolana de Minería permitirá desarrollar y operar un importante proyecto de extracción de oro en el Distrito Minero de El Callao, en Venezuela, el cual, según la empresa, es "uno de los cinturones auríferos más prolíficos del Escudo de Guayana, que alberga numerosos activos auríferos de nivel 1".
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Se estima que la inversión inicial en la mina de El Callao ascenderá a hasta mil millones de dólares.
El ministro de Minería de Venezuela, Héctor Silva, afirmó que "estas acciones forman parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos, fomentando la inversión para revitalizar el sector productivo nacional y consolidar la posición de Venezuela como potencia minera y energética".
El 27 de marzo, la administración de Trump abrió el sector minero de Venezuela a las empresas occidentales, levantando algunas sanciones que habían impedido a los inversionistas extranjeros comprar y vender el oro y otros minerales del país.
El levantamiento de las restricciones se produjo tres semanas después de que el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, anunciara que se había transportado oro por un valor de 100 millones de dólares desde Venezuela a Estados Unidos como parte de un acuerdo comercial.
Estados Unidos impuso fuertes sanciones al sector aurífero de Venezuela a partir de 2018, dirigidas contra el régimen de Maduro y la empresa minera estatal Minerven. Las sanciones congelaron los activos del gobierno de Maduro y prohibieron las transacciones.
En marzo, el Tesoro de EE. UU. suavizó las sanciones contra Minerven.
El gobierno venezolano ha brindado ahora garantías de seguridad a las empresas mineras extranjeras interesadas en invertir en los ricos recursos del país, dijo Burgum.
Roland Mineral Enterprises Corp., una empresa canadiense de exploración, anunció el 27 de marzo que había puesto en marcha un programa de adquisición para buscar y adquirir participaciones en propiedades mineras venezolanas, incluidos los derechos de explotación de yacimientos conocidos de oro, plata y cobre.
La empresa considera que la mina del proyecto aurífero Las Cristinas, ubicada en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela —inaugurada en 1997 por Placer Dome Inc.—, es uno de los yacimientos auríferos sin explotar más grandes del mundo.
Roland ha firmado un acuerdo para el uso exclusivo de los activos del actual propietario de la mina con el fin de estudiar el sitio.
En 2011, el entonces líder venezolano Hugo Chávez anunció que estaba considerando abrir una gran parte del territorio sur de Venezuela a la minería. Ese mismo año, nacionalizó la industria aurífera, confiscando las minas de Crystallex International, Gold Reserve y Rusoro Mining.
El sucesor de Chávez, Maduro, puso en práctica oficialmente esta visión en 2016, mientras la economía venezolana se sumía en una crisis, al destinar el 12 por ciento del territorio del país y denominarlo el Arco Minero, o Arco Minero del Orinoco (OMA), con el fin de generar ingresos.
Según el Índice de Crimen Organizado, la extracción ilegal de oro domina especialmente la economía ilícita de Venezuela.
Se indicó que la zona está controlada por grupos armados no estatales, entre ellos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También operan allí pandillas como El Tren de Aragua.
Ejecutivos de la empresa petrolera Continental Resources, con sede en Oklahoma, firmaron el 16 de septiembre un memorando de entendimiento con la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA, con el objetivo de continuar operando y desarrollando el área de Ayacucho 2 en el prolífico Cinturón del Orinoco.
La empresa afirmó que, tras el llamado de la administración de Trump a las empresas energéticas estadounidenses para que ayudaran a reconstruir la industria petrolera de Venezuela, “llevó a cabo una evaluación independiente de las oportunidades en el país”.
Ubicado al norte del río Orinoco, en el estado venezolano de Anzoátegui, el bloque Ayacucho 2 abarca aproximadamente 126,000 acres y contiene unos 30 mil millones de barriles de recursos en sitio.
“Ayacucho 2 representa una de las oportunidades de recursos más importantes en los casi 60 años de historia de Continental”, señaló.
Con información de Jill McLaughlin.
