El 28 de septiembre, la administración de Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspendiera una orden judicial de alcance nacional que obligaba a la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP) a seguir brindando tratamientos hormonales y servicios relacionados a los reclusos diagnosticados con disforia de género.
El gobierno federal sostiene que esta política es necesaria para la seguridad carcelaria.
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