Seis personas en tres estados fueron acusadas la semana pasada de diversos delitos relacionados con las elecciones, entre ellos el voto ilegal y el fraude de identidad.
Se presentaron cargos contra tres personas en California.
James Brass, de 47 años, y Jateisha Herron, de 33 años, de California; Courtney Price, de 49 años, de Florida; presuntamente pagaron a personas para que firmaran ciertas peticiones electorales utilizando identidades robadas de votantes registrados, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado del 14 de septiembre.
Las peticiones tenían como objetivo recolectar firmas de votantes para que ciertas medidas propuestas pudieran calificar para aparecer en la boleta electoral de California.
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El proceso de iniciativas electorales de California permite a los ciudadanos promulgar leyes o enmiendas constitucionales sin apoyo legislativo.
Para que una iniciativa se convierta en ley, las peticiones a favor de la medida deben circular y contar con suficientes firmas de votantes registrados para poder ser incluidas en las boletas electorales.
Luego, los ciudadanos pueden votar para aprobar o rechazar la medida.
En su comunicado, el DOJ señaló que Brass dirigía un equipo que presuntamente recolectaba firmas para las peticiones, con Price y Herron trabajando a sus órdenes.
Entre febrero y agosto de este año, Brass y Price presuntamente pagaron a personas en Skid Row, en el centro de Los Ángeles, para que firmaran ciertas peticiones utilizando las identidades robadas de votantes registrados.
Las personas contratadas copiaban la información personal robada en las peticiones, según el Departamento de Justicia.
Brass y Herron luego supuestamente firmaron declaraciones que certificaban la autenticidad de las firmas y entregaron las peticiones falsas a varios coordinadores de peticiones, según el Departamento de Justicia.
Brass recaudó alrededor de 41,600 dólares de estos coordinadores.
Los tres fueron acusados de conspiración para cometer fraude de identidad con el fin de cometer un delito grave estatal.
Además, Brass y Price enfrentaron un cargo adicional de fraude de identidad para facilitar la comisión de un delito grave estatal.
El trío enfrenta cinco años de prisión por cada cargo.
La cuarta de las seis personas, Mariana Alexandra Dewey, de 24 años, ciudadana peruana y residente permanente de EE. UU., ha sido acusada en Kansas de varios delitos penales por presuntamente haber votado en una elección federal a pesar de no ser ciudadana.
Se acusa a Dewey de registrarse para votar en noviembre de 2024 al declararse falsamente como ciudadana estadounidense.
Según las regulaciones de EE. UU., solo los ciudadanos pueden votar en elecciones federales y estatales.
A los no ciudadanos, incluidos aquellos que son residentes legales permanentes, se les prohíbe votar en elecciones estatales y federales.
Algunas personas condenadas por delitos graves o que están cumpliendo una pena por ciertos delitos también pueden no ser elegibles para votar.
Bridget Johnson, de 53 años, de Luisiana, y Michael Wedderburn, de 52 años, un no ciudadano de Jamaica, fueron acusados en Luisiana.
Johnson está acusada de presentar una solicitud de registro electoral a nombre de Wedderburn en 2024, alegando que el jamaicano era ciudadano estadounidense.
Johnson fue candidata a la alcaldía de Cotton Valley, Luisiana, en las elecciones de 2024.
Wedderburn presuntamente votó de manera ilegal en la contienda por la alcaldía y en las elecciones federales de noviembre de 2024.
Johnson enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, y Wedderburn, de hasta un año. También se les podrían imponer multas.
"Si se manipula el sistema electoral, se vota ilegalmente o se comete fraude electoral, se está infringiendo la ley, y el Departamento se asegurará de que esas personas no puedan corromper futuras elecciones", afirmó el fiscal general Todd Blanche en el comunicado.
"La integridad de nuestras elecciones es fundamental para nuestra democracia, y quienes busquen socavarla serán acusados en consecuencia".
Voto de personas sin ciudadanía en EE. UU.
Un informe publicado el 18 de agosto por la Oficina del Censo reveló que miles de personas sin ciudadanía podrían haber votado en las elecciones generales de noviembre de 2020.De los casi 160 millones de votantes que emitieron su voto en las elecciones, la oficina "determinó con alto grado de certeza que más de 128 millones de estos registros de votantes correspondían a ciudadanos, y que más de 24,000 de estos registros de votantes correspondían a personas que no eran ciudadanos al momento de las elecciones", según el informe.
Además, aún quedaban por analizar más de 32 millones de registros de votantes.
Las personas nacidas en México representaron la mayor proporción de votantes no ciudadanos, con 3800 individuos.
Les siguieron los procedentes de Canadá, Jamaica, Filipinas y Alemania.
California fue el estado más afectado por el voto de no ciudadanos, seguido de Texas, Florida, Nueva York y Arizona.
Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), una organización sin fines de lucro dedicada a la vigilancia gubernamental, cuestionó las cifras en un comunicado del 27 de agosto.
"De cara a las elecciones de este otoño, existe un interés público urgente en comprender la confiabilidad de este esfuerzo en curso, y es imperativo que estos registros se procesen de manera completa y expedita", afirmó el grupo.
CREW envió una solicitud al Departamento de Comercio el 21 de agosto, en busca de registros relacionados con el informe.
Mientras tanto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, dijo en julio que los estados que no eliminen a los no ciudadanos y a los votantes no elegibles de sus listas electorales podrían perder fondos.
Mullin señaló que el DHS identificó que más de 250,000 personas que no son ciudadanas figuraban ilegalmente en los registros de votantes de California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada.
