Nuevo México está demandando al Departamento de Justicia (DOJ) por los expedientes sin censurar de Epstein, acusando a la agencia federal de obstaculizar la investigación estatal sobre los presuntos delitos cometidos en el rancho Zorro del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
La acción legal, presentada el 5 de agosto, intensifica una disputa con gran carga política en torno a los expedientes de Epstein del DOJ, que se han ido acumulando desde que comenzaron las investigaciones sobre Epstein a mediados de la década de 2000.
Nuevo México reabrió su investigación en febrero y busca acceder a los expedientes relacionados con quienes trabajaron y visitaron el rancho Zorro de Epstein en el condado de Santa Fe, Nuevo México, y que podrían haber participado en los delitos o haber sido testigos de ellos.
El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que ha entregado algunos de los expedientes, pero que la ley le impide divulgar otros debido a las protecciones de privacidad.
"La Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein no exige, y las órdenes de protección vigentes en el Distrito Sur de Nueva York no permiten, la divulgación sin restricciones de información que identifique a las víctimas, y Nuevo México no ha proporcionado ningún fundamento legal que justifique divulgaciones tan amplias", declaró un portavoz del DOJ a The Epoch Times al explicar las razones por las que se opone a la demanda.
La Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein de 2025 exigía al Departamento de Justicia que divulgara todos los registros no clasificados y materiales de investigación relacionados con Epstein y su presunta red de tráfico sexual. Se permitió al departamento realizar censuras para salvaguardar la privacidad de las presuntas víctimas o para proteger las investigaciones en curso.
"Proteger la privacidad de las víctimas sigue siendo una prioridad máxima para el Departamento, y ni las solicitudes de Touhy ni el deseo de cooperar prevalecen sobre esa privacidad", dijo el portavoz. "El Departamento de Justicia sigue dispuesto a colaborar con la investigación de Nuevo México de conformidad con la ley y las órdenes judiciales vinculantes".
Según la demanda, el gobierno federal ha reconocido que "Epstein y su red criminal sometieron a más de 1000 sobrevivientes a conductas atroces y depredadoras, incluidas niñas vulnerables en Nuevo México".
Nuevo México inicialmente presentó solicitudes informales al Departamento de Justicia para obtener expedientes sin censura. La agencia federal había prometido cooperar, incluyendo el intercambio de información sobre presuntas sobrevivientes y delitos, y le indicó al estado que presentara formalmente solicitudes Touhy, utilizadas para acceder a información oficial, testimonios o documentos de una entidad federal para su uso en un procedimiento legal en el que el gobierno de EE. UU. no sea parte.
La demanda señala que el Departamento de Justicia rechazó las solicitudes Touhy a principios de este año. Al negarse a cooperar, los funcionarios del Departamento de Justicia están perjudicando a "las víctimas y [socavando] el interés público" al obstaculizar la investigación del estado sobre la conducta de Epstein y sus cómplices en el Rancho Zorro, argumentó.
En 1993, Epstein compró el Rancho Zorro y visitó el estado en numerosas ocasiones antes de fallecer en 2019. Según los fiscales estatales, los expedientes de Epstein contienen más de 13,000 referencias al rancho, junto con 5000 referencias a lugares en el estado donde presuntamente se traficó, agredió y captó a las víctimas.
Nuevo México alega que el Departamento de Justicia (DOJ) no ha gestionado adecuadamente sus solicitudes en virtud de la doctrina Touhy y ha violado la Ley de Procedimiento Administrativo que rige los procedimientos de derecho administrativo, citando la negativa de la agencia a cumplir su acuerdo de 2019, en el que los fiscales federales prometieron cooperar con el estado después de que este suspendiera su investigación sobre Epstein.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha "superado todos los obstáculos burocráticos que el Departamento de Justicia de EE. UU. (USDOJ) ha exigido, solo para que años de cooperación federal prometida se convirtieran en desobediencia burocrática", señala la demanda.
En una llamada con los periodistas, Torrez dijo sobre la investigación del estado: "No hemos presentado cargos contra nadie porque necesitamos ver esos expedientes antes de presentar cargos contra alguien". Señaló que la investigación enfrenta obstáculos considerables, destacando las décadas transcurridas desde los presuntos delitos de Epstein, el cambio de propiedad del rancho en 2023 y cuestiones jurisdiccionales.
La demanda de Nuevo México fue presentada ante un tribunal federal de distrito en la capital del país.
