Un juez federal anunció tras una audiencia celebrada el 27 de octubre que dictaminará al día siguiente sobre una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para impedir que California contabilice las boletas de voto por correo de personas sospechosas de no ciudadanas.
El juez de distrito estadounidense David O. Carter dijo estar preocupado de que la solicitud del Departamento de Justicia de retener temporalmente las boletas hasta que se pueda verificar la ciudadanía de los votantes pudiera privar del derecho al voto y confundir a los votantes legítimos.
Calificó la medida como un "cambio monumental" en los procedimientos electorales que se implementaría mientras la votación ya estaba en marcha.
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Carter dijo que emitiría su fallo el 28 de octubre sobre la solicitud del gobierno federal de una orden temporal que impida a los funcionarios contar las boletas de voto de las personas que el Departamento de Justicia ha señalado como no ciudadanas.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia solicitó a Carter que retuviera las boletas de voto por correo para las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre de más de 20,000 personas que sospecha que no son ciudadanas estadounidenses.
El Departamento de Justicia señaló que California no había cumplido con el plazo para completar la revisión de los presuntos no ciudadanos, algunos de los cuales, según el departamento, habían enviado sus boletas por correo.
En lugar de esperar un fallo sobre el fondo del asunto, el departamento presentó la semana pasada una solicitud de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, pidiendo que se impidiera a California contar las boletas.
El 26 de octubre, un panel de tres jueces de dicha corte dictaminó por 2 votos contra 1 que carecía de jurisdicción o autoridad para pronunciarse sobre el asunto, ya que Carter aún no había emitido su fallo en el caso.
El panel dijo que el gobierno federal no le brindó a la corte de distrito una "oportunidad adecuada para considerar" su demanda.
En una opinión concurrente, el juez de circuito Gabriel Sánchez dijo que conceder la solicitud del Departamento de Justicia podría interpretarse "como un respaldo a la alegación actualmente no fundamentada de Estados Unidos de que aproximadamente 20,000 no ciudadanos están en el padrón electoral de California".
Según explicó, ese tipo de respaldo percibido podría disuadir a algunos de votar, "porque podrían ser etiquetados erróneamente como votantes ilegales y tendrían que someterse a cualquier investigación posterior".
Sánchez también dijo que acceder a la solicitud de la administración Trump desviaría a los administradores electorales de sus tareas actuales para implementar un nuevo proceso de verificación de ciudadanía de los votantes que se ajuste a las exigencias del Departamento de Justicia.
Durante la audiencia del 27 de octubre, el abogado del Departamento de Justicia, Bilal "Bill" Essayli, dijo que la solicitud del gobierno federal tenía como objetivo garantizar la integridad electoral.
Carter respondió que el "remedio tradicional" para el fraude electoral era una acusación penal. Según explicó, los votos emitidos ilegalmente pueden ser anulados en las semanas posteriores al día de las elecciones, antes de que se certifiquen oficialmente los resultados.
Un votante rellena su boleta en un colegio electoral del Ayuntamiento de San Francisco el 7 de junio de 2022. (Justin Sullivan/Getty Images).—¡Por Dios, tienen una solución! —dijo el juez—. Salgan y presenten la acusación formal.
La fiscal de California, Anne Bellows, dijo que el estado ya cuenta con sólidas medidas de seguridad para impedir que los no ciudadanos voten.
Bellows dijo que las alegaciones del Departamento de Justicia se basaban en "métodos de bases de datos misteriosos" y que cumplir con las exigencias del departamento conlleva el riesgo de privar del derecho al voto a los electores elegibles.
"La Corte Suprema ha reiterado en repetidas ocasiones que, cuando se acercan las elecciones, las cortes federales no deben interferir para modificar las reglas bajo las cuales se celebran", señaló. "Esto cobra aún mayor relevancia cuando el proceso electoral está en curso".
El presidente Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que los estados no están haciendo lo suficiente para impedir que los no ciudadanos voten.
El 16 de octubre, el Departamento de Justicia advirtió a los funcionarios electorales de California que podrían ser penalmente responsables si contabilizaban las boletas que, según la administración Trump, fueron emitidas por no ciudadanos.
"Esta corte considera que sería prudente que cesaran de inmediato todas las amenazas contra los empleados electorales estatales y del condado", dijo Carter a los abogados del Departamento de Justicia durante la audiencia.
El periódico The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de California para solicitar comentarios. No se recibió respuesta antes de la publicación.
Con información de Troy Myers y Reuters.
