El 26 de marzo, un juez federal se negó a desestimar la acusación de tráfico de drogas contra Nicolás Maduro, después de que el abogado del exlíder venezolano intentara que se desestimara el caso debido a una disputa internacional sobre los honorarios legales.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, argumentó que Estados Unidos violó los derechos constitucionales del líder derrocado al impedir que el régimen venezolano utilizara fondos para cubrir sus gastos legales.

Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberían utilizar fondos personales para pagar su defensa legal. El exlíder venezolano afirma que no cuenta con el dinero para sufragar sus honorarios legales. Para que se le asigne un defensor público, tendría que demostrar que no puede pagar los honorarios.

Pollack intentó que se desestimara el caso debido a la disputa sobre la financiación, pero el juez Alvin Hellerstein declaró durante la audiencia del jueves que "no voy a desestimar el caso".

Dijo que se pronunciaría sobre la disputa de financiación en una fecha posterior. El juez no fijó una fecha para el juicio en la audiencia del jueves.

"El Sr. Maduro, como jefe de Estado de Venezuela, tiene tanto el derecho como la expectativa de que los honorarios legales asociados a estos cargos sean financiados por el Gobierno de Venezuela", escribió Pollack en los documentos que presentó a finales del mes pasado.

La presentación incluía una declaración de Maduro en la que sugería que, según las leyes y prácticas de Venezuela, "tengo derecho a que el Gobierno de Venezuela pague mi defensa legal".

"He confiado en esta expectativa y no puedo permitirme pagar mi propia defensa legal", dijo Maduro, añadiendo que Pollack es su "abogado de confianza" y que ha estado trabajando con él en su defensa legal.

La audiencia del jueves fue la primera vez que Maduro y Flores comparecieron ante el tribunal desde su lectura de cargos en enero. En ese momento, Maduro se declaró inocente y afirmó que era un "hombre decente, el presidente constitucional de mi país". Su esposa también se declaró inocente.

Desde su captura por parte de las fuerzas estadounidenses, tanto Maduro como Flores han permanecido encarcelados en un centro de detención de Brooklyn, y ninguno de los dos ha solicitado la libertad bajo fianza.

El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado una fecha para el juicio, pero podría hacerlo en la audiencia del jueves.

Desde su captura en Estados Unidos a principios de enero, se han visto murales y vallas publicitarias en toda la capital, Caracas, exigiendo el regreso de Maduro, de 63 años, y de Flores, de 69.

Aunque el partido gobernante del líder derrocado sigue en el poder, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha consolidado desde entonces el control del régimen.

Reorganizó las agencias y la estructura de gobierno del país: nombró embajadores, sustituyó a altos funcionarios —entre ellos el ministro de Defensa y el fiscal general, alineados con Maduro— y descartó los principios del régimen socialista que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas.

Este cambio ha llevado a Venezuela a restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos por primera vez desde 2019. Washington también ha tomado medidas para aliviar las sanciones económicas sobre la crítica industria petrolera del país y ha enviado a un encargado de negocios, o funcionario diplomático, a Caracas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., que administra las sanciones a naciones extranjeras, se retractó de una decisión que permitía al régimen venezolano pagar los honorarios legales de Maduro, escribió Pollack en su escrito judicial el mes pasado.

Pollack argumentó que la oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, pero luego lo denegó menos de tres horas después sin dar ninguna explicación.

Los fiscales del Departamento de Justicia han afirmado que el gobierno de EE. UU. ordenó a Maduro y a Flores que pagaran sus honorarios legales con fondos personales, pero no les permitirá recurrir a un fondo controlado por un gobierno sancionado.

Maduro ha alegado que no puede permitirse defender su caso ante los tribunales. Sin embargo, para poder optar a un abogado pagado con fondos de los contribuyentes estadounidenses, se le exigiría que demostrara que es demasiado pobre para sufragar su defensa legal.

El Departamento de Justicia presentó a principios de este año una acusación de 25 páginas en la que se acusa a Maduro y a otros funcionarios del régimen venezolano de colaborar con los cárteles de la droga y el ejército para traficar miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Tanto Maduro como Flores también están acusados de ordenar secuestros, agresiones y asesinatos de quienes adeudaban dinero de la droga o saboteaban su empresa de tráfico. La acusación sostiene que Maduro también ordenó el asesinato de un jefe de la droga en Caracas.

Maduro y Flores se enfrentan a cadena perpetua si son declarados culpables.

Con información de Associated Press