El 27 de octubre, una jueza federal impidió temporalmente que la Administración Trump aplicara una norma que reduciría el plazo de que disponen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus legal.
La norma, promulgada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) el 14 de octubre, acortaba el plazo de notificación para la revocación del estatuto de refugiado de 30 a 10 días. La agencia afirmó que el cambio tiene como objetivo restablecer la integridad del sistema de inmigración, mitigar los riesgos para la seguridad nacional y prevenir el fraude.
La jueza federal de distrito Julia Kobick ordenó el martes a la Administración que suspendiera la aplicación de la norma hasta el 6 de noviembre.
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"Las personas a las que se hayan expedido dichas [notificaciones de intención de revocación] no estarán obligadas a responder a las [notificaciones]", afirmó Kobick en un fallo de dos páginas.
La jueza también prohibió a la Administración revocar el estatuto de refugiado por el hecho de que una persona no responda a una notificación de revocación dentro del plazo establecido.
La orden se produjo a raíz de una demanda presentada por grupos de defensa de los refugiados y cuatro refugiados procedentes de Afganistán, Etiopía, Colombia e Irak, quienes alegaban que la nueva norma impediría a los refugiados obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.
Los demandantes afirmaron que la resolución del juez proporcionaría una "protección fundamental" a los refugiados que huyeron de la persecución y se sometieron a un exhaustivo proceso de investigación de antecedentes para reconstruir sus vidas en Estados Unidos.
"Nadie debería enfrentarse a la amenaza de perder su estatus legal y ser devuelto a una situación de peligro sin una oportunidad significativa de defenderse", afirmaron en un comunicado emitido por la organización jurídica de tendencia liberal Democracy Forward, que representa a los demandantes.
El portavoz del USCIS, Zach Kahler, calificó la demanda de "intento frívolo" de interferir en los esfuerzos de la Administración Trump por hacer cumplir las leyes de inmigración del país.
La nueva norma podría afectar a unos 186,000 refugiados, según un aviso del DHS publicado en el Registro Federal el 14 de octubre. El DHS estimó que unos 113,000 refugiados tienen solicitudes de residencia permanente pendientes.
Los demandantes acusaron a la Administración de violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo al intentar someter a los refugiados a una nueva verificación masiva y suspender de forma generalizada su ajuste de estatus sin autorización del Congreso.
Según la demanda, la Administración emitió un memorándum en noviembre de 2025 en el que ordenaba a los funcionarios de inmigración que suspendieran todas las solicitudes pendientes de ajuste de estatus presentadas por refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, y que volvieran a someter a esos refugiados a un proceso de investigación de antecedentes.
El DHS afirmó en su notificación que la ampliación a 30 días del plazo de preaviso para la revocación del estatuto de refugiado había permitido a los inmigrantes no elegibles disponer de más tiempo para conservar prestaciones de inmigración a las que no tenían derecho, lo que socavaba la integridad del sistema de inmigración de EE. UU. y los intereses nacionales.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, declaró el 24 de agosto que el sistema de asilo tenía por objeto proporcionar un refugio seguro a las personas que huían de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, pero que se había visto desbordado por lo que él calificó de "solicitudes de asilo falsas".
"El sistema lleva mucho tiempo desbordado por solicitudes de asilo frívolas, lo que significa que se tarda años en resolver si los solicitantes tienen realmente derecho al asilo; durante ese tiempo, suelen trabajar, tener hijos y, en general, echar raíces en nuestro país", afirmó en una publicación en X.
Con información de Reuters.
