El viernes, un juez federal autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a poner fin al estatus de protección temporal (TPS) de casi 4000 personas de Birmania, también conocida como Myanmar, lo que pone fin a su protección contra la deportación y a su autorización para trabajar en Estados Unidos.
El juez federal de distrito Matthew Kennelly, del Distrito Norte de Illinois, aprobó la medida después de que la Corte Suprema fallara en junio en el caso Mullin v. Doe, en el que se sostuvo que la ley del TPS, en general, impide que las cortes revisen impugnaciones no constitucionales a las decisiones del DHS de poner fin a las designaciones de TPS.
La designación de TPS para Birmania, otorgada por primera vez en 2021 tras un golpe militar y posteriormente extendida, tenía previsto expirar originalmente en enero. Las órdenes judiciales mantuvieron las protecciones, mientras que una demanda colectiva impugnaba la terminación.
Esas protecciones ya no están vigentes, y los documentos de autorización de empleo emitidos bajo la categoría del TPS para Birmania ya no son válidos.
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La demanda sostenía que la notificación de terminación de noviembre de 2025 no tomó en cuenta las condiciones sobre el terreno en el país, tal como lo exige la ley, y que era solo un aspecto de una campaña generalizada para poner fin a las designaciones del TPS.
"Estoy devastada por el fallo de la corte y aterrorizada por lo que sucederá si me obligan a regresar a Birmania", declaró una de las demandantes en un comunicado difundido por el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (International Refugee Assistance Project), que representa al grupo de refugiados afectados junto con el Fondo Asiático-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Asian American Legal Defense and Education Fund) y el bufete de abogados de June J. Htun.
Muchas de las personas afectadas por el cambio de normativa vivieron y trabajaron en Estados Unidos desde que huyeron de Birmania tras el golpe de Estado de 2021. Algunas criaron a hijos con ciudadanía estadounidense mientras el conflicto armado continuaba en su país de origen.
A raíz del fallo de la Corte Suprema, los demandantes presentaron argumentos novedosos, entre ellos cuestionamientos sobre la autoridad del secretario y denuncias de discriminación. Kennelly permitió que el caso siguiera adelante en lo relativo a la denuncia de discriminación, al tiempo que autorizó que la terminación entrara en vigor.
En un caso aparte el viernes, la jueza federal de distrito Patti B. Saris, de Massachusetts, dictaminó que el DHS puede eliminar el TPS para las personas de Sudán del Sur.
"La Corte Suprema rechazó impugnaciones sustancialmente idénticas… y a los demandantes no les quedan intereses de libertad o propiedad más allá de los que les otorgan la ley o los reglamentos en función de sus circunstancias individuales a través de otras disposiciones legales", escribió Saris en la orden, y agregó que sus "nuevas alegaciones propuestas serían inútiles".
Cuando la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación del TPS para Birmania en noviembre de 2025 —cuya entrada en vigor estaba prevista inicialmente para el 26 de enero de 2026—, subrayó que las condiciones en el país habían mejorado.
"Esta decisión restablece el TPS a su estatus original de temporal", dijo Noem.
"La situación en Birmania ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro que los ciudadanos birmanos regresen a su país, por lo que estamos dando por terminado el Estatus de Protección Temporal.
Birmania ha logrado avances notables en materia de gobernanza y estabilidad, incluyendo el fin del estado de emergencia, planes para celebrar elecciones libres y justas, acuerdos exitosos de alto el fuego y una mejor gobernanza local que contribuye a una mejor prestación de servicios públicos y a la reconciliación nacional".
