Fiscal general advierte a senadora demócrata que no persiga a los asociados de Trump

(Izq. a Der.) John Sauer, nominado para procurador general de EE. UU.; Aaron Reitz, nominado para  subprocurador general de la Oficina de Política Legal del DOJ y Harmeet Dhillon, nominada para subprocuradora general de derechos civiles, juran antes de testificar ante el Comité Judicial del Senado en Washington el 26 de febrero de 2025. (Chip Somodevilla/Getty Images)
(Izq. a Der.) John Sauer, nominado para procurador general de EE. UU.; Aaron Reitz, nominado para subprocurador general de la Oficina de Política Legal del DOJ y Harmeet Dhillon, nominada para subprocuradora general de derechos civiles, juran antes de testificar ante el Comité Judicial del Senado en Washington el 26 de febrero de 2025. (Chip Somodevilla/Getty Images)
Tom Gantert
15 de noviembre de 2026, 5:54 p. m.

El fiscal federal de Estados Unidos, Aaron Reitz, en una carta del 15 de noviembre exigió a la senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts) conservar los registros relacionados con lo que describió como esfuerzos para perseguir a personas y empresas por sus vínculos con el presidente Donald Trump.

Este domingo el fiscal Reitz publicó en X una copia de la carta que le envió a la senadora Warren.

Reitz cita en la carta la advertencia de Warren, en el programa "Face The Nation" de la CBS, de que los ejecutivos corporativos deberían prepararse para las investigaciones del Congreso, en una carta que ella y otros demócratas enviaron a Meredith O'Rourke, recaudadora de fondos de Donald Trump, y una investigación aparte sobre los subsidios fiscales a las principales empresas tecnológicas.

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El fiscal advirtió que las investigaciones del Congreso deben tener un propósito legislativo legítimo y que perseguir a personas por asociarse con Trump podría violar sus derechos constitucionales. Citó dos leyes federales de derechos civiles y penales.

"En resumen, parece ansiosa por blandir su futuro mazo como un hacha, buscando las cabelleras de los socios privados del presidente Trump", escribió Reitz. "Pero recuerde, cualquier investigación que usted y sus colegas demócratas del Senado inicien desde la mayoría debe tener un propósito legislativo legítimo".

La oficina de la senadora Warren no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

En su carta, Reitz dijo que "El pueblo estadounidense tiene derecho a asociarse libremente sin que sus funcionarios electos lo aterroricen con acciones gubernamentales agresivas y acosadoras. Sus declaraciones incendiarias dirigidas a ciudadanos y entidades estadounidenses por asociarse con el presidente Trump podrían contravenir este derecho constitucional".

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El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, respondió el domingo en X citando dos estatutos federales de derechos civiles penales, 18 USC §§ 241 y 242. No dio más detalles.

El artículo 241 tipifica como delito que dos o más personas conspiren para interferir en el ejercicio de un derecho protegido por la Constitución o la ley federal.

El artículo 242 tipifica como delito que alguien que actúe bajo autoridad gubernamental real o aparente prive deliberadamente a una persona de un derecho protegido por la ley federal.

Los demócratas, mientras se preparan para tomar el control del Congreso en enero, han esbozado planes para investigar las políticas de inmigración de la administración Trump, los negocios familiares del presidente y si los donantes al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca recibieron favores.

El presidente Trump ha ordenado al Departamento de Justicia examinar lo que él denomina como extorsión por parte de los demócratas.

El representante Robert Garcia (D- California), quien está en la línea para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo el 8 de noviembre en CNN que el comité investigaría el papel de Miller en las políticas migratorias del gobierno. Garcia señaló la separación de familias, las ganancias obtenidas por los contratistas de centros de detención y lo que describió como violaciones del debido proceso. En una declaración posterior al nombramiento de Miller, Garcia dijo que Miller "debería contratar a un abogado".

García también identificó a Donald Trump Jr. y al enviado especial de Estados Unidos para las misiones de paz, Jared Kushner, yerno del presidente, como posibles sujetos de investigación.

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Indicó que varios comités estaban interesados ​​en escuchar a Elon Musk sobre los despidos federales vinculados a las revisiones de gastos del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que Musk dirigió anteriormente.

El representante Jamie Raskin (D- Maryland), principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que los demócratas tendrían que priorizar sus investigaciones. Señaló las exenciones arancelarias que, según él, Trump concedió a quienes solicitaban alivio fiscal. Los demócratas del comité iniciaron una investigación sobre dichas exenciones antes de las elecciones.

Warren, quien se espera que presida el Comité Bancario del Senado, dijo el 8 de noviembre en CBS que los demócratas impulsarían legislación paralelamente a las investigaciones. Alegó que la administración retiró las acciones legales contra las empresas que donaron al proyecto del salón de baile.

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El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (D-Nueva York), quien se espera que se convierta en el líder de la mayoría, dijo que los demócratas deberían investigar las acusaciones de corrupción más graves sin perder de vista el costo de vida.

El fiscal general Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia defendería a Miller y que representaría al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en caso de que fuera sometido a juicio político.

El nuevo Congreso se reunirá el próximo 3 de enero.

Con información de Chase Smith

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