El FBI afirmó que ha “corroborado” irregularidades en el recuento de votos tras las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, según la declaración jurada de una orden de registro de un funcionario del FBI que una corte hizo pública el 10 de febrero.
El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo afirmando que las irregularidades electorales en el estado contribuyeron a su derrota en Georgia en las elecciones presidenciales de 2020. El mes pasado, al hablar de las elecciones de 2020, Trump dijo que “pronto se procesará a las personas por lo que hicieron”, pero no dio más detalles.
La declaración jurada del FBI adjunta a la solicitud de orden de registro proporciona la primera justificación pública de la búsqueda realizada por el FBI el 28 de enero en el centro electoral del condado de Fulton en Fairburn, Georgia, a las afueras de Atlanta. El FBI se llevó aproximadamente 700 cajas de material relacionado con las elecciones como parte de su investigación.
El FBI presentó la declaración jurada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia después de que el juez de distrito J.P. Boulee ordenara al gobierno federal presentar ante la corte el material relacionado con la orden judicial antes del 10 de febrero.
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Boulee dictó la orden en respuesta a una moción presentada por Robb Pitts, presidente de la junta de comisionados del condado de Fulton, que solicitaba la devolución del material electoral incautado.
La declaración jurada presentada por el agente especial del FBI Hugh Raymond Evans proporciona un inventario de los artículos que, según él, estaban relacionados con las violaciones de los artículos 20701 y 20511 del título 52 del Código de Estados Unidos que tuvieron lugar después del 12 de octubre de 2020. El día de las elecciones de ese año fue el 3 de noviembre.
La sección 20511 establece que cualquier persona que "a sabiendas y de forma deliberada prive, defraude o intente privar o defraudar a los residentes de un estado de un proceso electoral justo e imparcial" mediante la emisión o el recuento de "boletas que la persona sabe que son materialmente falsas, ficticias o fraudulentas según las leyes del estado en el que se celebran las elecciones", podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta cinco años.
La sección 20701 exige a los funcionarios electorales que conserven los registros electorales federales. El incumplimiento de esta disposición constituye un delito menor.
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Evans dijo en su declaración jurada que el FBI quería incautar todas las boletas físicas de las elecciones en el condado, todas las cintas de tabulación de todas las máquinas de votación, todas las imágenes de las boletas creadas a partir del escaneo de las mismas y todos los censos electorales.
Evans dijo que después de las elecciones hubo muchas denuncias de irregularidades electorales en el condado.
“Algunas de esas denuncias han sido desmentidas, mientras que otras han sido corroboradas, incluso mediante admisiones del condado de Fulton”, dijo. “Esta solicitud de orden judicial forma parte de una investigación criminal del FBI para determinar si alguna de las irregularidades fue un acto intencionado que violó las leyes penales federales”.
Evans dijo que el condado ha admitido que no posee imágenes escaneadas de las 528,777 boletas contadas durante el recuento original, ni de las 527,925 boletas contadas durante el recuento.
El condado confirmó que, durante el recuento, algunas boletas se escanearon varias veces y que, durante una auditoría, los recuentos de los lotes no coincidían con los votos reales de los mismos, afirmó.
Evans dijo que, el día de la fecha límite para comunicar los resultados del recuento, el condado informó de un total de 511, 343 boletas recontadas, lo que supone 17,434 boletas menos que las contadas originalmente. Al día siguiente, el condado informó de que se habían contado un total de 527,925 boletas, añadió.
Si las deficiencias alegadas en la declaración jurada “fueron el resultado de una acción intencionada”, los registros electorales identificados en la declaración jurada son prueba de violaciones de las secciones 20511 y 20701, dijo.
“La incautación de los registros electorales corroboraría el análisis que evidencia que los registros electorales fueron destruidos y/o que el recuento de votos incluyó votos materialmente falsos, ya sea mediante el escaneo duplicado de votos específicos, la interposición de votos intactos u otros métodos descritos anteriormente”, dijo Evans.
En la declaración jurada del 28 de enero, Evans solicitó a la corte que sellara la declaración jurada y la orden judicial por el momento "porque su divulgación prematura podría poner en grave peligro la investigación, entre otras cosas, al dar a los investigados la oportunidad de destruir o manipular pruebas, cambiar sus patrones de comportamiento, notificar a sus cómplices y huir de la justicia".
En diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el condado de Fulton, solicitando los registros de votación de las elecciones de 2020.
El caso presentado por la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, en el que se alegaba que Trump y otras 18 personas participaron en un plan ilegal para anular los resultados de las elecciones de 2020, fue desestimado por un tribunal de Georgia en noviembre de 2025.
La oficina local del FBI en Atlanta se negó a hacer comentarios cuando fue contactada por The Epoch Times.
The Epoch Times también se puso en contacto con Pitts para recabar sus comentarios. No se recibió ninguna respuesta antes de la publicación.
