El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este 10 de noviembre cargos federales contra Roberto Gomez, un presunto integrante de la pandilla 38th Street que vive prófugo en México y a quien las autoridades acusan de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización de narcotráfico del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding.
Según una acusación formal federal de 6 cargos, Gomez, de 51 años, también conocido como "Rob Flores", "Fat Boy", "Fats", "Rooster", ayudó a Wedding a dirigir una operación de narcotráfico valuada en miles de millones de dólares y obtuvo información confidencial de las fuerzas del orden para facilitar que evadiera a las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con el DOJ, mientras vivía en México, Gomez se reunió y mantuvo comunicación con líderes de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. También estableció relaciones con personas que tenían acceso a información confidencial de agencias policiales mexicanas y estadounidenses.
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Las autoridades sostienen que Gomez consiguió información sobre operaciones policiales, incluidos arrestos, decomisos de drogas, ejecución de órdenes de cateo y presentación de cargos penales. Posteriormente, compartió esos datos con sus cómplices, entre ellos Wedding, quien pasó de competir en snowboard en los Juegos Olímpicos a participar en actividades de narcotráfico.
El DOJ también señala que Wedding enfrenta cargos por ordenar varios asesinatos.
Según la acusación, entre 2016 y 2026, Gomez trabajó como proveedor intermediario de narcóticos para varias organizaciones criminales transnacionales, incluida la de Wedding.
Su principal método de operación consistía en transportar cocaína, metanfetamina y fentanilo a México mediante aeronaves y embarcaciones marítimas que atravesaban Centroamérica. Después, trasladaba los cargamentos por tierra hacia Estados Unidos y Canadá.
Entre octubre de 2024 y enero de 2026, Gomez también ayudó a Wedding a obstaculizar e impedir su detención, juicio y castigo en Estados Unidos.
En ese periodo, intentó negociar la venta de aproximadamente 1000 libras (453.6 kilogramos) de metanfetamina entre un proveedor y Wedding, a quien Estados Unidos clasificó como narcotraficante especialmente designado. La operación contemplaba un pago de aproximadamente 550,000 dólares en criptomonedas.
Por estos hechos, Gomez enfrenta 1 cargo de conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, 1 cargo de conspiración para importar sustancias controladas, 3 cargos de encubrimiento posterior a un delito y 1 cargo por intentar realizar transacciones y negocios con un narcotraficante especialmente designado.
Gomez es ciudadano estadounidense y huyó del condado de Los Ángeles hacia México después de que las autoridades lo acusaran en 2000 de 2 cargos de robo en segundo grado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.
En enero de 2018, un gran jurado federal de Los Ángeles también lo acusó formalmente de narcotráfico y lavado de dinero. Las autoridades lo consideran prófugo en ambos casos penales.
Si un tribunal declara culpable a Gomez de todos los cargos, enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y una pena máxima legal de cadena perpetua.
En un caso relacionado, los fiscales federales desclasificaron este 10 de noviembre una acusación formal de 2 cargos contra Edgar Aaron Vazquez Alvarado, de 42 años, conocido como "El General" y "Mini", quien murió la semana pasada por disparos de la policía mexicana.
Según el DOJ, Vazquez se presentaba como fundador y jefe del Cártel Nuevo Imperio, una organización criminal violenta que operaba principalmente en la Ciudad de México.
La acusación sostiene que traficaba cocaína para la organización de Wedding y proporcionaba a sus integrantes palabras clave rotativas, casi a diario, para facilitar el traslado de cargamentos de cocaína en México.
Los miembros y colaboradores encargados de transportar las drogas comunicaban esas claves a policías y militares mexicanos en los puntos de revisión, lo que les permitía atravesarlos sin problemas.
Además, Vazquez presuntamente pagaba a funcionarios públicos mexicanos para retrasar investigaciones penales, eliminar o manipular pruebas incriminatorias y retirar cargos penales contra integrantes y colaboradores de la organización de Wedding.
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