El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 18 de septiembre la presentación de cargos contra 16 personas en siete estados, por diversos delitos relacionados con las elecciones.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, estas personas están siendo acusadas de "votación ilegal por parte de no ciudadanos en elecciones federales, declaraciones falsas de ciudadanía para registrarse o votar, y delitos conexos, como fraude electrónico, fraude de naturalización, fraude de pasaportes y compras ilegales de armas de fuego".
Ocho personas, todas inmigrantes, fueron acusadas en Texas. Entre ellas se encuentran siete residentes permanentes legales y un inmigrante ilegal.
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El inmigrante ilegal, Moises Anwar Arellano-Alba, de 36 años y originario de México, enfrenta dos cargos: uno por presuntamente hacer una declaración falsa sobre su ciudadanía para registrarse como votante y otro por votar siendo extranjero en una elección federal.
Según el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 611, es ilegal que un inmigrante vote en cualquier elección federal o mixta para seleccionar candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, senador, representante en la Cámara de Representantes, elector presidencial, comisionado residente o delegado del Distrito de Columbia. El Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1015, tipifica como delito hacer declaraciones falsas a sabiendas sobre la ciudadanía al registrarse para votar o al emitir votos.
Los demás acusados son tres mexicanos, dos nigerianos y una persona de la República Democrática del Congo y otra de la India.
En Idaho, Ávila Gómez, inmigrante ilegal de México, presuntamente afirmó ser ciudadano estadounidense y votó en las elecciones de mayo de 2022 y noviembre de 2024, según el Departamento de Justicia. Además, Gómez está acusado de obtener tarjetas de identificación de Idaho mediante fraude. El Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1028, tipifica como delito la presentación fraudulenta de un documento de identificación sin autorización legal.
En Georgia, tres personas han sido acusadas: un inmigrante ilegal y dos sospechosos de ser inmigrantes ilegales.
Según el Departamento de Justicia, la inmigrante ilegal Analiea Milliscent Eccles, de 44 años y originaria de Venezuela, habría votado nueve veces entre 2008 y 2024.
En Massachusetts, un residente permanente legal de nacionalidad nigeriana fue detenido y posteriormente acusado de votar ilegalmente en las elecciones de 2022 y de presuntamente emitir votos en las elecciones generales de 2024.
En Wisconsin, un ciudadano colombiano con residencia permanente legal está siendo acusado de hacerse pasar falsamente por ciudadano estadounidense al registrarse para votar en las elecciones federales de noviembre de 2022. En Nueva Jersey y Michigan, una persona ha sido acusada de delitos relacionados con las elecciones.
The Epoch Times no pudo contactar con los representantes legales de Arellano-Alba, Gómez y Eccles.
En agosto, la Oficina del Censo publicó un informe que analizaba el voto de los no ciudadanos en las elecciones generales de noviembre de 2020.
De los casi 160 millones de votantes que emitieron su voto en las elecciones, la oficina "determinó con alta certeza que más de 128 millones de estos registros de votantes correspondían a ciudadanos, y que más de 24,000 de estos registros de votantes correspondían a no ciudadanos en el momento de las elecciones", según el informe.
Mientras tanto, la iniciativa del gobierno de Trump para regular aún más el voto por correo se enfrenta a desafíos.
En marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mejorar la integridad de las elecciones en lo que respecta al correo postal estadounidense. La orden exigía el uso de identificadores seguros para los sobres de las boletas y otras medidas de verificación de la elegibilidad de los votantes. El Servicio Postal de Estados Unidos emitió una normativa el mes pasado para implementar dicha orden ejecutiva.
El 4 de septiembre, un juez de distrito estadounidense emitió una orden judicial preliminar que impedía al Servicio Postal implementar regulaciones que endurecían el voto por correo. La orden se aplicaba a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre y a cualquier otra elección federal anterior a esa fecha.
Posteriormente, la administración Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para suspender la orden judicial. El 14 de septiembre, la Corte Suprema se negó a levantar la orden judicial a nivel nacional, argumentando que era improbable que el gobierno tuviera éxito en su impugnación. Trump criticó la decisión en una publicación del 15 de septiembre en Truth Social.
"Los republicanos acaban de recibir otra mala decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, una que el sistema judicial tardó una eternidad en emitir, y luego la atribuyeron, en parte, a la falta de tiempo para implementar una solución a nuestro desastre totalmente CORRUPTO y fuera de control del voto por correo, que es el hazmerreír del mundo entero", escribió.
