El secretario de Estado, Marco Rubio, intensificó la presión sobre la Corte Penal Internacional (CPI), al señalar que Estados Unidos podría adoptar una postura más firme contra este organismo judicial.
"La CPI es una corte que sigue sosteniendo —o, al menos, algunos de sus sectores sostienen— que tiene jurisdicción sobre individuos de países que no son parte de dicho tratado", afirmó Rubio el 9 de noviembre ante la prensa en París.
"Hemos intentado durante un año y medio lograr que se reformen por las buenas, pero no han mostrado disposición para hacerlo; por tanto, tendremos que probar un enfoque diferente".
Con sede en La Haya (Países Bajos), la CPI fue establecida mediante el Estatuto de Roma, un tratado internacional que otorga a la corte jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión, genocidio y crímenes de guerra; actualmente, cuenta con 125 Estados miembros.
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En 2024, la CPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, bajo la acusación de haber cometido crímenes de guerra en Gaza entre el 8 de octubre de 2023 y mayo de 2024.
Dichos presuntos crímenes de guerra tuvieron lugar en el marco de la respuesta de Israel a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, los cuales dejaron un saldo de más de 1200 ciudadanos israelíes y extranjeros fallecidos, además de más de 5500 heridos.
La CPI también realizó esfuerzos para investigar o procesar a militares y agentes de inteligencia estadounidenses por acciones llevadas a cabo en Afganistán y en otras operaciones. Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma ni miembros de la CPI.
El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en febrero del año pasado en la que aclaraba que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni sobre Israel.
La administración Trump impuso sanciones a varios funcionarios de la CPI en 2025 debido a las órdenes de detención contra líderes israelíes.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, envió una carta al presidente de la CPI en julio, afirmando que el Departamento de Justicia rechaza cualquier pretensión de jurisdicción por parte de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses.
Sanciones a la CPI y respuesta
En julio, Rubio afirmó que la administración buscaría desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI) mediante diversas medidas, entre ellas sanciones, la revocación de visados y la presión diplomática sobre los Estados miembros de la CPI para que abandonen el organismo."Lean las palabras de nuestra Declaración de Independencia. Luchamos en una revolución contra una potencia extranjera que nos trasladaba más allá de los mares para ser juzgados por supuestos delitos. La independencia es nuestro derecho de nacimiento. Nunca permitiremos que burócratas extranjeros nos arrebaten eso", declaró Rubio.
El 9 de octubre, el Departamento de Estado impuso nuevas sanciones contra la CPI, en virtud de las cuales todos los bienes e intereses financieros de la Corte que se encuentren en Estados Unidos, o bajo el control de personas estadounidenses, quedan congelados.
Se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con la CPI sin autorización. Dichas transacciones incluyen el suministro de servicios, bienes o fondos a la Corte.
En un comunicado emitido el 9 de octubre, la CPI rechazó las sanciones, argumentando que estas medidas pretenden obstaculizar sus operaciones e intimidar a quienes deciden trabajar o colaborar con la corte.
"Es un intento de obstruir el curso de la justicia y de impedir que la Corte cumpla con el propósito para el que fue creada. Se trata de un ataque al estado de derecho y a los cimientos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley", señaló la CPI.
El fiscal y los jueces de la CPI ejercen un poder enorme y sin supervisión, mientras que las salvaguardias previstas en el Estatuto de Roma fallaron o fueron ignoradas, señaló Jeff Bartos, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas para la Gestión y la Reforma, en una declaración del 2 de noviembre.
Bartos acusó a la CPI de tomar decisiones politizadas y advirtió que las acciones de la corte sientan un precedente peligroso que amenaza la soberanía de los Estados.
Bartos señaló que ni la CPI ni sus Estados miembros han tomado medidas significativas para abordar las diversas preocupaciones planteadas por Estados Unidos.
"Creemos que podemos infligir un daño tremendo a la CPI, a menos que reconozcan el error de su proceder", dijo Rubio en París.
