Un joven ciudadano chino se declaró culpable este lunes de intentar exportar ilegalmente a China equipo tecnológico y militar de Estados Unidos a través de México.
Dingwei Chen, un ciudadano chino de 29 años, se declaró culpable de violar la Ley de Control de Exportaciones de Armas de EE. UU. ante una corte federal en Salt Lake City, Utah, por intentar adquirir y trasladar tecnologías militares estadounidenses sensibles hacia China, informó el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) a través un comunicado del 10 de agosto.
"Chen intentó desviar tecnologías militares estadounidenses sensibles a la República Popular China, tecnologías que la RPC podría haber utilizado en nuestra contra en el futuro", declaró John A. Eisenberg, el Fiscal General Adjunto para la Seguridad Nacional.
El juez federal de la Corte de Distrito de Estados Unidos para Utah, David Sam, aceptó el mismo día la declaración de culpabilidad de Chen y estableció la fecha de su sentencia para el 19 de octubre. Se prevé que el ciudadano chino enfrente una pena máxima de 20 años de prisión.
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De acuerdo a documentos judiciales, Chen intentó adquirir módems y radios satelitales de grado militar fabricados para el ejército estadounidense por empresas estadounidenses a través del mercado negro con la participación de traficantes de armas extranjeros.
Chen y sus cómplices exploraron diversos métodos para lograr exportar ilegalmente esta tecnología militar estadounidense a China.
"Inicialmente, Chen y sus cómplices intentaron hacer transbordo de la mercancía a través de Suiza, luego hablaron de recogerla en Saipán. Finalmente, decidieron introducirla de contrabando a través de México", indicó el DOJ.
El DOJ explicó que la tecnología de comunicaciones que el ciudadano chino intentó comprar no puede exportarse legalmente desde Estados Unidos sin una licencia expedida por la Dirección de Controles de Comercio de Defensa del Departamento de Estado, que de hecho, no suele emitir licencias para exportar bienes y servicios militares a China.
"La declaración de culpabilidad de hoy subraya las graves consecuencias para quienes intentan adquirir, exportar o transferir ilegalmente equipo o tecnología militar sensible de origen estadounidense, en violación de las leyes de control de exportaciones de nuestra nación", dijo Spiros Karabinas, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Nueva Jersey.
Esta fotografía, tomada el 27 de junio de 2024, muestra una vista general del Cementerio de Veteranos de la CNMI en Saipán, en las Islas Marianas del Norte. (YUICHI YAMAZAKI/AFP vía Getty Images)El 6 de octubre de 2025, Chen fue arrestado en Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, luego de que la entonces jueza magistrada Cecilia M. Romero de la Corte de Distrito de Utah firmara una orden de arresto en su contra.
Según una declaración jurada presentada por un agente especial del HSI, una empresa con sede en China, donde el co-conspirador de Chen trabajaba como gerente general, firmó dos contratos con una filial estadounidense de una empresa suiza para comprar 10 módems fabricados por las empresas estadounidenses L3Harris, Viasat y Comtech.
Según la declaración jurada, HSI tuvo conocimiento de la adquisición de este material por parte de la empresa china en marzo de 2025. En abril de 2025, la empresa china envió a su filial estadounidense un pago inicial de más de 42,000 dólares.
Luego de realizar ese pago inicial Chen y sus cómplices optaron por usar las criptomonedas, indicando que "las carteras frías son esencialmente cuentas bancarias anónimas. Cada transacción procesada a través de ellas es privada e imposible de rastrear".
Posteriormente, pagaron aproximadamente 30,000 dólares en USDT, un tipo de criptomoneda también conocida como Tether, cuyos pagos iniciales correspondían a la compra de los 10 módems.
Para comunicarse Chen y sus cómplices usaban una aplicación cifrada para evitar ser detectados. A través de esa aplicación, Chen afirmó que se trataba simplemente de un acuerdo inicial y que disponía de fondos suficientes para adquirir más equipo militar por valor de decenas de millones de dólares.
En mayo de 2025, la filial estadounidense escribió a la empresa china informándole que "no tenía permiso para exportar estos artículos", según la declaración jurada. En respuesta, la empresa china recomendó que los productos se enviaran primero a Suiza antes de entregarlos a China.
En correos electrónicos posteriores, enviados en junio de 2025, la empresa china indicó que se enviaran los productos a Saipán, escribiendo en uno de ellos: "Organizaré que el personal recoja la mercancía en Saipán".
Fue el 3 de julio de 2025, que la filial estadounidense puso en contacto a la empresa china con un agente encubierto de HSI con sede en Utah que se hacía pasar por empleado suyo. El agente comenzó a comunicarse con Chen a través de una aplicación encriptada, donde Chen se identificó como el "comprador" de los 10 módems.
Posteriormente, el agente encubierto insistió en reunirse con Chen y su cómplice en Saipán para concretar el trato. Chen expresó su preocupación, afirmando que Saipán "no era un lugar seguro para reunirse" porque forma parte de Estados Unidos, y sugirió Singapur como una alternativa "mucho más segura".
Chen también rechazó reunirse en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos, países que conforman la alianza de inteligencia y seguridad llamada los Five Eyes, luego de que indicara que el agente encubierto podría entregar la información a "intermediarios" en Estados Unidos.
"Chen también hizo varias propuestas sobre cómo introducir de contrabando la mercancía en China, incluso indicando que tenía experiencia previa en el tráfico de mercancías desde Estados Unidos", reza la declaración jurada. Una de esas propuestas consistía en introducir de contrabando los módems en México a través de Texas.
El caso del robo de tecnología de propiedad estadounidense de grado militar por parte de ciudadanos chinos no ha sido la única preocupación del gobierno de Estados Unidos en el último año. En los últimos meses EE. UU. se ha enfocado en detener y procesar a ciudadanos chinos que intentan robar propiedad intelectual estadounidense y efectúan esquemas de fraudes contra ciudadanos estadounidenses mediante el uso de la tecnología.
El 21 de julio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EE. UU. podría sancionar a desarrolladores chinos de inteligencia artificial por presuntamente extraer funcionalidades de modelos estadounidenses, alegando que las autoridades habían encontrado "marcas de agua" de modelos estadounidenses en muchos sistemas chinos.
"Si vemos, sobre todo, que los modelos extranjeros están robando a nuestras grandes empresas, tenemos la facultad de sancionarlos por este robo", declaró Bessent durante una entrevista el 21 de julio en Fox Business.
Con información de Frank Fang y de Arthur Zhang.
